Ahorradores y pensionistas españoles que han visto desaparecer su dinero por invertir en la entidad nacionalizada Bankia acudirán previsiblemente a los tribunales para buscar compensaciones en lugar de esperar a la apertura de una investigación oficial, algo que parece cada vez más improbable. Unos 350.000 accionistas compartirán la carga del rescate europeo, muchos de ellos clientes del banco a quienes vendieron las acciones a través de una enérgica campaña de publicidad de caraa su salida a bolsa en 2011.

Las acciones de la entidad, rescatada por el Estado en mayo en la mayor operación de este tipo en España, cayeron a mínimos históricos el viernes, cediendo más de un 40% desde el inicio de la semana después de que conocerse que sus pérdidas por préstamos incobrables eran peores de lo esperado. La acción ha caído un 85% desde su salida a bolsa. 'Ir a los juzgados y ver si un juez nos da la razón es lo único que nos queda ya', dijo Mari Carmen Olivares, cuyos padres perdieron los 600.000 euros que habían conseguido vendiendo el taller mecánico de su padre al invertir en acciones preferentes de Bankia en 2009.

Ninguno de los dos principales partidos quieren impulsar una investigación completa sobre la caída de Bankia, que podría llamar la atención sobre su propio papel en una debacle que ha llevado a España al borde de un rescate internacional, según analistas. 'Las investigaciones suelen funcionar cuando un partido político tiene algo que ganar contra otro y lo empuja más. En este caso, ninguno tiene nada que ganar', dijo Juan Carlos Rodríguez, de Analistas Socio Políticos. 'No veo a los grandes partidos investigando esto, porque si han cometido errores, los errores los han cometido unos tantos como otros'.

El Partido Socialista gobernaba cuando Bankia se formó en 2010 a partir de una combinación de siete cajas de ahorro regionales, una unión que concentró una exposición insostenible al colapsado sector inmobiliario español. Una inmensa presión política del entonces Gobierno forzó a ejecutivos de Bankia a seguir adelante con una salida a bolsa en julio de 2011 mientras España intentaba atraer capital privado a su sistema bancario y evitar un rescate europeo. El entonces presidente, Rodrigo Rato, ex director del Fondo Monetario Internacional, tenía fuertes vínculos con el Partido Popular (PP) de centroderecha, y fue vicepresidente económico en los Ejecutivos del PP con José María Aznar.

Un pequeño partido político, UPyD, obligó a la Audiencia Nacional en julio a abrir una investigación sobre si Rato, que dimitió cuando el banco fue nacionalizado en mayo, y otros 32 ex miembros del consejo, son culpables de fraude, fijación de precios o falsificación de cuentas. El juez instructor del caso, Fernando Andreu, no ha presentado aún cargos contra nadie, y aún podría archivarlo.

Rato compareció ante el juez en calidad de imputado el pasado 20 de diciembre y negó cualquier responsabilidad sobre lo sucedido. Rato, que legalmente no puede hablar con la prensa porque es objeto de una investigación judicial, ha mantenido una reducida presencia pública desde el rescate del banco en mayo. Un grupo de manifestantes se concentraron frente a la Audiencia el día de su declaración con caretas con su cara.

La investigación se centra en la salida a bolsa de Bankia, la formación de la entidad a partir de las siete cajas de ahorro y el déficit de capital descubierto en el banco tras la toma de control por el Estado en mayo. Rato y otros 23, incluyendo ejecutivos del banco y ministros del Gobierno, fueron convocados para hablar ante una comisión parlamentaria en julio de este año, en la que Rato dijo que tenía la conciencia tranquila y había hecho las cosas bien. 'Fue una operación de maquillaje por parte del Gobierno para frenar la polémica que había creado el desastre de Bankia', dijo una fuente del Partido Socialista.

La oposición socialista pidió una investigación parlamentaria completa en mayo, pero el PP en el Gobierno la bloqueó, dijo la fuente del PSOE. Una portavoz del PP dijo que cualquier investigación sobre Bankia debería realizarse en los tribunales, no en el Gobierno. Una fuente del Gobierno dijo que cualquier proceso de investigación correspondía no al Ejecutivo, sino a los tribunales.

Bankia, junto con otros bancos españoles, vendió miles de millones de euros en acciones preferentes y deuda subordinada a clientes no especializados, muchos de los cuales aseguran que fueron engañados con sus ahorros y piden compensaciones. El juez de instrucción no ha incluido la venta inapropiada de participaciones preferentes - instrumentos híbridos que se sitúan entre una acción y un bono - en la investigación. Los tenedores de acciones preferentes en Bankia sufrirán pérdidas de hasta el 46% como parte del plan de rescate europeo, recibiendo a cambio acciones en lugar de efectivo. 'Dinero no lo vamos a ver por ningún sitio. Si nos dan algo va a ser acciones, pero acciones sin valor o credibilidad de una entidad nacionalizada', dijo Olivares, que dijo que no había sabido nada del banco sobre a cuánto ascenderían sus pérdidas.

Las pérdidas que asumirá cada inversor no se han decidido aún, dijo un portavoz de Bankia, añadiendo que los tenedores de híbridos en todos los bancos rescatados tenían que asumir pérdidas, no sólo en Bankia. Una fuente cercana a la investigación judicial dijo que desde luego había margen para una investigación independiente más amplia sobre la venta inapropiada de acciones preferentes, no sólo en Bankia, sino en todas las cajas de ahorros españolas.

Olivares, al igual que muchos otros pequeños ahorradores de bancos rescatados por el Estado, afirma que a sus padres les vendieron las participaciones preferentes como una especie de cuenta de ahorro de alto interés y que el personal del banco no explicó los riesgos asociados. El Gobierno va a establecer un proceso de arbitraje para compensar a los clientes de Bankia que puedan demostrar que fueron engañados cuando compraron acciones preferentes, dijo la semana pasada el ministro de Economía, Luis de Guindos.

Sin embargo, muchos españoles de a pie que perdieron sus ahorros de toda una vida con el rescate de Bankia dicen que no es suficiente y quieren respuestas sobre qué pasó con su dinero. 'Lo que queremos es justicia, por lo menos que reconozcan que hubo una estafa', dijo Raimundo Guillén, un trabajador del sector eléctrico de 50 años de edad que colocó 30.000 euros en acciones preferentes de Bankia pensando que eran una especie de cuenta de ahorros. 'Es como si te quitan la cartera, pero en vez de con la cara cubierta, con la cara destapada'.