La Fiscalía Superior de Justicia de Andalucía ha abierto diligencias para investigar la subida hasta máximos históricos de los precios de la luz en plena ola de frío, a partir de una denuncia interpuesta por IU contra las eléctricas.

En un decreto de incoación firmado ayer lunes, al que ha tenido acceso Público, la fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, reconoce “la afectación general de los hechos denunciados en toda Andalucía”, y eleva el caso a la Fiscalía Superior que, a su vez, ordena remitírselo al fiscal coordinador autonómico en materia civil de Andalucía, Fernando Santos Urbaneja.

La denuncia queda en manos del fiscal coordinador, toda vez que los hechos denunciados “de especial trascendencia”, eligiendo una vía de intervención para la “protección de los consumidores y usuarios”. Si el Ministerio Público confirmara las irregularidades en la fijación de las tarifas que denuncia IU, podría interponer una demanda contra las empresas eléctricas.

El fiscal Fernando Santos Urbaneja

El nombramiento de Santos Urbaneja, un fiscal especialmente implicado con el derecho de los consumidores, anticipa una batalla dura contra las eléctricas. Él fue el primer fiscal en España y en Europa que puso una demanda de acción colectiva de protección a consumidores contra Gas Natural Andalucía que, tras dictarse auto por la Audiencia Provincial de Córdoba, supuso el ingreso en la cuenta corriente de los clientes afectados del importe de facturas indebidamente cobradas (unos 250.000 afectados en una primera vez).

En una reciente entrevista, el fiscal explicaba así su posición: “Cuando hay un abuso, quien tiene que corregirlo es el Gobierno y si quiere lo hace. A primeros de año cuando querían las eléctricas subirnos el 21%, saca un decreto y dice no. Lo que tiene que hacer el Ejecutivo es intervenir directamente y corregir ese abuso. Hacer que funcionen las comisiones nacionales, que para mí han sido las principales culpables de todos los males. Si está la Comisión Nacional de la Energía, de la Competencia… oiga, ustedes tienen que vigilar y tienen que poder sancionar y no simplemente decir que esto pasó y que vayan a los tribunales. Los tribunales no podemos más, no lo podemos asumir”.

La diputada estatal IU, Eva García Sempere, el coordinador general de IU Andalucía, Antonio Maíllo, y el también diputado estatal, Miguel Ángel Bustamante, atienden a los medios en las puertas de la Fiscalía de Sevilla.

El pasado 20 de enero, la Fiscalía Superior de Sevilla recibió un escrito firmado por un colectivo de alcaldes, diputados y cargos públicos de IU, siendo los primeros firmantes el coordinador regional, Antonio Maíllo, y el líder federal, Alberto Garzón.

La coalición de izquierdas se convertía así en la primera formación política en solicitar al Ministerio Fiscal la iniciación de una investigación en torno a los incrementos de precios registrados en plena ola de frío en el mercado energético como consecuencia del bajo nivel de funcionamiento de las centrales de gas de ciclo combinado. IU denunciaba posibles “prácticas fraudulentas” por parte de las compañías energéticas y pidió la apertura de una investigación “no sólo ponga en evidencia el recurso constante de las compañías a maniobras fraudulentas tendentes a aumentar sus beneficios, sino actuaciones contundentes y ejemplarizantes que las hagan desistir de tales prácticas”.

El mismo día 20 de enero, unas horas después, la Fiscalía del Tribunal Supremo también abría una investigación civil para esclarecer las razones de los continuos aumentos del precio de la luz en pleno invierno, so pretexto de “ejercitar cualquier acción en defensa de los consumidores y usuarios”. Ambos procesos, el que inició el Supremo y el que abre ahora el fiscal andaluz, discurrirán en paralelo.

Contadores de la luz inteligentes /REUTERS

El escrito de IU propone dos vías de investigación. Por un lado, reclama al fiscal que se investigue “si las compañías suministradoras que cuentan con una deficitaria red de infraestructuras eléctricas en determinadas zonas, especialmente las llamadas zonas blancas, pudieran estar incumpliendo con sus obligaciones de garantizar el acceso a la energía eléctrica a toda la ciudadanía en condiciones adecuadas, estables y sin interrupciones del servicio imputables a las referidas empresas”.

Y por otro lado, solicitan una segunda “investigación sobre las razones por las que en un periodo de altísima demanda las empresas han modulado a la baja la producción de las centrales de gas, provocando con su decisión un encarecimiento del precio de la energía eléctrica mediante prácticas que pudieran ser fraudulentas y tendentes a aumentar sus beneficios”.