El Banco Santander ha comprado el 100% del Banco Popular por un euro, una vez que el Banco Central Europeo (BCE) certificara la inviabilidad de la entidad que preside Emilio Saracho. El supervisor europeo tenía claro que "el Banco Popular Español estaba quebrando o iba a quebrar" tras el "deterioro significativo de la situación de liquidez". De hecho, las autoridades comunitarias había detectado que el Popular podría registrar pérdidas de hasta 8.200 millones de euros en el escenario más estresado.

Ante este escenario, y en aras de garantizar la seguridad de los depositantes, informaron el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y el propio Santander, la compra se ha hecho realidad tras una subasta llevada a cabo por el Fondo Único de Resolución (FUR) y el propio FROB.

El Banco Santander fue seleccionado como entidad adjudicataria de la compra. Con esta decisión se garantiza "la seguridad de los depositantes de Banco Popular y la ausencia de impacto para las finanzas públicas", añade la nota del Santander. 

La compra se produce después de que la entidad, cuyas cuentas están muy lastradas por los activos inmobiliarios, perdiera en Bolsa más del 50% de su valor en los últimos días y "sufriera un deterioro significativo en su posición de liquidez". En las últimas semanas, el Banco Popular había perdido 18.000 millones de euros en depósitos, lo que precipitó la operación. 

Para recapitalizar y sanear el balance de Banco Popular, que cuenta con 36.800 millones de euros en activos improductivos, la mayoría de ellos ligados al sector inmobiliario, el Banco Santander tiene previsto realizar una ampliación de capital de unos 7.000 millones de euros "que cubrirá el capital y las provisiones requeridas para reforzar el balance de Banco Popular".

Los accionistas de Santander tendrían derecho preferente de suscripción para esta ampliación de capital, aunque la entidad dijo que "cuenta con compromisos para el aseguramiento por el total del referido importe".

Además, la entidad presidida por Ana Botín efectuará provisiones por importe de 7.900 millones de euros, de los que 7.200 millones de destinarán íntegramente a elevar la cobertura sobre los activos inmobiliarios. Estas provisiones tendrán un impacto neutral sobre los ratios de capital del grupo.

Crecimiento del negocio

El Banco Santander espera que la compra del Banco Popular acelere el crecimiento del negocio del grupo a partir de 2019 y en años posteriores, tal y como ha indicado la entidad, que también prevé que la operación genere un retorno sobre la inversión del 13-14% en 2020. En su comunicado, el Santander destaca que a entidad resultante será la mayor de España en cuota de mercado en créditos y depósitos, con 17 millones de clientes.

La presidenta del Banco Santander, Ana Botín, ha asegurado que la operación es una oportunidad única de consolidación del grupo en España, para acelerar el crecimiento en el país y en Portugal. Además, ha precisado que la entidad resultante mejorará la eficiencia y generará sinergias de costes cercanas a los 500 millones de euros anuales a partir de 2020.

Santander también prevé aumentar el negocio de pymes, una de las prioridades estratégicas del grupo en España, tal y como ha indicado la entidad financiera, que, según sus cálculos, tras la operación alcanzará una cuota de mercado en este segmento del 25%.

Como parte de la ejecución del mencionado dispositivo de resolución, explica la nota, se han amortizado íntegramente las acciones del Banco Popular que había en circulación al cierre de ayer, así como las acciones resultantes de la conversión de los instrumentos de capital regulatorio emitidos por el Popular. ¿Qué significa esto? Básicamente, que los accionistas del Popular pierden el 100% su inversión.

Tras el anuncio, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) acordaba suspender cautelarmente la cotización del Banco Popular. Así, tras la apertura del IBEX 35, los títulos del Santander retroceden un 2,1%.

Ahora el Santander nombrará un nuevo consejo de administración y un presidente para Banco Popular, que perderá su marca fundada en 1926. En una teleconferencia, el Santander confirmó que la marca del Popular desaparecerá al integrarse la entidad completamente en el Grupo Santander.

El primer presidente de la entidad bajo el mando de Santander será José García Cantera, hasta ahora director financiero de Santander.

También se ha producido la conversión de la totalidad de los instrumentos de capital regulatorio Tier 2 emitidos por Banco Popular en acciones de nueva emisión del propio banco, todas ellas adquiridas por Banco Santander por un precio de un euro.

Tras estas operaciones, se espera que el impacto en el capital CET1 del Grupo Banco Santander sea "neutral".

Visto bueno de Bruselas

La operación cuenta con el visto bueno de la Comisión Europea (CE). "La resolución del Banco Popular Español ha sido aprobada bajo las normas de recuperación y resolución bancarias acordadas en el marco de la unión bancaria tras la crisis", indicó la CE en un comunicado.

"Implica la venta del Banco Popular Español al Banco Santander, una sólida institución financiera", agregó, e indicó que los clientes del primero seguirán recibiendo servicios "sin alterar la economía".

El Ejecutivo comunitario destacó que todos los depositantes seguirán teniendo acceso a todos sus depósitos, y que la entidad podrá continuar con su actividad de negocio. Precisó igualmente que en la operación no ha habido ninguna ayuda estatal del fondo único de resolución europeo, y que la venta está sujeta a la revisión normal de concentraciones.

El Gobierno lo ve con buenos ojos

El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha afirmado que la compra es una "buena salida para la entidad" y ha destacado que se lleva a cabo "sin la utilización de recursos públicos".

"Es una buena salida para la entidad, dada la situación a la que había llegado en las últimas semanas, ya que implica la máxima protección a los depositantes y la continuidad de la actividad", ha señalado De Guindos en unas declaraciones remitidas a los medios.

La operación, añade, se lleva a cabo sin la utilización de recursos públicos y sin que se produzca "un eventual contagio entre riesgo soberano y bancario, como ocurrió en épocas pasadas".