Pese a su vaguedad, algunos detalles del plan del ministro de Economía, Luis de Guindos, para paliar las prácticas abusivas de las entidades financieras en los desahucios de los hipotecados morosos inquietan al sector. Algunas entidades no se conforman con los beneficios fiscales prometidos para las que, de forma voluntaria, accedan a la llamada dación en pago (que la entrega de la casa salde la deuda en los casos en los que haya riesgo de exclusión social para el afectado). Así, para el caso de que el moroso, una vez entregue la propiedad de la casa al acreedor, permanezca en la misma en alquiler (una solución que ya se aplica en ocasiones), algunas entidades piden que se las incentive fiscalmente por los gastos de registro, administrativos y de otro tipo que acarrea esa operación. Si se les dieran incentivos, aseguran, se agilizaría la famosa dación.

En estos casos, explican fuentes jurídicas, el mayor gasto en el que incurre la entidad financiera una vez que se adjudica el inmueble es el pago del impuesto de Transmisiones Patrimoniales Onerosas (TPO), que, aunque varía de unas comunidades autónomas a otras, ronda el 7% del valor de la vivienda.

Además, la propuesta de Guindos de que, en caso de ejecución de la hipoteca, las entidades deban cubrir una parte (aún por fijar) de la diferencia entre el valor de tasación y el precio al que finalmente se ajusta al subastarse el inmueble genera preocupación en algunas entidades. Niegan que esa pérdida de valor se deba a un error en la tasación y la atribuyen a los movimientos del mercado.

Economía ha planteado que, en caso de desahucio, las entidades 'participen con un determinado porcentaje' en la diferencia entre el valor actual de la vivienda respecto al de compra 'debido a la deficiencia de la tasación o la desvalorización del inmueble', para evitar en lo posible que el afectado se quede sin casa y, además, hipotecado de por vida. Parte del sector defiende que esas valoraciones las hicieron tasadoras independientes y supervisadas por el Banco de España. Esto último es cierto. Pero, hace poco, ese mercado estaba mayoritariamente copado por bancos y cajas.

Además, parte del sector reclama que, también para ese supuesto en el que el desahuciado permanezca en la casa hasta entonces de su propiedad en régimen de alquiler, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) le avale. También se propone aprovechar líneas del ICO ya existentes y que se acote el colectivo de beneficiarios. Por ejemplo, la Línea ICO Moratoria 2009, que lanzó el anterior Gobierno para aminorar la carga de hipotecados con problemas económicos, permitía aplazar el pago del 50% del importe de las cuotas hipotecarias durante dos años, con un tope de 500 euros al mes. Esa línea, cuyos beneficiarios eran principalmente parados, autónomos con escasos ingresos y perceptores de pensiones de viudedad titulares de una hipoteca que no fueran morosos, no tuvo el éxito esperado. Ahora se podría reorientar, defienden en el sector.

Guindos ha prometido ayudas fiscales a las entidades que, voluntariamente, admitan la dación. Serían incentivos 'entre los que cabría la posibilidad de incluir como gasto fiscalmente deducible las pérdidas en que hubiesen incurrido por la dación'. Fuentes financieras defienden que esas ventajas ya se dan, porque en el momento en que se apunta ese préstamo como pérdidas no paga impuestos.

La Confederación Española de Cajas de Ahorros (Ceca) y la Asociación Española de Banca (AEB), las dos principales patronales del sector, mantienen la prudencia respecto a los planes del Gobierno porque aún no han recibido ninguna documentación oficial al respecto. El borrador les llegará en los próximos días.

En el sector se pide que el proceso de ejecución hipotecaria sea 'mucho más transparente', y que cuando un inmueble salga a subasta se obligue a utilizar las nuevas tecnologías para incrementar la competencia, una idea que el Gobierno está dispuesto a impulsar. La propuesta persigue beneficiar al moroso. Cuando una subasta se queda desierta, la ley actual establece que el propietario debe entregar la casa al banco por un mínimo del 60% del valor de tasación que figure en la escritura del préstamo; el resto del crédito lo sigue debiendo.