Dicen que la economía es cíclica. Mediado 1996, el Partido Popular llegaba al poder tras unas elecciones anticipadas y lo primero que hacía era declarar a los mercados financieros que confiasen porque su tijera era más grande que la de nadie. Rodrigo Rato, recién nombrado entonces vicepresidente económico del Gobierno (hoy presidente de Bankia), tenía que lidiar con unos Presupuestos Generales del Estado aprobados para 1995 y prorrogados un año más. El último Gobierno de Felipe González no había logrado los apoyos en el Parlamento para sacar adelante unos ad hoc para el nuevo ejercicio.

Rato rebajó las estimaciones de crecimiento del PIB del ministro de Economía saliente, Pedro Solbes; redujo en base a su nuevo pronóstico la previsión de ingresos públicos, cogió las cuentas, las recortó (200.000 millones de pesetas menos sobre el gasto de unos presupuestos ya prorrogados) y las hizo suyas. No se aprobaron unas nuevas. El año estaba avanzado y no se consideró necesario porque de lo que se trataba era de ajustarse hasta cumplir los criterios del Pacto de Estabilidad de la Unión Económica y Monetaria para pasar a formar parte de la primera hornada de países del euro.

El PP recortó los presupuestos prorrogados que heredó en 1996

Hoy el euro está en peligro, se empeñan los mercados, ajustarse es la solución, dicen los poderes públicos, y los pronósticos apuntan a una vuelta al poder del PP que ya está mostrando en los Gobiernos autonómicos en los que ha aterrizado que ha vuelto la tijera popular. Sea del signo político que sea, el Gobierno entrante se encontrará con unos presupuestos prorrogados que los expertos esperan que se sustituyan por unos nuevos en cuestión de meses porque esta vez hay más plazo. Además, en el conjunto de las administraciones, el déficit debe pasar del 6% en 2011 al 4,4% comprometido para 2012. En lo que corresponde al déficit del Estado, ya en 2011 promete dejar en 24.400 millones de euros un déficit que había alcanzado los 50.700 millones en 2010.

¿Está en riesgo el objetivo de 2012 por la prórroga de presupuestos? En absoluto. De hecho, prorrogar supone ahorrar, equivale a un nuevo ajuste, explican los expertos. Es, de hecho, 'una restricción muy fuerte del gasto', afirma Gregorio Izquierdo, director de estudios del Instituto de Estudios Económicos (IEE). El automatismo del que habla el artículo 134 de la Constitución y el 38 de la Ley General Presupuestaria no es absoluto. Por ejemplo, como especifica esta última norma, 'la prórroga no afectará a los créditos para gastos correspondientes a programas o actuaciones que terminen en el ejercicio'.

Es decir, por un lado, como explica Jesús Ruiz Huerta, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos, 'las partidas de gasto son idénticas a las aprobadas para 2011' pero por otro, añade Miguel Ángel García, coordinador del gabinete económico de CCOO, 'se exceptúan los programas que no se consideran plurianuales'. Esto último afecta fundamentalmente 'al Capítulo VI y VII, referidos a inversiones reales y transferencias de capital'.

Los expertos prevén que el Gobierno entrante apruebe rápido otros nuevos

En los presupuestos generales para 2011, las inversiones en infraestructuras se redujeron un 31%, hasta 14.640 millones. El dinero dedicado a carreteras caía un 50% y el destinado a inversiones del ferrocarril, un 21%. También se restringía ya en ese presupuesto un 7% la inversión en programas de I+D civil. Ahora, además, los programas no plurianuales desaparecen.

Al margen de estos capítulos, 'los ministerios reciben de partida los mismos créditos', explica Miguel Ángel García, aunque 'están sujetos a periodificación'. Esto significa, según Ángel Laborda, director de Coyuntura de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas), que 'sólo pueden gastar cada mes la duodécima parte del total asignado para el año'.

El Gobierno nuevo además 'es probable que declare más créditos de no disposición, como ha venido ocurriendo estos años' con los sucesivos ajustes, añade Laborda.

Hay partidas que crecen de forma automática. Miguel Ángel García llama la atención sobre la diferencia entre los derechos consolidados, que incluyen las prestaciones por desempleo, las pensiones y los gastos financieros de la deuda, y los de uso condicional.

Los primeros constituyen gastos 'de obligado cumplimiento'. Es decir, se actualizan de forma automática según las necesidades de pago. En los presupuestos de 2011, a pesar del tijeretazo general, el gasto social creció un 1,3% convirtiéndose en el 58% del total del gasto, tras situarse la previsión en 183.230 millones. El principal motivo, causa del 35,5% del total de los Presupuestos del Estado, fueron las pensiones, a las que por el envejecimiento de la población se destinó un 3,6% más que en el ejercicio anterior.

Pero las pensiones contributivas, exceptuando las mínimas, se congelaron en 2011 y, según los expertos, la prórroga de presupuestos supone que se mantienen congeladas un año más. Otra cosa es, comenta Laborda, que 'si nos creemos las declaraciones del PP respecto a la congelación de las pensiones, debería esperarse que si llegan al Gobierno decidan revalorizarlas'. Tampoco se actualiza el IPC en los sueldos de los funcionarios, comenta Laborda.

Fuentes oficiales del Ministerio de Economía aseguraron, sin embargo, que la prórroga 'se aprueba en un decreto ley, que tiene que ser convalidado por el Parlamento, no necesariamente por el pleno, sirve la Comisión Permanente, y en esa norma hay margen para introducir cambios'.

También es automática la partida para el subsidio de desempleo, que en 2011 se ajustó a una coyuntura en la que, con 4,6 millones de parados y una estimación de beneficiarios del paro de 2,9 millones, el Estado tendría que aportar más del 50% de las prestaciones, ya que desde 2007 las aportaciones sociales de empresarios y trabajadores dejaron de ser suficientes.

El pago de los intereses y el capital de la deuda también se actualiza de forma automática. En los presupuestos para 2011 se pronosticaron 27.420 millones, un 18,1% más provocado por los ataques de los mercados de 2010. Tras las turbulencias de 2011, año en que la prima de riesgo española ha llegado a estar en 400 puntos los gastos financieros aumentarán. Su pago está garantizado ahora incluso en la Constitución.