La CNMV ya sabía en 2011 que las entidades bancarias que comercializaron participaciones preferentes habían desoído las advertencias que les hizo un año antes y seguían manteniendo la cotización de esos títulos por encima de su 'valor razonable'.

Así lo admitió el supervisor bursátil en un informe fechado en septiembre de 2011 en el que se analizaban operaciones realizadas en el segundo trimestre de ese año por las entidades que agrupaban el 95 % de productos híbridos y que ha sido aportado ahora al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, que instruye el 'caso Bankia'.

En el informe se recuerda que, en junio de 2010, la CNMV remitió al sector un escrito advirtiendo de que constituían 'malas prácticas' tanto las cotizaciones 'significativamente alejadas del valor razonable' como el case interno de operaciones entre clientes minoristas, o entre clientes y la entidad, 'salvo que se gestionen adecuadamente los conflictos de interés existentes en estos casos'.

Varios meses después, en octubre de ese año, el supervisor insistía en ese mensaje y apostaba por el Sistema Electrónico de Negociación de Deuda (SEND), una plataforma de negociación de renta fija para minoristas puesta en marcha en mayo de 2010, 'para fomentar la correcta formación del precio y aumentar la transparencia del mercado secundario de estos valores'.

Un año después de las primeras recomendaciones, la CNMV admite en su informe que, aunque casi todas las entidades aseguraban que estaban 'revisando sus sistemas', el proceso 'está siendo muy lento y se observa poca evolución efectiva en la situación del mercado secundario de productos híbridos'.

'La mayor parte de las entidades continúan manteniendo sistemas internos de case con precios de cruce cercanos al 100 % y no acreditan que este precio coincida con el valor razonable del producto', señalaba el supervisor, que añadía que ese precio 'se encuentra en un importante número de casos con toda probabilidad por encima de su valor razonable'.

El informe observaba también en el sector 'una clara opción por incorporarse al SEND', aunque algunas entidades todavía mantenían sistemas internos de case de operaciones, por lo que la CNMV señalaba que 'continúan sin gestionar de forma adecuada los conflictos de interés'.

Éstos se daban tanto entre clientes -'beneficiando a un cliente (el vendedor que no asume la pérdida de su inversión) en perjuicio de otro (el comprador a precios superiores a los razonables)-' como entre la entidad y algunos de sus clientes.

En este caso, el comprador resultaba perjudicado en beneficio del banco, 'que evita las consecuencias negativas derivadas de reconocer la pérdida de valor de sus emisiones', entre las que citaba la pérdida de imagen, la dificultad de colocar emisiones posteriores o el riesgo de reclamación por malas prácticas.

La CNMV también advertía de 'deficiencias en el cumplimiento de la obligación de actuar en mejor interés de los clientes', especialmente cuando coexistían varias emisiones con rentabilidades muy diferentes e igual precio, ya que al comprador no se le informaba de que había productos al mismo precio y con mejores condiciones.

Esto último sucedía en varias entidades, aunque en el informe enviado al juez solo se puede leer el nombre de Bancaja, ya que la CNMV ha tachado las referencias a las que son ajenas a Bankia, por lo que solo aparecen datos referidos, además de a la valenciana, a Caja Ávila, Caja Insular de Canarias, Caixa Laietana, Caja Madrid, Caja Rioja y Caja Segovia.

De hecho, en el capítulo dedicado a Bancaja se decía que ésta tenía dos emisiones de preferentes antiguas 'valoradas por el departamento de Estudios a febrero de 2011 en torno al 30 %', aunque los precios fijados por la entidad estaban entre el 98 y el 102 %.

'En el curso de una inspección abierta se les ha señalado ya esta mala práctica', señala el informe. Caja Madrid, por su parte, tenía una única emisión de preferentes, de 2009, que también se negociaba 'a precios cercanos al 100 %'.

El juez Andreu ya disponía de otro informe de la CNMV, éste fechado el pasado 11 de febrero, en el que también se aseguraba que Bankia, Caja Madrid y Bancaja beneficiaron a unos clientes en perjuicio de otros, a los que vendieron las participaciones preferentes de las que se deshacían los primeros a precios 'alejados de su valor razonable'.