El Ministerio de Hacienda está sopesando la supresión de los incentivos fiscales a la compra de vivienda habitual, al menos tal y como hoy los conocemos. Se trata de una vieja reclamación de Bruselas, que culpa a esos incentivos del sobreendeudamiento de las familias españolas durante el boom inmobiliario.

Para las arcas públicas supondría un importante alivio, ya que la desgravación por vivienda cuesta actualmente alrededor de 4.000 millones de euros anuales. Pero su eliminación supondría un serio varapalo para los más de cinco millones de contribuyentes que aminoran su cuota del IRPF gracias a ella.

Precisamente esa repercusión social obliga al Gobierno a medir mucho sus pasos, como reconoció el pasado lunes el secretario de Estado de Hacienda. Miguel Ferre admitió que hay derechos adquiridos en juego y que, por tanto, 'no tendría sentido' quitar la desgravación 'de golpe y sin alternativas'.

Esas palabras han sido generalmente interpretadas como un reconocimiento implícito de que Hacienda abordará el asunto en la reforma tributaria anunciada para 2014, aunque buscará fórmulas que le permitan atenuar el coste político de la supresión de una de las desgravaciones más populares.

Los incentivos fiscales a la compra de vivienda datan de 1979 y, desde entonces, han ahorrado a las familias españolas un total de 85.000 millones de euros. Pero, precisamente por eso, ha sido una tentación para los gobiernos ponerles coto en tiempos de crisis en aras de cuadrar sus cuentas.

Zapatero ya le dio un fuerte hachazo en 2011, al limitar la desgravación a los contribuyentes con menos de 24.100 euros de renta. Sin embargo, esa limitación nunca fue efectiva, porque Rajoy la suprimió con carácter retroactivo recién llegado al poder, en cumplimiento del programa con el que ganó las elecciones.

Paradójicamente, sólo unos meses después, el propio Gobierno del PP decidió privar de la desgravación a quienes adquirieran una vivienda a partir del 1 de enero de 2013. Los compradores anteriores sí siguen disfrutándola, aunque puede que para ellos también tenga las horas contadas.

De todas formas, la enjundia de la desgravación ha ido disminuyendo paulatinamente desde su nacimiento, a fin de reducir el importante impacto recaudatorio que llegó a tener. En la actualidad es del 15% de la inversión realizada, con un tope de 1.356 euros por contribuyente.

Su eventual supresión afectaría también a las comunidades autónomas, en un momento en el que atraviesan por serías carencias financieras. Los gobiernos regionales sufragan la mitad de coste de la desgravación.