España es el segundo país de la Unión Europea en términos de desigualdad social por detrás de Letonia según el estudio de la Fundación 1º de Mayo Desigualdad y Estado social en España, que analiza cómo los recortes sociales a partir de 2010 no harán más que agravar la brecha entre los más ricos de los ricos y el resto. La situación, pese a los continuos mensajes del Gobierno de Mariano Rajoy de que en el medio y largo plazo el país volverá a recuperar bríos pasados, es impredecible desde el punto de vista social. La imparable destrucción de empleo acompañada de la reducción de salarios, la precarización laboral, la reducción de los subsidios o su eliminación, la asfixia al Sistema Nacional de Salud y a la Educación pública y los recortes en pensiones hacen que si España era históricamente un Estado con un índice de desigualdad superior a la media europea, ahora lo sea mucho más. Y el origen, sobre todo, está en el ladrillazo.

Los datos de Eurostat con respecto a la desigualdad así lo evidencian. Aplicando el índice de Gini se puede comprobar que la desigualdad en España entre 2005 y 2010 aumentó 2,1 puntos (del 31,8% al 33,9%, mientras que la media de la Unión se redujo en una décima pasando del 30,6% al 30,5%.

Según el estudio, esta diferencia 'está vinculada a la evolución de la desigualdad de los ingresos. En España, la relación entre el 20% de la población que más ingresa y el 20% que menos ingresa ha variado de un índice de 5,5 al 6,9 en el mismo periodo de tiempo, mientras que en el resto de la UE ha permanecido en el 5. El informe avisa de que dicho escalón es materialmente insalvable por muchas políticas sociales que se apliquen.

Son dos indicadores que sirven para hacerse una idea global de la situación, que se ve agravada con algunas consecuencias de la destrucción de puestos de trabajo. Una de ellas es la importancia en el contexto de crisis actual de las prestaciones sociales en los ingresos familiares. Importancia que aumenta al tiempo que el gasto social del Estado se reduce. 'El peso de estas prestaciones respecto al conjunto de los ingresos de los hogares se ha incrementado de una manera notable desde el inicio de la crisis, y así, si en 2005 suponían el 18% de los ingresos, en 2010, tras la caída de otro tipo de ingresos [financieros e inmobiliarios, pero sobre todo, para las clases trabajadoras, de carácter crediticio], los recursos aportados por las políticas sociales suponen el 48% de los ingresos de los hogares, lo que no hace sino subrayar la importancia del gasto público de carácter social para la población con menores ingresos', explica el estudio.

El desigual reparto de la renta sería, sin embargo, el principal indicador de la desigualdad del Estado. En 1977, en plena Transición, 'la remuneración de la población asalariada representaba el 67,3% del PIB', mientras que en 2012, cuatro décadas después, 'este porcentaje se ha reducido al 53,4%'. La cosa se compensa con el aumento imparable de las rentas del capital con respecto a las del trabajo, es decir, los beneficios empresariales no han parado de aumentar, incluso en las épocas de crisis, mientras que los de los trabajadores han ido disminuyendo progresivamente.

Las medidas adoptadas por los últimos Gobiernos del PSOE y del PP han empeorado la situación. Ya sea por la aplicación de las reformas laborales, la reducción de los sueldos de los empleados públicos, la eliminación de las pagas extras o la moderación salarial como norma para reducir costes y aumentar la productividad.

Desde el pinchazo de la burbuja, la renta de los trabajadores cayó un 6,2% hasta el año pasado y los beneficios empresariales aumentaron un 2,7%. La crisis también se ha cebado con los trabajadores autónomos o, en el neologismo que emplea el PP, los emprendedores, que son 'el eslabón más débil de la cadena'. El informe constata que en 2011, 'el 40% de los trabajadores por cuenta propia se encontraba en riesgo de pobreza, frente al 7,1% de los trabajadores por cuenta ajena'.

El aumento de la desigualdad en relación con la distribución de la renta se disparó entre 2001 y 2007 según este análisis. Las cifras son contundentes: 'Los hogares más ricos registraron una renta media mensual de 9.158 euros en 2001, mientras que en el caso de los más pobres fue de 758 euros. Esto significa que los hogares más ricos tuvieron 9,1 veces más renta que los más pobres. Esta brecha aumentó un 6% entre 2001 y 2007, hasta alcanzar los 9,8 puntos de diferencia'. Esto viene a poner de manifiesto que el milagro económico español no lo fue para todos. Por ejemplo, entre 2001 y 2006 'los ingresos medios del 10% de la población más rica se incrementaron un 23% por el 11% del conjunto de la población', el mayor aumento en democracia.

