El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, anunciará hoy que está preparando un Decálogo contra los desahucios donde se incluyen medidas para intentar reducir las ejecuciones hipotecarias. El ministro aprovechará la interpelación de Izquierda Plural sobre la dación en pago y los abusos de las entidades financieras para anunciar las iniciativas que estudia su departamento. Sin embargo, la mayoría de ellas consiste sólo en recomendaciones a las entidades financieras sobre cómo deberían actuar en estos casos. Se trata más de un Código de Buenas Prácticas que de una normativa legal, según fuentes conocedoras del mismo.

Entre esas recomendaciones se encuentra dar un periodo de carencia al deudor cuando se ha llegado al momento de ejecutar la hipoteca y desalojar la vivienda para sacarla a subasta. El Ministerio quiere que se den dos años de carencia al hipotecado, periodo durante el cual pagaría a la entidad financiera una renta que resultaría de aplicar un porcentaje (está por definir, aunque se ha hablado del 5% o 10% ) al precio de remate o de adjudicación de la vivienda. Durante esos dos años no se podría ejecutar la vivienda y Economía espera que, transcurrido ese plazo, la situación económica haya mejorado.

Las entidades financieras aseguran que ya aplican la moratoria

No obstante, fuentes del sector señalan que el periodo de carencia no es nada nuevo porque ya lo están aplicando los bancos y cajas a sus clientes que no pueden pagar el crédito. 'Lo que el ministro dice que va a hacer es más de cara a la galería para contrarrestar el efecto negativo de la reforma laboral que cambiar la situación actual', explican desde una entidad financiera. Y otras fuentes del sector insisten en que las entidades intentan renegociar siempre porque ningún banco o caja 'quiere quedarse con un piso' que va a tener que provisionar.

El decálogo también contempla que haya un umbral de exclusión, por debajo del cual no se debería realizar la ejecución hipotecaria, pero sí permitir la dación en pago como medio liberatorio de la deuda si es el particular el que lo decide así. Aunque en el decálogo sólo se habla de 'una situación socioeconómica que haga merecedora de esa protección', desde el sector financiero han pedido a Economía que concrete quiénes estarían en esa situación porque temen que sea demasiado permisiva con casos no extremos o que incluso pueda llegar a 'incitar a no pagar las hipotecas'.

Como estas medidas no serían impuestas por el Gobierno sino sólo 'aconsejadas', Guindos incluye como incentivo una nueva bonificación fiscal para las entidades financieras. Esta consiste en la deducibilidad de las pérdidas asumidas voluntariamente por el banco o caja al aplicar el decálogo.

Economía estudia una Línea ICO de apoyo a los hipotecados

El presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), Miguel Martín, señaló ayer en un encuentro organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) que no se opone a que las entidades 'voluntariamente' acepten daciones en pago 'por razones humanitarias o las que quieran. 'El Gobierno pide un esfuerzo adicional y nosotros encantados', añadió Martín, que aprovechó para insistir en que 'hay que terminar con las entidades financieras zombis si no pueden subsistir por sí solas'.

Otra de las propuestas estudiadas por el Ministerio consiste en rebajar los intereses moratorios (es el interés que se paga por no cumplir los plazos de devolución de la deuda y es el juez el que lo decide). También se estudian nuevas líneas del ICO de apoyo y mejorar los procedimientos de ejecución mediante las subastas por internet para que haya más transparencia y más ofertas de compra de los bienes subastados.

Mientras, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca sigue parando desahucios y prevé comenzar en marzo la recogida de firmas para que se debata la iniciativa legislativa popular sobre la dación en pago retroactiva, moratoria de desahucios y alquiler social.