El Gobierno quiere poner freno a la escalada del precio de la luz. Para ello, aprobará este martes en Consejo de Ministros un anteproyecto de ley que limite las repercusiones negativas que está teniendo el mercado de CO2 en la factura mensual de los consumidores. La iniciativa, que emana del Ministerio para la Transición Ecológica, busca poner freno a los denominados "beneficios caídos del cielo", los cuales permiten a las compañías eléctricas incluir en el recibo los costes de las emisiones de carbono a pesar de haber producido energía con fuentes nucleares o hidroeléctricas que no generan gases de efecto invernadero.

Fuentes del gabinete de la ministra Teresa Ribera reconocen a Público que el Gobierno "está preocupado" por el impacto negativo que el mercado de CO2 está teniendo en la factura de la luz de los consumidores. Sobre todo, en un momento de escalada de precios de carbono, el cual ha pasado de los 33 euros por tonelada emitida en enero a los más de 50 euros por tonelada en el mes de mayo. "Incluso cuando sólo el 9% de la electricidad en el mercado es de origen fósil, el sistema marginalista hace que ese sobrecoste –de la tecnología que marca el precio en cada momento– sea retribuido por igual a todas las tecnologías inframarginales no emisoras", explican desde el Ministerio para la Transición Ecológica.

La decisión llega en un momento que viene marcado por un incremento del precio de la factura de la luz del 43,8% respecto a 2020. Con un precio de 67 euros el megavatio por hora (MWh), mayo se cierra como el mes más caro desde septiembre de 2018, cuando el MWh se situó en 71 euros. A ello se suma el clima de incertidumbre propiciado por la entrada en vigor de la nueva factura de la luz, que impondrá la discriminación horaria de manera obligatoria a los más de 11 millones de usuarios que están sujetos a la tarifa regulada PVPC en España.

El proyecto de ley pretende poner freno de manera inmediata a esta subida de precios y dar cierta seguridad a los consumidores. Con los precios actuales por tonelada de CO2 emitida, situados en torno a los 50 euros, la implementación de este nuevo mecanismo tendría un impacto de entre 800 millones y 1.000 millones de euros en las arcas de las grandes eléctricas que disfrutan de estos "beneficios caídos del cielo", lo que supondría un ahorro en la factura de los consumidores de entre el 4% y el 5%.

Estas cifras de recorte de beneficios a las eléctricas contrastan con las ganancias que tuvieron las tres grandes compañías en 2020. Tanto es así que Endesa cerró el año con un beneficio de 1.394 millones de euros e Iberdrola con 3.610 millones. En el caso de Naturgy, el año de pandemia se clausuró con un beneficio neto de 490 millones.

Desde Transición Ecológica explican que la propuesta –la cual responde al acuerdo de investidura de Sánchez entre PSOE y Unidas Podemos de 2018– "no afecta a ninguna planta posterior a 2005, ni a las que cuenten con retribución regulada, ni a las que se acogen a subastas, ni a ninguna iniciativa de inversión presente o futura". Además, fuentes del Ministerio exponen que se trata de una medida "respetuosa con el marco normativo europeo" y con la "seguridad jurídica".

Esta ley tendrá repercusiones negativas en los beneficios de las grandes compañías propietarias de las principales plantas nucleares e hidroeléctricas del país –Endesa, Iberdrola y Naturgy–. De hecho, el anuncio de la propuesta ya ha tenido algunas repercusiones negativas en la cotización de bolsa de algunas de las grandes empresas, tal y como informa El País. Sin embargo, desde el Ministerio manifiestan que se trata de una propuesta que ha sido lanzada de acuerdo "con las expectativas legítimas de los inversores que tomaron sus decisiones de inversión en tecnologías no emisoras" con posterioridad a 2005, año en el que entró en vigor el sistema europeo de derechos de emisión de CO2.