Una "cosa valiosa o apreciable que se adquiere a muy bajo precio o con poco esfuerzo" es un chollo, un sinónimo de "ganga" que deja claro que "valor" no es lo mismo que "precio" y que, vistos los datos, parece aplicable al proceso de privatización de las empresas estatales desarrollado entre 1984 y 2014 por los gobiernos de Felipe González (PSOE), José María Aznar (PP), José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) y Mariano Rajoy (PP): las cinco grandes compañías privatizadas, Telefónica, Endesa, Repsol, Enagás y Red Eléctrica, han rentado solo en la última década más de lo que valieron a la hora de venderlas.

Los 59.700 millones de euros en beneficios que sus accionistas se han repartido en forma de dividendos por las ganancias del periodo 2011-2020, que en su conjunto alcanzan los 63.594, superan con holgura los 45.000 que llegaron a las arcas públicas por todo el proceso de privatizaciones a lo largo de tres décadas.

De hecho, las ganancias limpias que se han repartido también rebasan esa cifra, en este caso en más de un 6%, ya que a lo largo de esa segunda década del siglo la recaudación en impuestos derivados de esos dividendos, gravados con un 21% hasta 2014 para rebajarlos al 19% a partir de 2015, asciende a 11.939 millones de euros, lo que sitúa el beneficio neto de los accionistas en 47.760 millones.

No obstante, parte de ese dinero, unos 940 millones, ha ido a parar a las arcas públicas al mantener la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) posiciones en algunas de esa empresas, caso del 20% en Red Eléctrica y el 5% en Enagás, las dos compañías que controlan el grueso de la distribución de energía en el país.

Repsol lleva repartiendo dividendo desde 1995 de manera ininterrumpida, según los datos de la propia compañía, a pesar de haberse anotado resultados negativos en los dos últimos años y en 2015 por valor de 8.332 millones frente a unos beneficios de 13.106 en el resto de la serie.

Los casi 10.000 millones de la empresa semipública italiana que controla Endesa

El proceso de privatizaciones ha tenido como principales beneficiarios a algunos de los grupos empresariales y fondos de inversión extranjeros que han ido entrando en el accionariado de esas compañías, entre los que destaca el italiano Enel, principal accionista de Endesa con un 92% de las acciones desde su llegada en 2009 y con un 70% a partir de noviembre de 2014.

Enel, participada a su vez con un 30% por el Estado Italiano, se llevó 5.743 millones de euros en dividendos ya en la primavera de 2009, a las pocas semanas de hacerse con el control total de la compañía eléctrica tras un tormentoso proceso.

Después, la política de altos dividendos de 2013 y 2014 (84,5% del beneficio neto) y la de reparto del total entre 2015 y 2019 antes de bajar ahora al 80% le hicieron acumular ingresos por un total de 9.906 millones (casi 8.000 netos tras liquidar los impuestos) con cargo a los resultados de la pasada década mientras el resto de los accionistas, entre los que solo el fondo Fidelity tiene una participación relevante con un 1%, se repartía 2.422.

Enel/Endesa ha decidido reducir el dividendo al 80% este año, antes de bajarlo al 70% de los beneficios netos a partir del próximo, para liberar fondos (279 millones con cargo a 2020) con los que financiar su transición energética y sus inversiones en plantas de generación de energía renovable, un proceso que pretende compatibilizar con la compra a Marruecos de la central térmica de gas de Tahaddart, una de las que, junto con la de carbón de Sufi, producen el grueso de la energía que desde hace unos años está importando España.

Los 16.498 millones de beneficios netos que se anotó Endesa en el periodo 2011-2020 superan con holgura los 14.599 que ingresó el Estado con su privatización entre 1997 y 2007.

El fondo Black Rock se posiciona en las empresas privatizadas

El fondo de inversión estadounidense Black Rock es otra de las empresas extranjeras que están haciendo rentables inversiones en las empresas privatizadas en España, cuyos resultados del año pasado en cuatro de ellas le van a proporcionar unos ingresos de 140 millones de euros.

Black Rock participa en Telefónica, en cuyo accionariado entró en 2010 y en el que posee un 4,983% que es el que este año le va a generar algo más de la mitad de esas ganancias (74,3 millones); en Repsol, a la que llegó hace menos de dos años y en la que controla un 4,5%; en Red Eléctrica, donde desde 2010 tiene en torno al 3% (3,147 hoy); y en Enagás, a la que llegó en 2017 y en la que ha alcanzado un 3,383%.

Esas posiciones le han generado unas ganancias de 2.174 millones de euros brutos (más de 1.700 netos) vía dividendo desde su desembarco hace poco más de una década. El grueso de esos rendimientos proceden de Telefónica (1.189) y de Repsol (769), con aportaciones de menor entidad de la distribuidora de electricidad (110) y la de gas (53).

