Este artículo se publicó hace 8 años.
La banca europea necesita captar entre 66.600 y 298.100 millones para el nuevo colchón antiquiebra
La autoridad bancaria de la UE rebaja levemente las necesidades de financiación para absorber pérdidas en caso de resolución
LONDRES.- La banca europea necesita captar un rango estimado entre los 66.600 y los 298.100 millones de euros para cumplir con la nueva normativa europea, según la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés), que rebaja significativamente las necesidades de financiación del sector respecto a su informe del pasado mes de julio.
En julio la institución con sede en Londres estimó que el rango de financiación necesitada por los bancos europeos para cumplir con la exigencia de un volumen mínimo de instrumentos susceptibles de absorber pérdidas en caso de resolución, un requisito conocido por el acrónimo MREL, se situaba entre los 130.000 millones de euros y los 790.000 millones de euros, mientras que ahora el umbral máximo que podrían necesitar los 133 bancos estudiados se sitúa por debajo de los 300.000 millones de euros.
El MREL persigue facilitar la recapitalización interna (bail in) de aquellas entidades no liquidables por su relevancia sistémica y forma parte de la normativa europea para solucionar los problemas del sector financiero destapados por la crisis.
La nueva normativa tiene por objetivo evitar que los problemas de solvencia de las grandes entidades financieras deban ser resueltos por los contribuyentes. Con la recapitalización interna son los propios accionistas y acreedores de la entidad los que deberán proceder a su rescate.
De este modo, para cumplir con la normativa europea en 2022, la necesidad de financiación de la banca oscila entre un mínimo de 66.100 millones de euros y un máximo de 298.100 millones de euros dependiendo de cómo se ajuste finalmente la norma.
La EBA recuerda en su comunicado que el MREL es un "complemento esencial" para asegurar una aplicación efectiva del mecanismo de recapitalización interna o 'bail in', que "asegura que los costes de quiebra de un banco sean asumidos en primer lugar por los accionistas y acreedores, en lugar de los contribuyentes. Este mecanismo entró en vigor en enero de 2016.
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