Las diferencias salariales son otro de los indicadores que hacen una radiografía perfecta de las cosas. En primer lugar está la brecha entre hombres y mujeres, que en 2010 ganaban de media más de 2.000 euros menos que sus compañeros de trabajo. Esa brecha también está muy marcada en franjas de edad, con las personas por encima de los 55 años cobrando anualmente el doble que los jóvenes de entre 20 y 24 años y 1,6 veces más que los de entre 25 y 29.

La situación se acentúa si se trata de un trabajador nacional o de un emigrante. Ese mismo año, un español cobrara 1,4 veces más de media que un latinoamericano. Y en términos globales, 'el salario del 10% de la población trabajadora con mayor salario es alrededor de cinco veces superior al salario del 10% de la población trabajadora que menos cobra', reza el documento.

Mujeres, jóvenes y emigrantes han sido los más expuestos a los contratos basura antes y durante la crisis. Y eso implica más desigualdad y más precariedad ya que si bien este tipo de relación laboral se introdujo en 1984 y sirvió para aumentar la población activa, en momentos como el actual son generadores de pobreza e inseguridad. Un dato significativo es que este tipo de contratos, que según los datos del paro registrado ayer son los que más crecen gracias a las facilidades de la última reforma laboral, suponen el 22% del total, la misma cifra que en 1988. 

El informe que presentó el pasado viernes el Banco de España sugiriendo la idoneidad de introducir sueldos por debajo del Salario Mínimo Interprofesional para reactivar el mercado laboral sería, de ser aceptado, un nuevo motivo de auge de las desigualdades. El informe de la Fundación reconoce que el SMI juega un papel condicionante en la negociación colectiva pero también sirve de paracaídas para los trabajadores más expuestos: 'Gracias a su existencia, la clase trabajadora dispone de un mínimo legal en materia retributiva que, aunque modulada por las distintas modalidades contracturales, fundamentalmente, por la existencia del contrato a tiempo parcial [y su imposición de manera involuntaria a determinados colectivos], actúa como garantía mínima ante la desigualdad'.

De ahí que 'las recomendaciones del Gobernador del Banco de España de 31 de mayo con relación a eludir esta garantía mínima salarial en determinados supuestos sea inaceptable, puesto que supone abrir definitivamente la competitividad a la baja entre los propios trabajadores y trabajadoras en una situación de extrema escasez de ingresos'.

Si el endeudamiento de las familias gracias a las facilidades de crédito durante los años de la burbuja aumentó de manera considerable pese a la reducción de las rentas del trabajo da otra perspectiva de las diferencias sociales, el umbral de la pobreza es el más significativo de la España de hoy. 'El umbral de la pobreza ha venido descendiendo en los últimos años, lo que implica un empobrecimiento generalizado de la población', explica el texto. Desde 2004 a 2009, ese indicador fue 'aumentando paulatinamente en 1.695 euros anuales', pero justo el año en el que se pincha la burbuja y se abren las puertas a los recortes el umbral 'se ha reducido de forma progresiva' y hoy está en 7.355 euros, un 2% menos que en 2011. 'El volumen de personas que viven por debajo del umbral ha disminuido en el último año. Sin embargo, esto no significa que haya menos personas en situaciones vulnerables, sino que, como consecuencia del rápido descenso del umbral, se consideran pobres sólo a personas que son aún más pobres', concluye el informe.

Con este contexto, el equipo de la Fundación 1º de Mayo asegura que los efectos de los recortes empeorarán la situación. 'Serán regresivos y tendrán un profundo impacto a medio y largo plazo en la renta media y en la desigualdad de ingresos de los países donde se lleven a cabo, aunque es impredecible la magnitud de estos impactos'. En cierto modo, se habla de una progresiva desaparición de la clase media ya que 'las diferencias entre las personas ocupadas con ingresos regulares y las personas desempleadas con ingresos mucho menores o carentes de ellos, serán más marcadas. Con toda probabilidad, las consecuencias más graves de la crisis en términos de desigualdad están todavía por llegar'.