El Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) da la razón a la queja presentada por CCOO y UGT en relación a la vulneración de derechos sindicales que suponía la última reforma laboral aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy. En concreto, el organismo internacional asegura que esta reforma, que dio lugar a la convocatoria de dos huelgas generales el pasado 2012, vulnera los derechos de libertad sindical y de negociación colectiva, reconocidos y garantizados por los Convenios 87, 98 y 154 de la OIT ratificados por España.
El 371º informe del Comité de Libertad Sindical recoge que el Real decreto-Ley y 3/2012 de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, aprobado pocos días después de que patronal y sindicatos firmasen el II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, contraria varios aspectos sustanciales de este acuerdo debido a las 'diversas fórmulas establecidas para modificar lo pactado' que 'favorecen de manera sistemática la negociación descentralizada de disposiciones derogatorias', pudiendo 'desestabilizar globalmente los mecanismos de negociación colectiva así como las organizaciones de empleadores y de trabajadores y debilita la libertad sindical y la negociación colectiva con violación de los principios consagrados en los Convenios 87 y 98'. El informe también alerta del 'riesgo que implica la prioridad aplicativa del convenio de empresa' en lugar del colectivo.
La OIT 'invita al Gobierno a que promueva un diálogo tripartito' sobre esta última ley de cara a conseguir los objetivos en materia de negociación colectiva que establecen los principio de la organización y que España ha ratificado.
Otro aspecto en el que incide este informe en el campo de las Administraciones Públicas, cuyos trabajadores se vieron afectados por el Real decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, en el que el Ejecutivo establecía una serie de medidas de reordenación y racionalización de las administraciones modificando los estatutos y situaciones contractuales de los trabajadores públicos.
Este decreto ley se aplicó sin consultar con los agentes sociales, como constata el informe, contraviniendo las recomendaciones del organismo, que deja clara la importancia del diálogo con tiempo suficiente antes de la aprobación de este tipo de leyes. La OIT afea al Gobierno que haya utilizado la crisis económica para imponer esta reforma con carácter de urgencia, vía Real Decreto-Ley, sin promover la consulta con las organizaciones sindicales más representativas, algo que el Gobierno esgrimió ante la organización solicitando la desestimación de la queja de CCOO y UGT. 'Si la situación del empleo y económica es excepcional, la solución no es imponer una renegociación, una suspensión o una derogación de los convenios colectivos', dice la OIT, que recuerda al Ejecutivo que 'debe tratar de convencer a las partes promoviendo el diálogo social'.
'A la vista del Informe del Comité de Libertad Sindical de la OIT el Gobierno debería tomar buena nota y sentarse a negociar la reversión de la reforma laboral que venimos demandando las organizaciones sindicales desde el mismo momento de su imposición', indican CCOO y UGT en un comunicado conjunto.
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