MADRID.- La Audiencia Nacional ha rechazado hoy investigar al exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez y a su actual subgobernador, Fernando Restoy, al considerar que no participaron en la presunta estafa a los inversores de la salida a bolsa de Bankia en 2011.

Según han informado a Efe fuentes jurídicas, la sección tercera de la sala de lo Penal ha ratificado la decisión adoptada por el juez instructor del caso, Fernando Andreu, que el pasado julio denegó la petición de la acusación popular que ejerce la Confederación Intersindical de Crédito (CIC) al estimarla "inútil e infundada".

Entonces, el magistrado calificó de "insostenibles" los argumentos de la CIC puesto que ello implicaría que "todos los funcionarios del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores" (CNMV) habrían cometido un delito de forma consciente y voluntaria.

Tampoco deberán declarar Javier Aríztegui, director general de Supervisión del Banco de España entre 2006 y 2009, Jerónimo Martínez Tello, que sustituyó a éste en Supervisión a partir de 2009, así como José Antonio Casaus Lara, inspector del Banco de España que firmó el informe de inspección a Caja Madrid de 3 de diciembre de 2010.

A pesar del fallo de la sala, la acusación popular ya ha anunciado que volverá a solicitar la imputación de los responsables del Banco de España, una nueva tentativa en la que ampliarán sus peticiones al juez.

Todo ello tras conocer los correos electrónicos remitidos a la causa en los que el propio Casaus alertaba de la situación del grupo BFA-Bankia en el momento de la salida a bolsa de la entidad.

En los mensajes, el inspector era partidario de sacar a bolsa el grupo financiero como una sola entidad, por el riesgo de pérdidas para contribuyentes y accionistas, por delante de la opción que se impuso y que se veía como una "bombona de oxígeno", separar a Bankia de su matriz BFA.

Asimismo señalaba que el Grupo BFA-Bankia no era viable "a medio plazo una estructura como la que tiene", a no ser que se produjera la toma de control por parte de una banco, "preferiblemente extranjero, que pueda convencer al mercado de que puede afrontar 120.000 millones de euros de financiación mayorista"