'Pedían 120 años de cárcel. Hoy ya son cinco más', ha anunciado el secretario general de Comisiones Obreras (CCOO), Ignacio Fernández Toxo, ante un centenar de trabajadores y afiliados a las dos grandes centrales sindicales españolas, que este martes se han concentrado en la Plaza de Callao de Madrid para protestar contra la 'ofensiva penal contra el derecho de huelga' que la Fiscalía ha emprendido hace dos años, cuando comenzó a gobernar Mariano Rajoy. 'No es una casualidad', ha dicho, que los autos de acusación de los fiscales sean calcados en los 40 casos de trabajadores y sindicalistas que actualmente se encuentran a la espera de una sentencia firme, acusados de coacciones, de un delito contra los derechos de los trabajadores por 'ejercer un derecho constitucional', el de participar en los piquetes durante una jornada de huelga.

'Sin derecho a huelga no hay democracia y las relaciones laborales se desequilibran. Van hacia una ley de huelga restrictiva, usando el Código Penal para impedir su libre ejercicio', ha aseverado Toxo, que junto a su homólogo en UGT, Cándido Méndez; al presidente de la Confederación Sindical Internacional (CSI), Joao Felicio; y a los secretarios generales de CCOO y UGT de Madrid, Jaime Cedrún y José Ricardo Martínez, han denunciado la situación y arropado a los encausados, como Katiana Vicens, secretaria general de CCOO en Balears, que se enfrenta a cuatro años y medio de cárcel; y a María Jeús Cedrún, secretaria general de CCOO Cantabria, cuyo proceso quedó en una multa por faltas.

'El Código Penal también existe para los empresarios, pero no se ha condenado a ningún directivo de Coca-Cola por vulnerar el derecho de huelga en Fuenlabrada', ha denunciado Toxo, que ha pedido 'más diligencia en velar por los derechos y menos premura en perseguir' a trabajadores que hacen huelga.

'No se puede dar más prioridad al Código Penal que a toda la Constitución'Por eso han anunciado que, este viernes, ambos secretarios generales se reunirán con los jueces del Consejo General de Poder Judicial, para exponerles sus preocupaciones contra esta esta 'persecución', al igual que harán la próxima semana con el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, un encuentro en el que le expondrán la necesidad de reformar el Código Penal en lo que se refiere al artículo 135.3, el que la Fiscalía está aplicando para solicitar estas condenas. 'No se puede dar más prioridad al Código Penal que a toda la Constitución', ha criticado Méndez, que ha explicado que ese artículo en concreto, que data de 1976, 'lleva años hibernando y justo hace poco tiempo está saliendo a la luz', y que 'este comportamiento infame pone en peligro a toda la clase trabajadora'.

Su objetivo principal ahora es que los seis condenados ya firmes no entren en prisión. 'Si permitimos que uno solo vaya a la cárcel estamos jodido', ha aseverado José Ricardo Martínez. Para ello acudirán a los tribunales europeos y a la OIT, 'utilizaremos todos los medios legales para impedir este atropello', ha afirmado Toxo. '¿Estamos en 2014 o en 1914, en el siglo XXI o en el XIX?', se ha preguntado Méndez, que ha avisado de que la intención del Gobierno va más allá de los recortes en políticas sociales, 'también está recortando en derechos y libertades' en un contexto en el que la protesta social ha aumentado ante la degradación de las condiciones de vida de la población.

'¿Qué ocurre en España?, se preguntan compañeros sindicalistas de Portugal, Grecia, Italia,...', ha destacado Méndez respecto a este retroceso en materia de libertad sindical. También se lo ha preguntado Joao Felicio,presidente de la CSI, la central sindical más grande del mundo, que durante su intervención ha reconocido el esfuerzo de CCOO y UGT durante la Transición para que el sindicalismo fuera legal en España y ha agradecido el apoyo que estas dos centrales han prestado a los sindicatos y organizaciones latinoamericanos durante épocas oscuras en materia de libertades.

'Los españoles no os merecéis un Gobierno tan ruin'

Este sindicalista brasileño, secretario general de la Central Única dos Trabalhadores (CUT) asegura que 'la huelga no puede ser limitada ni por el Gobierno ni por la Justicia' porque además de una herramienta fundamental para los trabajadores es 'un derecho humano y aquí, en España, se está limitando'. También ha criticado la 'alianza entre gobiernos y empresarios' y ha asegurado que los españoles 'no os merecéis un Gobierno tan ruin'.

Limitar la protesta social y la labor sindical a través del miedo es, según los sindicatos, la intención del Gobierno y la razón de estas 'instrucciones a los fiscales'. 'Cuando en el juzgado me dijeron que pedía cuatro años y 'Prefiero perder unos días de libertad a perder el derecho a la huelga todos los días'medio de cárcel mi primer pensamiento fue dejarlo todo y huir. Te acojona, pero hay que reflexionar', ha dicho Katiana Vicens, secretaria general de CCOO Balears. 'Lo hacen porque soy la secretaria general, pero no me iré, seguiré detrás de la pancarta y seguiré participando en los piquetes, porque no son -como quieren hacer creer- grupos organizados que actúan con violencia. Esto no me quita el sueño, soy inocente, estoy tranquila y mucha gente me arropa', ha añadido antes de citar al histórico dirigente de CCOO, Marcelino Camacho, para recordar que 'el miedo no puede instalarse en nadie porque si no luchamos lo perdemos todo'.

'Prefiero perder unos días de libertad a perder el derecho a la huelga todos los días', ha concluido la sindicalista encausada, cuya intervención ha arracando los aplausos de los cientos de trabajadores que se había congregado en la plaza para dejar claro, al igual que el cartel que había sobre el escenario, que 'no no van a callar'.