Avalancha de medidas económicas en el último Consejo de Ministros del año 2017

Como suele ser habitual, la última reunión del Consejo de Ministros del año ha servido para dar luz verde a un amplio número de medidas de carácter económico, para su entrada en vigor con el nuevo ejercicio,

Entre ellas, la revalorización de las pensiones y del SMI, la fiscalidad de los autónomos o la revisión de los módulos por los que tributan los autónomos.

Algunas de ellas vienen a cubrir la ausencia de una nueva ley de Prespuestos, pues el Gobierno ha renunciado a presentar un proyecto para 2018 ante la falta de apoyos parlamentarios.

Estas son las medidas más destacadas aprobadas por el Gobierno

El SMI, 10.302,6 euros anuales

El Consejo de Ministros ha aprobado la subida en un 4% del salario mínimo interprofesional (SMI), desde 707,6 euros mensuales a 735,9 euros al mes por catorce pagas o lo que es lo mismo, en 10.302,6 euros anuales. 

El Real Decreto regula también el SMI para los trabajadores eventuales y temporeros cuyos servicios a una misma empresa no excedan de 120 días, que queda fijado en 34,85 euros por jornada. Asimismo, para los empleados de hogar que trabajen por horas, en régimen externo, el SMI será de 5,76 euros por hora efectiva trabajada.

Las subidas de 2019 y 2020 están condicionadas a que la economía española crezca, en términos reales, un 2,5% anual o más y a que la afiliación media a la Seguridad Social aumente por encima de las 450.000 personas. En caso de incumplimiento de estas condiciones, y que por tanto no

se materialicen automáticamente los términos del acuerdo, el Gobierno

abrirá un nuevo proceso de negociación con los interlocutores sociales.

Cinco años subiendo las pensiones sólo un 0,25%

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes la revalorización de las pensiones en un 0,25% para 2018, el mínimo legal previsto  en la fórmula de revalorización introducida en la última reforma de pensiones, que tiene en cuenta los gastos e ingresos del sistema (la subida máxima está fijada en el IPC más un 0,50%). Se trata del quinto año consecutivo en el que las pensiones suben un 0,25%.

Con este incremento, la pensión máxima se situará a partir del 1 de enero en 2.580,1 euros al mes, frente a los 2.573,7 euros del año pasado.

La pensión mínima de jubilación con cónyuge a cargo sube 2,04 euros al mes, hasta 788,9 euros 

Por su parte,  la pensión mínima de jubilación de una persona con 65 o más años y cónyuge a cargo pasará de 786,86 euros al mes por catorce pagas a 788,9 euros mensuales (unos 2,04 euros más al mes). Los que no tengan cónyuge cobrarán un mínimo de 639,3 euros (1,6 euros más al mes), mientras que los que tienen cónyuge pero no a cargo percibirán 606,7 euros mensuales (1,7 euros más).

Las pensiones mínimas de jubilación para los menores de 65 años con cónyuge a cargo quedarán en 739,5 euros, y las de los menores de 65 años sin cónyuge, en  598 euros. La pensión mínima de viudedad con cargas familiares se situará  en 739,5 euros mensuales; la pensión de viudedad para titulares con 65 años o con una discapacidad en grado igual o superior al 65% será de 639,3 euros al mes (ahora 637,7 euros mensuales), mientras que las pensiones mínimas de viudedad para personas con entre 60 y 64 años será de 598 euros al mes.

La pensión mínima de gran invalidez con cónyuge a cargo pasará  a 1.183,4 euros mensuales, mientras que la de  incapacidad permanente absoluta quedará en 788,9 euros.

Las previsiones de la Seguridad Social es que el incremento afectará a 9.584.189 pensiones contributivas, 454.960 pensiones no contributivas y 194.874 prestaciones familiares. 

Se mantiene en límite de 250.000 euros para los módulos de los autónomos

El Consejo de Ministros ha aprobado un decreto ley por el que se prorrogan y aprueban diversas medidas tributarias y otras medidas urgentes en materia social, entre ellas una que mantiene el umbral máximo de facturación a tributar por el régimen de módulos de los autónomos en el IRPF en 250.000 euros para el año 2018, el mismo tope que en el ejercicio 2017, tras descartar el Gobierno finalmente su bajada.

En concreto, mantiene para 2018 los límites que delimitan el método de estimación objetiva en el IRPF y en el Régimen Especial Simplificado y el Régimen Especial de la Agricultura, Ganadería y Pesca en el IVA, al igual que en los ejercicios 2016 y 2017.

Así, se prorrogan los límites que estaban vigentes hasta ahora: para el volumen de rendimientos íntegros, se mantiene en 250.000 euros; los ingresos procedentes de facturas emitidas a otros empresarios, profesionales o personas jurídicas, en 125.000 euros; y el volumen de compras, en 250.000 euros.

De los 3,2 millones de autónomos, 1,5 millones tributan mediante la estimación directa, más de 450.000 por el sistema de módulos y el resto como sociedades. 

Hacienda eleva las cuantías exentas del IRPF de los vales comida y de las becas por estudio

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un real decreto para modificar los reglamentos de distintos impuestos, en el que eleva las cuantías de las ayudas por comida y de las becas por estudio exentas del IRPF.

