El precio de una habitación en Catalunya costaba en agosto 611 euros de media en el mes, un 8% más que los 565 del mismo mes del año 2023. Pese a que este incremento puede parecer relativo, la magnitud de la escalada se detecta si la comparación se hace con el mes de agosto del año 2015, en el que el valor se situaba en los 310 euros, lo cual supone una subida del 89,4%. Estos datos se extraen del estudio Viviendas compartidas en España en 2024, basado en los precios de la vivienda de alquiler del mes de agosto de los últimos nueve años del Índice Inmobiliario Fotocasa.

El mismo informe muestra que cuatro poblaciones catalanas (Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat, Cerdanyola del Vallès y Badalona) están entre las 15 con los precios más altos del Estado español con una media de 638, 533, 504 y 490 euros, respectivamente. En el ámbito estatal, Barcelona y Bilbao son las dos ciudades con los precios más elevados.

Después de conocer los datos, la directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos, asegura que "el precio de las viviendas compartidas se ha encarecido de forma muy significativa a lo largo de los años y lo más destacable es la rapidez con la que aumenta, porque el valor medio de una habitación frota casi los 500 euros en el ámbito estatal".

La principal razón de este crecimiento tan importante es el desequilibrio existente entre oferta y demanda de vivienda que hace que los precios se tensen al alza. Según apunta Matos, los datos de la OCDE revelan que cada vez hay más jóvenes universitarios buscando vivienda en las grandes ciudades.

Además, "los altos precios de una vivienda completa de alquiler, superando los 1.000 euros de media, obligan a los inquilinos a buscar pisos compartidos para poder afrontar los gastos derivados, por lo cual la demanda mantiene los precios en el alza".

Modificar la LAU

El Sindicat de Llogateres recuerda que esta semana el Congreso de los Diputados debatirá si tramita la Proposición de Ley para modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) impulsada por la entidad para poner fin al fraude de los alquileres temporales y de habitaciones.

La propuesta ha sido presentada por Sumar, ERC, EH Bildu, Podemos y el BNG. El sindicato justifica la iniciativa por "la necesidad urgente de limitar la especulación que se lleva a cabo con este tipo de alquileres y que afecta gravemente las condiciones de los inquilinos a la hora de acceder a una vivienda".

Un portavoz del Sindicat de Llogateres, Enric Aragonès, apunta que "en los últimos años, hemos observado como muchos propietarios utilizan los alquileres temporales y de habitaciones para esquivar las escasas restricciones a la especulación que establece la Ley de Vivienda. Esto está generando la vulneración de derechos de los inquilinos, pero sobre todo su expulsión y la derivación de los pisos hacia el mercado turístico y al de habitaciones con la consiguiente reducción de oferta de alquiler residencial".

Aragonès insiste en la necesidad de delimitar la figura del alquiler de habitaciones, puesto que la ausencia de una normativa "genera más precariedad, facilita saltarse la ley y fomenta el fraude con la regulación de precios". En este sentido, defiende que los cambios en la LAU ayuden a equiparar los diferentes modelos de contratos y deshagan el limbo jurídico con el cual se encuentran estos tipos de arrendamiento.

"Necesitamos desincentivar estas prácticas, que se tienen que corregir con un cambio de articulado y más concreción con la LAU, de forma que se quiten incentivos a las personas que apuesten por esta fórmula y se respeten las diferentes medidas aprobadas en el ámbito de la duración del contrato de alquiler o del precio máximo", subraya.

En un comunicado, el Sindicat de Llogateres alude a que un año después de la aprobación de la Ley de Vivienda se está constatando como la regulación de los alquileres temporales y de habitaciones se ha convertido en un vacío legal que desestabiliza el mercado y permite que los especuladores cometan fraudes de ley.

Traslado hacia la desregulación

"La falta de oferta de pisos de alquiler está trasladando la demanda a unidades de vivienda cada vez más pequeñas. Hemos pasado de los pisos en las habitaciones y ahora ya se están utilizando los trasteros". Este es el análisis que hace el catedrático de Economía de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) José Garcia Montalvo. "Este cambio hacia sectores no regulados se produce porque hasta ahora no hacía falta esta concreción, pero ahora está claro que se trata de una actividad económica", subraya.

García Montalvo también precisa que en pleno periodo de inicio del curso escolar, muchos universitarios sufren la falta de oferta de pisos para alquilar, lo que encarece el precio de la vivienda, pero también el de las habitaciones en espacios compartidos. Para evitar esta situación, insta que "las administraciones hagan un control fiscal, establezcan el pago de impuestos y una regulación similar a la de cualquier otra modelo de vivienda".

Paralelamente, el catedrático de Economía pide incrementar el parque de vivienda social para rebajar la cifra de personas que no pueden pagar el precio de alquiler de mercado y se ven forzadas a buscar otras fórmulas, como en este caso, las habitaciones. "No podemos forzar a la gente a que alquile a precio de mercado, sobrecargándolos financieramente. Tendríamos que ser capaces que este colectivo pueda acceder a rentas de arrendamiento de entre 300 y 600 euros en el mes".

A pesar de que la nueva Ley de la Vivienda veta que se modifique la catalogación de un piso social, que con el paso del tiempo podía entrar al mercado libre, García Montalvo alerta que ahora se están pagando las consecuencias. "Las viviendas públicas se tendrían que destinar exclusivamente al alquiler como se hace en ciudades como Vitoria" concluye.

De aquí a pocos días, el Congreso de los Diputados tendrá que abordar si lleva a trámite la proposición e inicia el debate sobre el problema de los altos precios del alquiler y la inseguridad que genera el de habitaciones y los de temporada, hoy en día, en el centro de la polémica por las dificultades en el acceso a la vivienda.