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Bankia, BBVA y Caixabank aportarán un total de 2.749 viviendas, casi el 46% de los inmuebles que formarán parte del Fondo Social de Viviendas, una bolsa de 6.000 pisos ofrecidos por los bancos y las cajas de ahorros con la que el Gobierno pretende dar alojamiento a las personas que se hayan visto afectadas por desahucios.
Prácticamente todo el sector financiera aportará inmuebles para este fondo de pisos sociales en alquiler. Según fuentes financieras, Bankia aportará cerca de 1.000 inmuebles; BBVA, 899, y Caixabank 850. Santander, por su parte, aportará 427, a las que hay que sumar las 143 de Banesto, 18 de Santander Consumer y 2 de Banif. Catalunya Caixa participará en el fondo con 355, Banco Popular con 330, Bankinter con 100, Barclays con 142 y Sabadell con 138. Además, BMN aportará 180 viviendas, Ibercaja banco 105, Banco Unicaja 100, Kutxa 150, Liberbank 96, Ontinyent 14, Caja3 14 y Pollença 1.
El jueves se firmará el convenio que supondrá el inicio de actividad del Fondo Social de Viviendas. En la rúbrica, que tendrá lugar a las 17:00 horas en el Ministerio de Economía, participarán el titular de este departamento, Luis de Guindos, y la ministra de Fomento, Ana Pastor, además de representantes de la AEB, la CECA y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). En virtud del convenio, los servicios sociales de ayuntamientos y diputaciones serán los que emitan, a petición de la entidad de crédito, un informe sobre la necesidad o riesgo social del solicitante de la vivienda, al objeto de priorizar entre los demandantes. El plazo para la emisión del informe será de quince días.
Las entidades financieras fijarán mensualidades de 'escasa cuantía' para alquilar estas casas. A ellas podrán acceder personas que hayan sido desalojadas de su primera vivienda a partir del 1 de enero de 2008 y que, además, se encuentren en 'situación especial de vulnerabilidad social', según el Ministerio de Economía. El ministro de Economia, Luis de Guindos, informó en su día de que las viviendas que formen parte del Fondo Social para alojar a víctimas de desahucios se alquilarán por precios de entre 150 y 400 euros y en ningún caso podrán tener costes que superen un tercio de los ingresos de los arrendatarios.
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