La Plataforma de Afectados por la Hipoteca sigue adelante con su particular 'juicio y castigo' a la banca, a la que considera responsable de gran parte de la crisis económica y de los desahucios que dejan sin casa a cientos de familias al día. En esta ocasión ha vuelto a poner el foco sobre el Banco Santander, el BNP Paribas y sus responsables, Ana Patricia Botín; su padre Emilio Botín y al exconsejero delegado de la entidad financiera, Alfredo Sáenz.

El abogado de la PAH en Madrid, Rafael Mayoral, ha registrado en la Audiencia Nacional (AN) este jueves una ampliación de la demanda que interpuso en octubre por fraude continuado contra la Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI), participada al 50% por cada entidad. Una ampliación que extiende a otra financiera, Credifimo, perteneciente a Caixabank, acusada del mismo delito cuyas víctimas no han sido sólo las familias que no han podido hacer frente a las cuotas de la hipoteca, sino todo los ciudadanos, ya que 'el Banco Central Europeo (BCE) también es una víctima de estas prácticas', ha asegurado Mayoral.

En total, son más de cien los afectados por las llamadas hipotecas basura o subprime que están personadas en esta demanda, ha explicado Mayoral a las puertas de la AN tras entregar la documentación. En ella se recogen los indicios que la Plataforma ha recopilado sobre presuntos delitos de estafa continuada por la venta sistemática de productos financieros tóxicos: las hipotecas basura o subprime; también por presuntos delitos contra el consumidor, contra el orden socioeconómico y asociación ilícita en concurso con organización criminal, ha añadido el letrado.

A los bancos no les importaba que no se devolviesen los créditos porque los externalizaban El modus operandi de estas operaciones consistía en vender hipotecas para cambiar o adquirir viviendas con unas condiciones que 'hacían previsible el impago de un elevado número', sin embargo, estas financieras las concedían sin advertir de los riesgos a las personas que las firmaban. A los bancos no les importaba que no se devolviesen los créditos porque su objetivo era lo que se conoce como titulización: trasmitían el riesgo de impago -que era alto- 'para incrementar su negocio y obtener mayores beneficios', asegura la PAH en su informe. Mediante estas operaciones se vendían a inversores internacionales los préstamos dudosos y así podían sacar de sus balances contables estos 'agujeros' y pedir más financiación al BCE. En ocasiones llegaban a comprarse ellos mismos estos créditos con la autocartera y 'los usaban como garantía para pedir más liquidez al BCE', ha dicho Mayoral. Estos activos los hacía pasar por bonos con las calificación máxima (AAA) cuando las agencias de rating las habían colocado al nivel de bono basura. 'Había pleno conocimientos de UCI, de Credifimo y de los bancos que eran sus propietarios', ha criticado el abogado, por lo que 'el BCE también podría ser víctima de este fraude. Podría investigarlo si quisiera garantizar y defender los derechos de los ciudadanos, porque sus fondos son públicos', afirma Mayoral.

La Plataforma está recabando más información respecto a la cantidad de dinero que estas entidades obtuvieron del BCE mediante estas prácticas, que estiman muy alta y que tendrán preparada en unos días.

'Parece que no tienen ninguna prisa por investigar esta estafa' Hace ya seis meses desde que la PAH presentó la primera querella en nombre de los afectados -personas con inestabilidad laboral o ingresos insuficientes: jóvenes e inmigrantes, fundamentalmente-, pero de momento no hay ningún avance. 'No hemos recibido ninguna notificación sobre la tramitación de la demanda', confiesa a Público Mayoral, quien asegura que fuentes no oficiales les han informado de que Anticorrupción está investigando el caso. 'Parece que no tienen ninguna prisa por investigar esta estafa', ha criticado.