Anticorrupción ha denunciado a Iberdrola por lucrarse al alterar el precio de la luz entre el 30 de noviembre y el 23 de diciembre de 2013, en plena ola de frío. La Audiencia Nacional ha admitido la denuncia por un presunto delito cometido supuestamente por directivos y/o empleados de la eléctrica. La presunta manipulación le reportó a la empresa 20 millones de euros, según la Fiscalía.

Fuentes jurídicas han confirmado que este miércoles investigadores de la Guardia Civil se desplazaron hasta las sedes de la eléctrica en Bilbao y Madrid para practicar entradas y registros y requerir información tras la denuncia de la Fiscalía ante la Audiencia Nacional

La Fiscalía acusa a Iberdrola de haber cometido un delito contra el mercado y los consumidores, recogido en el artículo 281 del Código Penal. Anticorrupción defiende que la eléctrica habría ideado un sistema para incrementar el precio de la energía "más allá del que debiera resultar de la libre concurrencia de la oferta y la demanda", lo que elevó el precio por encima del mercado diario.

La vía penal se abre después de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) multara en 2015 con 25 millones de euros a Iberdrola por manipular el mercado mayorista de la energía eléctrica en 2013, lo que se considera una conducta "muy grave".

La sanción a Iberdrola Generación está relacionada con una actuación dirigida a elevar el precio de las ofertas en las centrales hidráulicas del Duero, el Sil y el Tajo entre el 30 de noviembre y el 23 de diciembre de 2013, justo antes de que la tarifa eléctrica se disparara.

En las semanas previas a la celebración de la subasta Cesur para fijar los precios de la tarifa eléctrica de último recurso en el primer trimestre de 2014 se registraron fuertes subidas de precios en el mercado mayorista. Estos repuntes provocaron que el precio resultante en la subasta subiera un 26%, lo que hubiera subido la tarifa un 10%.

Ante esta situación, la CNMC advirtió de situaciones atípicas, aunque no manipulación, lo que derivó en la suspensión de la subasta y, en última instancia, la sustitución del sistema de tarifa de último recurso por el precio voluntario al pequeño consumidor (pvpc).

Iberdrola ha negado "rotundamente" haber realizado "cualquier manipulación fraudulenta" y ha recalcado que, en el periodo analizado, actuó siempre "como un gestor prudente y razonable". La compañía, que destaca que ha prestado "toda su colaboración" a la Justicia, recuerda que que la Audiencia Nacional ya anuló, el 4 de julio de 2012, la única sanción (de 2,4 millones) impuesta a Iberdrola Generación basada en el mismo tipo sancionador al considerar que no había pruebas suficientes.