En el caso del Reglamento del IRPF, se incrementa el límite exento de las becas públicas y las concedidas por entidades beneficiarias de mecenazgo para cursar estudios. La actual dotación económica exenta de 3.000 euros se eleva a 6.000 euros anuales y hasta los 18.000 euros anuales si la beca tiene por objeto compensar gastos de transporte y alojamiento para la realización de estudios reglados del sistema educativo, hasta el nivel de máster incluido o equivalente, o hasta 21.000 euros anuales cuando, además, se trate de estudios en el extranjero.

La dotación exenta de las becas para la realización de estudios de doctorado se eleva hasta los 21.000 si se cursan en España o a los 24.600 si se efectúan en el extranjero.

En cuanto a los vales comida, se eleva de 9 a 11 euros la cuantía diaria exenta de las fórmulas indirectas de prestación del servicio de comedor, esto es, los vales-comida o documentos similares, tarjetas o cualquier otro medio electrónico de pago que se entregan al trabajador para atender dicha necesidad.

Revisión catastral para 1.830 municipios

El decreto ley aprobado por el Consejo de Ministros por el que se prorrogan y aprueban diversas medidas tributarias y otras medidas urgentes en materia social contempla también los coeficientes de actualización de los valores catastrales para 2018, solicitada por 1.830 municipios.

La actualización de los valores se lleva a cabo a petición de los propios ayuntamientos y tendrá efectos en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), que se devenga el 1 de enero, si bien no supone necesariamente una elevación del IBI, ya que son los ayuntamientos los que deciden la cuota del impuesto.

Normas para la prórroga de los Presupuestos de 2017

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un acuerdo por el que se establecen los criterios de aplicación de la prórroga para 2018 de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, que recogen un recorte de 276 millones de euros por partidas que han finalizado este año.

Por su parte, los presupuestos del resto de entidades del Sector Público Estatal que integran los Presupuestos Generales del Estado se prorrogan en sus propios términos.

El Consejo de Ministros también ha adoptado medidas para la gestión del gasto con el fin de evitar una elevada ejecución de los créditos presupuestarios antes de la aprobación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018.

Al igual que ocurrió con la prórroga de 2016, la prórroga de los Presupuestos no afecta a la revalorización automática de las pensiones de la Seguridad Social y de Clases Pasivas que aumentan un 0,25%.

Nuevos requisitos para empresas como Uber y Cabify

El Consejo de Ministros ha aprobado por Real Decreto los nuevos requisitos y medidas que Ministerio de Fomento ha impuesto a las empresas de vehículos de alquiler con conductor (VTC), las firmas como Uber y Cabify.

Con estas medidas, que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) considera injustificadas, Fomento pretende facilitar la convivencia de este sector con el del taxi, que ha llevado a cabo a lo largo de este año distintos paros y movilizaciones en protesta por el intrusismo y la competencia desleal que, a su juicio, representan los VTC.

Las empresas VTC no podrán vender sus licencias en dos años y deberán dar cuenta de sus servicios en un registro público

A ello se suma el hecho de que este sector recibirá próximamente miles de nuevas licencias por vía judicial, gracias a un vacío legal registrado entre los años 2009 y 2015, que sobrepasarán aún en mayor cuantía que en la actualidad el ratio establecido en la ley de dar una licencia de VTC por cada treinta de taxi.

En este contexto, y para facilitar la coexistencia de ambos modos de transporte urbano, las nuevas medidas impedirán a los titulares de licencias VTC venderlas en los dos años siguientes a su consecución para evitar que se especule y se generen 'burbujas' con estos títulos.

Asimismo, las empresas como Uber o Cabify deberán inscribir todos los servicios que realicen en un registro público para garantizar que se efectúan conforme a la ley, esto es, con un contrato previo y sin superar la cota de transporte fuera de la región en la que tienen autorización.

Además, el Real Decreto "impondrá" que los vehículos a adscribir a nuevas autorizaciones VTC obtenidas mediante sentencia judicial cumplan los requisitos vigentes en este momento, con independencia de los que estuvieran vigentes en el momento en que se realizó la solicitud original de la autorización, "con el fin de garantizar una calidad en la prestación de estos servicios".

Regulación de los alquileres turísticos

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes la norma por la que se obliga a las plataformas de alquiler de viviendas de uso turístico, como Airbnb, HomeAway, Wimdu o Niumba, a enviar a la Agencia Tributaria a partir del próximo mes de julio la información relativa a los propietarios y los clientes.

La entrada en vigor de la declaración informativa de la cesión de viviendas con fines turísticos está prevista para el mes de julio y conllevará también la obligación de presentar informes periódicos, con el objetivo de que declaren "con más detalle" su actividad, en el marco de las actuaciones que viene realizando el Ministerio de Hacienda en los últimos años para reforzar la vigilancia sobre el alquiler vacacional y en el mayor control normativo sobre las empresas de alquiler de viviendas y vehículos.

