El pulso que las compañías eléctricas han comenzado a plantearle al Gobierno apenas unas horas después de que este planteara un paquete de medidas de choque para bajar el recibo de la luz arranca con un desafío al conjunto del país: las empresas amagan con cerrar las siete centrales nucleares que siguen operando en España, algo que en la práctica supondría dejar a este sin entre un 20% y un 25% de su producción eléctrica y condenar a la inviabilidad a buena parte de su sistema productivo al no existir a fecha de hoy fuentes alternativas para cubrir ese apagón nuclear.

El plan de choque, que llega después de que el precio de venta al público de la electricidad se haya triplicado en seis meses al pasar de una horquilla de 5,17 a 14,38 céntimos por kilowatio a otra de 15,23 a 33,86 entre el 14 de marzo y el mismo día de septiembre, según los datos de Red Eléctrica, contempla varias medidas de carácter tributario que en la práctica no afectan a las cuentas de resultados de las compañías, ya que los soportan los consumidores y estas actúan como meras recaudadoras.

Sin embargo, hay una que sí afecta a sus ingresos: la prohibición de que la energía generada con fuentes no fósiles, es decir, la eólica, la solar, la hidráulica y la nuclear, dejen de beneficiarse de las consecuencias de aplicar al precio final el coste de los bonos de CO2 que grava las que funcionan a base de derivados del petróleo, como son la térmica, la de ciclo combinado y, a menudo, la cogeneración.

Eso supone en la práctica una reducción de las cantidades que pueden llegar a percibir por la energía producida en centrales nucleares e hidráulicas, que hasta ahora han sido las que mayores márgenes les proporcionaban por sus bajos costes de explotación y los elevados niveles de amortización de las instalaciones tras décadas de funcionamiento.

El impacto en las cuentas de resultados

La medida es de calado, ya que las estimaciones del Gobierno apuntan a un alivio de 2.600 millones de euros en los bolsillos de los consumidores hasta finales de marzo. Y eso equivale a algo más de un tercio de las cantidades que las eléctricas están ganando en los últimos años, en las que a los 6.000 millones declarados como beneficio hay que añadirles las magras provisiones para financiar el cierre de las térmicas y el despliegue de las renovables.

La reacción llegaba antes de que hubieran pasado cinco horas desde que el Consejo de Ministros aprobara el plan de choque: el Foro de la Industria Nuclear Española, un hibrido de patronal sectorial y lobby, advertía en un comunicado del "rechazo de la industria nuclear al proyecto de Ley por la que se actúa sobre la retribución del CO2 no emitido del mercado eléctrico" ya que, en su opinión, "ahonda aún más en la penalización a la generación eléctrica de origen nuclear".

La medida, junto con lo que califican de "excesiva presión fiscal actual, abocaría al cese de la actividad de todo el parque nuclear" ya que "sería imposible la continuidad de las centrales nucleares españolas".  "De haber estado en vigor este proyecto de ley, no se hubiera solicitado la renovación de las autorizaciones de explotación de nuestras centrales", añadía.

Las empresas aseguran que la reducción de tres céntimos de euro por kilowatio en la que estiman el impacto de esas medida en la energía nuclear, junto con la previsión de invertir 3.000 millones en las siete centrales que siguen operando "hasta el cese de la operación del parque nuclear en 2035" en vísperas de "la masiva entrada de energías renovables en el sistema con costes marginales tendentes a cero" que abaratarían los precios, llevarían al sector a "su inviabilidad económico-financiera y le abocarían al cese anticipado de la actividad".

También la patronal de las eléctricas, la Aelec (Asociación de Empresas de Energía Eléctrica) ha calificado de "injusta y desacertada" la medida que recorta los beneficios extraordinarios que obtienen las centrales nucleares e hidráulicas, que, según señala en un comunicado, tiene un enorme impacto en la estabilidad de un sector "que ni es responsable de esta situación ni se está beneficiando de ella". La patronal tira por elevación y rechaza el paquete de medidas aprobado por el Gobierno para rebajar la factura de la luz, al que tacha de "intervencionista"

Una amenaza con ecos latinoamericanos

En esa tesitura, el sector de la energía nuclear, que no deja de ser un subsector del eléctrico en el que los pesos pesados siguen siendo Endesa, Iberdrola y Naturgy, opta por el órdago al Gobierno, ya que la energía nuclear es ahora mismo la piedra angular del sistema de generación eléctrica español por dos motivos.

Uno de ellos es que, según el año, cubre entre el 20% y el 25% de la demanda energética española, con una participación que solo la hidráulica y la eólica han superado puntualmente en los últimos años.

El otro consiste en que, pese a sus obvios riesgos ambientales y de seguridad, que ya llevaron a la clausura de la central de Garoña, actúa como base del sistema eléctrico español con una aportación constante que no proporcionan otras fuentes dependientes de la meteorología y el ciclo del agua, y cuya magnitud resultaría inviable para las de combustibles fósiles por sus costes.

Eso la sitúa como un factor estratégico del panorama energético español que tampoco parece reemplazable desde el exterior por la vía de los intercambios energéticos. Y los dueños de esas centrales, que hasta ahora venían reclamando la prolongación de los permisos para explotar esas instalaciones, han optado por virar en redondo y, en una jugada de ecos latinoamericanos, plantear la eventualidad de un apagón inminente.

Tres centrales cierran un mes este otoño

En cualquier caso, el sistema eléctrico español tiene un primer test sobre su dependencia de la energía nuclear en las próximas semanas, cuando, entre octubre y noviembre, las centrales de Almaraz, Cofrentes y uno de los dos cuerpos de Ascó estarán fuera de servicio durante un mes dentro de sendas paradas programadas de mantenimiento.

La amenaza de las eléctricas tiene, en cualquier caso, una componente estratégica que admiten implícitamente en su comunicado: se trata de seguir cobrando la energía limpia y de menor coste como si se produjera con combustibles fósiles gravados con los bonos de CO2 hasta que avance el despliegue de las renovables, en el que aspiran a seguir teniendo un peso, si no de oligopolio, amplio.

De hecho, otro de los escenarios de tensión del mercado eléctrico se localiza en los expedientes que está tramitando el Miteco (Ministerio para la Transición Ecológica) para determinar si son las empresas del oligopolio o los nuevos actores quienes se quedan con los derechos para ocupar el espacio que libera en las redes de transporte y distribución el cierre de las térmicas.

Los inversores bursátiles recibieron de manera variada el plan de choque para bajar el recibo de la luz, que se tradujo en una caída del 5,18% en la cotización de Endesa, la más acusada del Íbex35, y en otra del 1,71% para Iberdrola, mientras Naturgy se dejaba solo un 0,64%.