El expresidente de la Comisión de Control de La Caja de Canarias, José Ramón Durán Alday, ha calificado de 'estafa colosal' la venta de participaciones preferentes a los clientes de la entidad, que se incorporó a Bankia, al considerar que este producto se vendió tras 'maquillar y falsificar' los balances de cuentas correspondientes a 2008 y 2009.

Durán Alday, que ha declarado como testigo ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu en la causa en la que se investiga la fusión y salida a Bolsa de Bankia, ha señalado tras su comparecencia que en el año 2010 esta entidad y las otras cajas que formaron el grupo 'ya habían perdido el 50 por ciento de su patrimonio', a pesar de lo cual siguieron vendiendo preferentes.

'Aquéllos que compraron participaciones preferentes fueron inducidos a error. Incluso un catedrático de Economía Financiera pudo ser estafado porque se presentaron como sanos balances que no lo eran', ha dicho el exdirectivo tras su declaración judicial como testigo, que ha realizado a iniciativa del colectivo '15-MpaRato'.

El abogado de esta acusación popular, Juan Ignacio Moreno Yagüe, ha hecho un llamamiento a los afectados para que se adhieran a su querella al objeto de incrementar la fianza en concepto de responsabilidad patrimonial que tiene previsto solicitar a los 33 exconsejeros de Bankia que se encuentran imputados. Este colectivo representa actualmente a 21 afectados, por lo que la fianza podría alcanzar los 400.000 euros.

Ante el juez, según fuentes jurídicas, Durán Alday ha mantenido que en septiembre de 2011 advirtió de que las cuentas aprobadas de 2010 no representaban 'la realidad patrimonial' de la entidad por la valoración de la acción de La Caja en el Banco Financiero de Ahorros (BFA), matriz del grupo. En diciembre de 2011, cuatro meses antes de su dimisión, las siete cajas que formaron Bankia habían perdido el 90 por ciento de su patrimonio, según sus cálculos.

Sus advertencias sobre las 'irregularidades' en la caja se concretaron en dos cartas que mandó al Consejo de Administración de la entidad y a la Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias, a los que pidió la convocatoria de una Asamblea General Extraordinaria que no se convocó a pesar de tener el quórum necesario, y una tercera que remitió al Banco de España.

En concreto, el testigo ha señalado que en octubre de 2011 asistió a una reunión con varios directivos del Banco de España, entre ellos el director de los servicios jurídicos, en la que también estuvo presente el entonces presidente de la entidad, Juan Manuel Suárez del Toro, imputado en la causa. El supervisor ya había advertido en diciembre de 2010 que la caja necesitaba más dotaciones, provisiones y reclasificaciones, así como la mejora del perfil de riesgo su cartera crediticia.

Sin embargo, la única consecuencia de estas denuncias fue el cambio de auditor de la caja, que sustituyó a Ernst & Young por Deloitte. Esta última firma se negó a aprobar en marzo de 2012 las cuentas del año anterior de Bankia, lo que desató la salida de Rodrigo Rato como presidente y tuvieron que ser reformuladas en mayo de ese año, pasando de unos beneficios de 309 millones de euros a 2.979 millones de pérdidas.

El compareciente, que fue elegido vocal de la entidad a propuesta del PSOE, también ha señalado que ningún representante podía entrar en el Consejo de Administración sin ser propuesto por partidos políticos u organizaciones empresariales y sindicales, y que la entidad concedió créditos en negocios como la instalación de paneles solares que estaban por encima de las posibilidades del acreedor.

Se trata de la primera declaración testifical ordenada por el juez instructor después de que comparecieran en sede judicial los principales protagonistas de la crisis de Bankia, entre ellos el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, que contestó  por escrito a las declaraciones de las partes.

En la causa están imputados Bankia y su matriz, el Banco Financiero de Ahorros (BFA), en calidad de personas jurídicas, y 33 exconsejeros del grupo, entre ellos el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, que presidía la entidad, y el exministro del Interior Ángel Acebes.

Por su parte, el PSOE ha formalizado este viernes el escrito en el que reclama a la Fiscalía General del Estado que investigue si el 'engaño estructural' al que las entidades financieras han sometido a los pequeños ahorradores con las participaciones preferentes puede ser constitutivo de un delito de estafa.

El escrito, firmado por la portavoz socialista en el Congreso, Soraya Rodríguez, recuerda que hay unas 300.000 personas 'atrapadas' en estos productos complejos y no pueden disponer de sus ahorros, que ascienden aproximadamente a 8.000 millones, la mayoría, 6.500 millones, correspondientes a Bankia.

Considera que, después de que el FROB haya establecido el canje obligatorio en acciones para los titulares de preferentes de las entidades nacionalizadas, con una quita de entre el 38 % y el 61 % del nominal, es 'muy probable' que, cuando vayan a vender las acciones 'haya una segunda quita'.

Según explica el documento del PSOE, 'la presión de las sucursales bancarias sobre sus clientes para colocar estos productos ha sido muy intensa', tratándose además de 'ofertas inciertas y engañosas'.