Otras entidades de origen extranjero con participaciones de referencia en las grandes empresas privatizadas son los bancos JP Morgan (6,8% en Repsol), Bank of America (3,6% en Enagás) y Credit Agricòle (3% en la gasista), mientras las principales posiciones locales las poseen BBVA y CaixaBank, con un 4,8% cada uno en Telefónica; Sacyr, con un 8,2% en Repsol, y Amancio Ortega, en propietario de Inditex y de Zara, con un 5% en Enagás.

El 67% de las acciones de Red Eléctrica están en manos de inversores institucionales extranjeros, según los datos de la propia compañía, que no reseñan como "significativo" el peso accionarial de ninguno de ellos.

Tres décadas de privatizaciones para vender 120 empresas estatales

En esos 30 años, y en dos fases (1984-1996 y 1996-2014), según los datos de la SEPI, que achaca el proceso a que "las empresas públicas de nuestro país se vieron obligadas a iniciar su adaptación a la normativa comunitaria sobre desregulación y defensa de la competencia" tras la entrada en la UE, "se han privatizado en España más de 120 compañías que tenían participación pública estatal. En términos económicos, estas operaciones han proporcionado unos ingresos aproximados de 45.000 millones de euros".

El grueso de esas privatizaciones, que "sirvieron para sufragar las pérdidas de otras compañías y autofinanciar el crecimiento de las propias empresas en parte privatizadas, así como reducir el déficit público y cumplir los criterios de convergencia europea", añade la SEPI, se realizaron mediante las llamadas OPV (Oferta Pública de Venta de acciones), las cuales, aparte de activar el llamado "capitalismo doméstico" iniciado con Las Matildes de Telefónica hace ya seis décadas y de animar el negocio bursátil y el de los fondos de inversión, generaron unos ingresos de 32.000 millones para las arcas públicas, una cifra que se queda ligeramente por debajo del beneficio neto registrado solo por Telefónica en la última década.

El resto de las ventas, en ambos casos con magras comisiones por los servicios de colocación de las participaciones, se realizaron mediante concursos y a través de procesos de selección de aspirantes entre lo que en la jerga financiera se denomina inversores institucionales, caso de los bancos y los grandes grupos empresariales.

Esas operaciones, añade la corporación estatal, "han propiciado la salida al mercado bursátil de grandes grupos empresariales españoles que surgieron y se consolidaron por la acción del Estado. Es el caso de Repsol, Endesa, Telefónica, Tabacalera (Altadis) o Iberia". No obstante, la bolsa y los mercados se convertirían más tarde en la vía de acceso para los fondos de inversión, que poco a poco van ampliando sus posiciones en las principales compañías privatizadas.

Sin embargo, los elevados resultados de varias de esas empresas tras su privatización, especialmente las cinco señaladas, ponen en duda que esas operaciones puedan considerarse exitosas, o un acierto, desde el punto de vista económico.

Las otras 'joyas de la corona' estatal

El largo proceso de privatización hizo pasar a lo largo de esas tres décadas de manos del Estado a las de inversores privados algunas de las empresas emblemáticas del país, caso de Iberia, de Tabacalera, de Gas Natural o de Seat, todas las cuales han acabado integradas en grupos industriales de carácter internacional, lo que dificulta, o más bien imposibilita, efectuar una estimación de sus rendimientos tras salir del ámbito público.

El listado de empresas privatizadas lo abrieron en 1985 algunas poco conocidas, y en algunos casos de ámbito local como Textil Tarazona, Ingenesa, Igfisa, Secoinsa, Pesquisa, SKF, Indugasa y PBA, aunque ya entonces el Estado vendió el 100% de sus participaciones en algunas de renombre como la de rodamientos Soler Almirall o Viajes Marsans.

Después llegaría la privatización del conglomerado bancario del Estado con la venta al BBV (Banco Bilbao-Vizcaya) de Argentaria, que incluía la Caja Postal y los bancos Exterior e Hipotecario y los de crédito Local, Agrícola e Industrial y que fue el penúltimo ensayo de banca pública en España hasta la intervención de Bankia y BMN para fusionarlas antes de su enajenación.

Completan la lista otras compañías como Pegaso (camiones), Enatcar (transporte de pasajeros), Aceralia (siderurgia), Transmediterránea (naviera), Aldeasa (‘duty free’), CASA (aeronáutica) o Enasa, la Empresa Nacional de Autopistas.

Además de en las distribuidoras de gas y de electricidad, el Estado mantiene, según datos de la SEPI participaciones en nueve empresas como Ebro Foods (alimentación, 10,36%), Hispasat (telecomunicaciones, 7,41), Indra (telecomunicaciones, 18,71%), Alestis (aerospacial, 24,05%), Airbus (aviación, 4,12%), Enresa (residuos, 20%) e IAG (líneas aéreas, 2,52%) y es el socio único de otras 15 entre las que se encuentran RTVE, Correos, Navantia, Tragsa, Mercasa, Hunosa, la agencia Efe o el Hipódromo de La Zarzuela.