La nueva reforma de las pensiones planteada por el Gobierno español podría suponer una pérdida del poder adquisitivo de las prestaciones de entre un 14,8% y un 28,3% en los próximos 15 años, según cálculos hechos públicos el viernes por Comisiones Obreras (CCOO). El sindicato presentó su evaluación de la propuesta el mismo día en que el Consejo de Ministros ha analizado el anteproyecto de ley sobre el llamado factor de sostenibilidad de las pensiones, que prevé desvincular su revalorización anual del IPC ya desde 2014 y adaptar a partir de 2019 la cuantía de las prestaciones a la esperanza de vida.

El Gobierno, que quiere tener aprobada antes de fin de año la reforma para cumplir con las recomendaciones de Bruselas, no ha hecho públicos sus cálculos sobre el impacto de la reforma en la cuantía de las pensiones, pero asegura que su propuesta garantiza la estabilidad del sistema y lo blinda ante posibles arbitrariedades políticas. CCOO consideró sin embargo que la propuesta del Ejecutivo no aislaba a las pensiones del debate electoral y dijo que la mayoría de datos utilizados en la fórmula que sustituirá a la inflación para calcular la revalorización anual de las prestaciones dependerán de decisiones del Gobierno.

Aunque aún no se conocen los detalles de la fórmula que estará detrás del nuevo índice, sí se sabe que tendrá en cuenta la inflación, los ingresos y gastos del sistema y sus déficit y superávit en medias de once años (el año en curso, cinco años previos y las previsiones de los cinco posteriores). CCOO volvió a instar al Ejecutivo tomar medidas alternativas para mejorar los ingresos de la Seguridad Social y reducir así el impacto de la reforma, y planteó entre otras opciones subir de forma temporal las cotizaciones o financiar vía presupuestos algunas prestaciones como por viudedad y orfandad.

UGT y CCOO han pedido al Gobierno que retire la propuesta de reforma de las pensiones, puesto que supondrá para los pensionistas españoles una pérdida de poder adquisitivo de hasta un 28% en los próximos 15 años, y han criticado que el Ejecutivo no les haya presentado hasta la fecha ningún documento al respecto.

Así lo han expresado el secretario de Protección Social de CCOO, Carlos Bravo, y la secretaria de Política Social de UGT, Carmen López, tras reunirse durante la mañana de este viernes con el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos. 'Pedimos al Gobierno que retire la propuesta de reforma de las pensiones, porque puede suponer una pérdida del poder adquisitivo de entre un 20% y un 28%', ha señalado Carmen López, que ha añadido que 'es importante que el Gobierno diga la verdad y que se siente a negociar con los agentes sociales sobre lo que realmente necesita el sistema de Seguridad Social español'.

'La reforma de las pensiones no es necesaria, porque no tenemos el problema en las normas, en las leyes o en lo que las articula, el problema está en el mercado laboral, en la destrucción de empleo, que es lo que ha generado el déficit coyuntural actual', ha explicado, la secretaria de Política Social de UGT

Según Carlos Bravo, el Gobierno ha admitido que la formula planteada en la reforma de las pensiones tiene elementos de discrecionalidad. 'Esto supone que cada año se deberían tomar decisiones que afectarían a la subida de las pensiones', ha advertido. 'Hemos presentado una batería de propuestas, de alternativas al ajuste de gasto en pensiones, para afrontar las necesidades de las pensiones en la actual situación española de tasa de desempleo del 27% y de déficit derivado de la destrucción de empleo', ha reseñado el secretario de Protección Social de CCOO.

Los sindicatos calculan que con las actuaciones que proponen el sistema de la Seguridad Social podría mejorar sus ingresos en 69.237 millones. Como medidas inmediatas proponen una subida de dos puntos de las cotizaciones por contingencias comunes (se recaudarían 7.000 millones, el 0,67 % del PIB). De aplicación progresiva serían un incremento del 15 % de las bases máximas de cotización (se ingresarían 1.900 millones, el 0,18 % del PIB) y una equiparación de las bases medias del régimen de autónomos y del General (7.000 millones, el 0,67 % del PIB). También, de forma paulatina, el Estado debería asumir los gastos de administración de la Seguridad Social (2.640 millones) y convertir la reducción de cuotas en bonificaciones (600 millones).

De forma estructural habría que aplicar políticas de empleo que recuperen los tres millones de trabajos perdidos por la crisis y una lucha más intensa contra la economía sumergida (21.297 millones, el 2,03 % del PIB) y que el Estado financiase las prestaciones por muerte y supervivencia (21.800 millones, el 2,08 %).CCOO también ha calculado que la nueva fórmula de revalorización supondrá una pérdida de poder adquisitivo para los pensionistas de entre un 14,8 % y un 28,3 % durante los próximos quince años.