El 94 por ciento de las empresas del Ibex participaban en empresas o sociedades domiciliadas en paraísos fiscales en 2012, según las conclusiones del informe 'Responsabilidad Social Corporativa en las memorias anuales de las empresas del Ibex35' realizado por el Observatorio de RSC. El estudio es un análisis de las memorias anuales de RSC de 2012 publicadas por las empresas que cotizan en el selectivo.

Los responsables de la investigación han lamentado que durante 2012 'no se produjo ningún avance' en materia de responsabilidad fiscal y han advertido de que las memorias anuales de RSC de las 35 primeras empresas que cotizan en la bolsa española 'no reflejan' que los compromisos adoptados por estas en materia de Responsabilidad Social Corporativa, prácticas de buen gobierno, responsabilidad fiscal, respeto de los Derechos Humanos, protección del medio ambiente e igualdad se estén llevando a cabo.

'No hay una evidencia de que las decisiones de inversión se tomen teniendo en cuenta su impacto más allá del plano económico. La memorias suelen tener un enfoque muy positivo y narrativo que no responde a un proceso de rendición de cuentas ni una medición en cuanto a objetivos marcados previamente', ha asegurado el coordinador del observatorio, Orencio Vázquez, durante la presentación .

De hecho, el informe apunta a un aumento del 30 por ciento (en el plazo de un año) del número de sociedades participadas y dependientes de empresas del selectivo español que operan en estos territorios, principalmente Delaware (EE.UU.), Países Bajos, Luxemburgo e Irlanda, entre otros. En el caso concreto de Delaware, se da la situación de que 'de las 131 empresas participadas por entidades españolas, 101 comparten las mismas dos direcciones postales', ha explicado Vázquez, que ha detallado que estas mismas direcciones albergan legalmente 'no menos de 285.000 empresas independientes', según el periódico estadounidense 'New York Times'.

Hay 101 empresas participadas por entidades españolas domiciliadas en dos direcciones de Delaware

Los autores del informe creen que 'o bien las empresas omiten esta información de forma premeditada, o no están realizando de manera correcta los estudios de materialidad en relación a qué información es relevante' desde la perspectiva de RSC. Además, han recordado que 'existe una creciente demanda en la sociedad' para que las empresas informen en detalle de los aspectos económicos en todos los países en los que operan.

Por otra parte, han criticado un déficit de información también en lo referente al blindaje de los cargos directivos, dado que, aunque el 88% de las empresas informan de la existencia de estas cláusulas, únicamente tres de las 35 empresas del Ibex aportan información detallada sobre los miembros de los Consejos de Administración y de la Alta dirección que se benefician de estas medidas.

Únicamente una de las empresas de este grupo, según el informe del Observatorio, informa de los riesgos que afronta por su actividad o como resultado de sus relaciones comerciales (con proveedores, por ejemplo), mientras que las demás 'no aportan información tan detallada como sería deseable' en este ámbito.

En este sentido, Vázquez ha destacado de nuevo el contraste con la información sobre la asunción de políticas de responsabilidad en este sentido, que sí adoptan la mayoría de las empresas con la falta de definición sobre los mecanismos concretos diseñados para llevar a la práctica estas políticas. 'Sigue habiendo un hueco importante entre el compromiso y la acción', ha asegurado. De hecho, 'tan solo cinco empresas tienen un compromiso expreso con la protección de los derechos de los trabajadores en países que no apliquen en su totalidad las normas internacionales relativas a la libertad de asociación sindicación y negociación colectiva' y 'únicamente dos' aportan información sobre el desarrollo de estos derechos, según reza el documento.

El coordinador del observatorio ha recordado tragedias como el desplome del edificio Rana Plaza en Bangladesh, en 2013, en el que murieron un total de 1.127 personas que trabajaban en el mismo, parte de ellas para empresas españolas que cotizan en el Ibex35.

Además, ha criticado que quienes niegan la responsabilidad de las empresas que tienen trabajadores en el edificio o cuyos proveedores operan en condiciones inseguras se escudan en que las instalaciones obtuvieron el aval del Estado, pese a conocer de antemano que la estructura del edificio era deficiente. También ha recordado que varias de las empresas realizan operaciones comerciales en los países en los que existe una situación de 'riesgo extremo' de corrupción.

En materia de prevención de riesgos medioambientales y protección del entorno, Vázquez ha apuntado a una 'confusión' por parte de las empresas en sus memorias entre los términos 'principio de precaución', que indica el desarrollo de mecanismos para hacer frente a sucesos inesperados y solo seis empresas del grupo disponen de ellos, y el principio de prevención, para evitar riesgos de este tipo.

Por otra parte, aunque 33 de las empresas disponían en 2012 de una política definida en materia medioambiental, 'prácticamente ninguna' ha desarrollado un proceso de medición de riesgos adaptado a la realidad de cada uno de los países en que opera, según ha explicado. 'Si yo tengo una empresa que produce en varios países, los posibles riesgos de mi actividad no serán los mismos en Francia que en Nicaragua', ha ejemplificado Vázquez.

Por otra parte, ha lamentado que únicamente ocho de las empresas presentaran en sus memorias las multas recibidas en materia medioambiental, mientras que el resto 'normalmente afirma que no se han producido multas significativas sin detallar qué entienden por significativas'.

Pese a que el coordinador del observatorio ha matizado que el informe 'no pretende acusar' a las empresas o afirmar que se están llevando a cabo malas prácticas desde la perspectiva de la RSC, ha recordado que 'es un tema reconocido que parte de la crisis está fundamentada en un problema de buen gobierno'. Por ello, ha invitado a las empresas a no 'omitir riesgos' en la redacción de sus memorias de RSC 'no abarcando todo el abanico de riesgos a que están expuestas' debido a su actividad comercial y empresarial.