Nuevos recortes en Portugal. Ahora le toca a los sueldos. El primer ministro luso, el conservador Pedro Passos Coelho, ha anunciado nuevas medidas para aumentar las cargas sociales de los trabajadores, que a la postre implica una rebaja de los salarios, y, para rematar la faena, bajar las que soportan las empresas.

Passos Coelho considera que las decisiones aprobadas por el Banco Central Europeo (BCE) no bastan para garantizar el saneamiento de la economía lusa y anunció, entre otras medidas, un aumento del 11 al 18 % en la contribución de los trabajadores a la Seguridad Social, y un descenso, del 23,75 al 18 %, en la que grava a las empresas.

En una alocución al país, el dirigente conservador también explicó un nuevo sistema del corte aplicado a las pagas extras del sector publico, que beneficiará a los funcionarios pero no a los pensionistas, para cumplir la sentencia del Tribunal Constitucional que rechazó esas medidas por discriminatorias. La decisión del tribunal, que no afectó a la suspensión de las pagas extras aplicada este año pero la prohíbe en 2013, ha obligado al Gobierno a 'repartir' los sacrificios de la crisis con los trabajadores del sector privado, explicó Passos Coelho.

Para Coelho, las decisiones del BCE no bastan para sanear la economía lusa

El aumento del descuento destinado a la Seguridad Social en siete puntos porcentuales afectará a todos los trabajadores, sean de entidades públicas o privadas de Portugal, que está sujeto desde hace más de un año a un severo plan de austeridad para cumplir las condiciones de su rescate financiero.

Los funcionarios, pero no los pensionistas, recuperarán en el ejercicio de 2013 una de las dos pagas extras anuales suspendidas y la recibirán de forma fraccionada, mes a mes, para mejorar su poder adquisitivo, según lo anunciado por el primer ministro. El aumento de la aportación de los trabajadores, justificó, permite bajar la que se aplica a las empresas para 'reducir sustancialmente' sus costes e incentivar la inversión, la competitividad y la creación de empleo.

Carlos Zorrinho, líder parlamentario del principal partido de la oposición, el Socialista, calificó de inmediato como 'insoportable' la nueva carga sobre los salarios y reprochó al Gobierno tanto los 'enormes sacrificios' que ha exigido al país como el 'fracaso' de su política económica por el aumento del desempleo y la recesión. Dirigentes del principal sindicato luso, la Confederación General de Trabajadores Portugueses (CGTP), y del Partido Comunista coincidieron en tildar las nuevas medidas de 'robo' a los trabajadores para favorecer a los empresarios.

Pero Passos Coelho justificó sus decisiones en la 'emergencia económica' de la que aún no ha salido el país, pese a haber ganado, en sus 15 meses de Gobierno, mayor credibilidad en los mercados financieros y haber reducido la dependencia comercial del exterior.

El mandatario justifica las medidas en la 'emergencia económica' de Portugal 

La decisión anunciada ayer por el BCE de comprar deuda de los países bajo ayuda financiera de la UE, facilita, según el primer ministro luso, el regreso de Portugal a los mercados y sus programa de ajuste. 'Pero no sustituye el esfuerzo de reformar nuestra economía', advirtió, una tarea que además es necesaria para contar con el apoyo exterior.

Las nuevas medidas fueron anunciadas por el líder conservador el mismo día en que se informó de un empeoramiento de la recesión que vive Portugal, atribuida por la oposición a la política del Gobierno, aunque Passos Coelho consideró que es causa de los problemas que ya arrastraba el país.

El Producto Interior Bruto (PIB) luso registró en el segundo trimestre de este año una caída del 3,3 % en relación al mismo periodo de 2011. El descenso del PIB en comparación con el trimestre precedente fue del 1,2 %, mientras que entre enero y marzo la caída había sido solo del 0,1 por ciento respecto al periodo anterior y del 2,3 % en términos anuales. Portugal tiene, además, dificultades para reducir este año el déficit fiscal al 4,5 %, como le exigen las condiciones del rescate de 78.000 millones de euros que obtuvo el año pasado de la UE y el Fondo Monetario Internacional (FMI).