En lo que va de año, el Ministerio de Empleo ha detectado hasta 4.500 casos de fraude relacionados con personas que cobraban la prestación por desempleo pese a contar con un trabajo, ha descubierto 40.000 empleos irregulares, 800 infracciones y cerca de 14.000 contrataciones falsas. Estos datos, expuestos este viernes por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, llevan al Gobierno a pedir un 'cambio de mentalidad' a la sociedad española y aprobar la remisión del anteproyecto de ley de lucha contra el fraude en el ámbito del empleo irregular y el fraude en la Seguridad Social al Consejo Económico y Social (CES).

Para dar con estos casos, ha explicado la vicepresidenta, el departamento que dirige Fátima Báñez ha llevado a cabo más de 110.000 inspecciones en materia de empleo irregular en una tarea que el Gobierno pretende continuar con 'mejores medios' porque, ha justificado la 'número dos' de Rajoy en el Gobierno, 'cuando se hacen trampas se hace trampas a la sociedad'.

Asimismo, el Ejecutivo ha anunciado que el anteproyecto eleva el rango de las sanciones a las empresas defraudadoras tipificando como 'infracción muy grave' determinados supuestos como la coacción y la obligación a trabajar a empleados afectados por un ERE de suspensión de contrato o de reducción de jornada. También se incrementan las sanciones previstas más allá del límite máximo actual de 187.515 euros. Las multas se aumentarán porcentualmente cuando las infracciones afecten a más de un trabajador. Así, se pagará un 20 % más en cada infracción cuando se trate de dos trabajadores, un 30 % en cada infracción cuando se trate de tres trabajadores y así sucesivamente.

Para poner en marcha estas medidas, el anteproyecto contempla un aumento en el número de inspectores de trabajo hasta los 53 en 2012 y hasta los 60 subinspectores este año. Todos ellos colaborarán a su vez con los agentes de la Agencia Tributaria.