La declaración será obligatoria para personas y entidades que presten el servicio de intermediación entre los cedentes y cesionarios, en particular, las personas o entidades constituidas como plataformas colaborativas que intermedien en la cesión de uso y tengan la consideración de prestador de servicios de la sociedad de la información.

La información a suministrar tendrá que contemplar la identificación del titular de la vivienda, la del titular del derecho en virtud del cual se cede la vivienda (si es distinta del titular de la vivienda) y la de las personas o entidades cesionarias. Asimismo, deberá procederse a la identificación del inmueble con especificación de la referencia catastral, en su caso; del número de días de disfrute de la vivienda con fines turísticos y del importe percibido, en su caso, por el titular cedente del derecho.

El año pasado la AEAT avisó a un total de 21.500 contribuyentes de que tenía constancia de que habían alquilado un inmueble, y que, por tanto, tenían que incluir el dinero que hubiesen recibido por este concepto en su declaración.

Adaptación de la directiva sobre mercados financieros

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un Real decreto Ley que traspone la Directiva Europea de Mercados e Instrumentos Financieros, conocida como MIFID II, que homologa el funcionamiento de los mercados financieros en España a los estándares internacionales en materia de transparencia, eficacia y estabilidad de los mercados.

Se introducen también nuevos requisitos en materia de gobierno corporativo para los órganos rectores de estos mercados en materias como nombramientos y conflictos de interés.

Las sanciones por incumplimiento de la nueva normativa se elevan a un máximo de cinco millones de euros o el 10% del volumen de negocio anual en el caso de las muy graves. La entrada en vigor es el 3 de enero de 2018. 

Reforma de los reglamentos de la Inspección de Trabajo

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto que modifica dos reglamentos en materia de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, de 4 de febrero de 2000, y el Reglamento sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de Orden Social, de 14 de mayo de 1998.

La norma tiene por objeto adaptar ambos reglamentos a una de las principales novedades que introdujo la Ley Ordenadora del Sistema de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, de 21 de julio de 2015, que fue la creación de dos escalas especializadas dentro del Cuerpo de Subinspectores Laborales, para aumentar y reforzar las actuaciones de la Inspección, tanto en materia de prevención de riesgos laborales como en materia laboral y de contratación.

Así, la función de los subinspectores de Seguridad y Salud irá dirigida, fundamentalmente, a la comprobación de que las condiciones materiales en las que tiene lugar la prestación de servicios se ajustan a la normativa preventiva en materia de condiciones de trabajo, equipos, herramientas, productos y sustancias existentes en los centros de trabajo (especialmente aquellos que conllevan riesgos específicos, como es el caso de agentes físicos, químicos o biológicos), medidas de protección tanto individuales como colectivas y reconocimientos médicos.

La ampliación de las funciones de los subinspectores de Empleo y Seguridad Social, por su parte, incluye competencias en materia de modalidades contractuales, contratos de duración determinada y contratos temporales celebrados en fraude de ley y en materia de trabajo de menores.

En ambos casos, la actuación de los subinspectores incluye, junto a la actividad sancionadora, la de informar y asesorar a trabajadores y empresarios, especialmente en el caso de pequeñas y medianas empresas.

El Gobierno aprueba la Estrategia de Economía Social

El Consejo de Ministros ha aprobado la primera Estrategia Nacional de Economía Social 2017-2020, que se vertebra en torno a 11 ejes y cuyo objetivo es consolidar y promocionar el modelo empresarial de la economía social para que el sector lidere la innovación frente a los cambios emergentes.

Con la Estrategia, el Gobierno da un nuevo impulso a un sector que, según las asociaciones más representativas, representa un 12,5% del empleo y un 10% del PIB, y que ha demostrado ser pionero en la recuperación y el crecimiento económico sostenible en España, basándose en los principios de igualdad, solidaridad, compromiso con el desarrollo local y respeto al medioambiente.

En concreto, la Estrategia 2017-2020 contiene acciones dirigidas a la creación de empleo y de apoyo en el ámbito de la economía social, como la realización de análisis sobre el sector; la generación de incentivos tanto al empleo estable como al emprendimiento en este modelo empresarial; y una mayor presencia en sectores de actividad y de prestación de servicios vinculados a los pilares del Estado del Bienestar, como el del ámbito de la dependencia.

Según Empleo, uno de los elementos más novedosos de esta Estrategia es la habilitación del Registro Telemático de Cooperativas de Ámbito Estatal, con el fin de eliminar trabas administrativas y agilizar la relación entre los ciudadanos y el Registro de Cooperativas. Asimismo, el documento avanza en medidas que puedan facilitar el relevo generacional apoyando la transformación de empresas mercantiles ordinarias en entidades de la economía social.

Además, el Gobierno aprobará una Orden Ministerial para crear un Sello de Entidad de la Economía Social, que distinguirá a todas y cada una de las empresas que conforman el sector, y así dotarlas de una mayor visibilidad de manera que sean reconocidas por la sociedad en su conjunto.

Otra de las novedades en este sentido es la creación de un certificado de profesionalidad específico para la puesta en marcha y gestión de entidades de la economía social dentro del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. Igualmente, se institucionalizará el Día Europeo de las empresas de la Economía Social.