El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, confirmó este martes que está investigando los posibles delitos de fraude y evasión fiscal de los ciudadanos españoles que forman parte de la conocida como lista Falciani, el documento entregado por el informático franco italiano, Daniel Hervé Falciani, a las autoridades francesas en 2010 con las cuentas  de posibles evasores en el banco suizo HSBC y que la entonces ministra de Finanzas gala, Christine Lagarde, envió al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

El coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, exigió el pasado mes de diciembre (consulta la petición en PDF) a la Fiscalía que investigara a las personas con cuentas en Suiza y tuviera en cuenta la información que pudiera aportar Falciani, detenido el pasado mes de julio en España y puesto en libertad a mediados de diciembre, en la lucha contra la evasión fiscal. Asimismo, desde Izquierda Unida reclamaron que no se enviara a Ginebra a Falciani, sobre el que pesa una solicitud de extradición de las autoridades suizas que le acusan de robo y de desvelar información confidencial

Torres-Dulce ha contestado por escrito a Lara que el Ministerio Fiscal realizará 'una investigación en profundidad de todas aquellas personas y sociedades mercantiles que pudieran poseer cuentas opacas en paraísos fiscales o en Suiza para no pagar impuestos o para ocultar presuntas actividades delictivas”. Las pesquisas, según el fiscal, se iniciaron en septiembre del año pasado 'a fin de determinar los riesgos con posible trascendencia penal que pudieran derivarse de la actividad desarrollada por la entidad HSBC Private Bank Suisse.

De lo poco que se ha conocido hasta ahora del contenido de la lista Falciani se sabe que contenía los nombres de 659 personas. El Gobierno de Zapatero, en lugar de perseguir a los posibles defraudadores, inició una amnistía camuflada de regularización, de la que se aprovcharon 300 personas. El importe que ingresó el Estado por el ajuste de cuentas con el Fisco no superó los 260 millones de euros, cuando se esperaba que el valor total de las cuentas rozaba los 6.000 millones.

La mayor parte, 200 millones, provenían de la regularización a la que se sometió el presidente del Banco Santander, Emilio Botín, y 12 familiares. Cayo Lara, en el escrito que remitió en diciembre a Torres Dulce, se hacía eco de las denuncias del sindicato de inspectores de Hacienda Gestha, que asegura que las grandes empresas y las grandes fortunas son los principales responsables de la evasión de capitales con una cifra que rondó los 43.000 millones de euros en 2010. El escrito presentado por Lara, también advertúia de que'el artículo 124 de la Constitución Española atribuye al Ministerio Fiscal la misión de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad de los derechos de los ciudadanos y del interés público' y exigía que 'a la vista de los hechos expuestos y tomando como punto de partida la información contenida en los documentos y en las declaraciones, como la del propio Señor Falciani [...] debiera abrirse por parte del Ministerio Público, con la mayor celeridad posible y empleando todos los recursos a su alcance, una investigación en profundidad de todas aquellas personas y sociedades mercantiles, que pudieran poseer cuentas opacas en paraísos fiscales o en Suiza'.

Falciani fue puesto en libertad condicional en diciembre y la Audiencia Nacional sigue estudiando la posibilidad de extraditarlo a Suiza, tema del que tiene la última palabra el Consejo de Ministros.