Una pantalla verde con sede en Valencia, Los Verdes Ecopacifistas, vinculados a varios promotores inmobiliarios, ha bloqueado la llegada al Congreso de una de las iniciativas emblemáticas del Movimiento 15-M y, a su vez, la más temida por los partidos mayoritarios y la banca: la dación en pago, es decir, que la entrega del piso salde la deuda de la hipoteca.

El pasado 11 de marzo, este partido de apenas 300 militantes, que ha trabado varias alianzas electorales con la derecha como Unió Valenciana y sin infraestructura para recoger las 500.000 firmas que exige la ley, registró en el Congreso y en los 17 parlamentos autonómicos escritos para abrir formalmente el proceso de la iniciativa legislativa popular sobre la dación en pago.

Los Verdes Ecopacifistas se adelantaron a la plataforma creada

El efecto práctico, sin embargo, es el inverso: impide que lleguen al Congreso iniciativas preparadas desde hace meses por las principales organizaciones sociales. Salvo que la Mesa del Congreso se muestre flexible lo que, hasta ahora, no ha sucedido, hasta el próximo marzo, sólo Los Verdes Ecopacifistas pueden recoger firmas al respecto, con lo que son prácticamente nulas las posibilidades de que la iniciativa llegue al Congreso. El proceso de recogida de firmas tiene una gran dificultad técnica y no sólo por la gran cantidad que se exigen: está supervisado por la Junta Electoral y requiere una fotocopia del DNI de todos los firmantes. No basta con firmar un papel. Sólo plataformas con organizaciones de gran implantación social tienen capacidad para recoger 500.000 firmas en nueve meses.

Además, pese a que ya han pasado más de tres meses desde que recibieron el visto bueno, Los Verdes Ecopacifistas ni han anunciado públicamente su campaña ni se han puesto aún a recoger los apoyos, según reconoce a Público su vicepresidente y portavoz, Alejandro Escribano, directivo de dos promotoras inmobiliarias (Vega de la Selva y Sibana) y, en el pasado, de otras empresas familiares también vinculadas al sector: Graesa, Ucros y Jardines de Torrente.

La petición para que la fórmula de la dación en pago, que funciona en varios estados de EEUU, se debata en el pleno del Congreso ha sido formulada reiteradamente por la izquierda minoritaria con el apoyo, en ocasiones, de CiU y siempre se ha encontrado con el muro en contra del PP y el PSOE. La última vez, el pasado jueves, en las resoluciones del debate de política general, que introdujeron algunas medidas de alivio para los que no pueden pagar la hipoteca, pero volvieron a cerrar la puerta a la dación en pago.

El partido, de 300 militantes, aún no ha empezado a recoger firmas

Ante esta situación de bloqueo, las principales organizaciones partidarias de esta opción empezaron a prepararla campaña de ILP el pasado noviembre. La plataforma cuenta con millones de afiliados: incluye, entre otros, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, CCOO, UGT, la Organización de Consumidores y las federaciones de asociaciones de vecinos de toda España.

A finales de enero, la campaña ganó notoriedad tras una sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra respaldando un auto favorable a la dación en pago. Y entonces se anunció que la ILP estaría lista para finales de marzo.

La sentencia, pionera, encendió todas las alarmas del sector financiero. La agencia de rating Fitch advirtió de inmediato: 'Fitch espera que la apelación del prestamista anulará la sentencia inicial. Sin embargo, si la apelación fracasa, daría lugar a un importante precedente material que potencialmente forzaría a Fitch a revisar sus actualesvaloraciones del mercado'.

El presidente de la Asociación Española de Banca, Miguel Martín, escribió el 7 de marzo una misiva a Economía mostrando preocupación por la sentencia y las 'iniciativas que, de confirmarse, pondrían en cuestión el principio de seguridad jurídica y tendrían un impacto muy negativo'.

Martín citaba en su carta la nota de Fitch y, en la cuenta atrás de la presentación de la ILP de los movimientos sociales, advirtió de que 'la limitación de la responsabilidad del deudor repercutiría gravemente en la solvencia de las entidades de crédito'.

La semana siguiente, el día 11, el abogado Alejandro Escribano, dirigente de Los Verdes Ecopacifistas, registraba en el Congreso una petición para impulsar una ILP 'sobre el establecimiento de la dación en pago'. El partido no hizo ni siquiera una nota anunciándolo y el pasado viernes no había aún ninguna mención al respecto en su página web. Ni de esta petición de ILP, ni de las 17 que presentó simultáneamente en todas las comunidades autónomas y que, salvo en Euskadi, ya han sido desestimadas al ser la reforma de la Ley Hipotecaria competencia del Congreso.

El día 30 de marzo se registró finalmente la tan anunciada ILP impulsada por las organizaciones sociales y se presentó públicamente con gran expectación y el apoyo expreso de la izquierda minoritaria. Pero, el 26 de abril, la Mesa la desestimó: al haber ya una iniciativa clónica supuestamente en marcha casi clandestina, no puede admitirse a trámite.

Fuentes de la campaña de las organizaciones sociales explican que, en los más de dos meses transcurridos desde entonces, no han logrado que nadie de Los Verdes Ecopacifistas responda a sus múltiples llamadas. Según estas fuentes, tras registrar su ILP, recibieron un correo electrónico de esta formación 'ecopacifista' infor-mándoles de que ellos ya habían presentado una iniciativa análoga. Y se esfumaron: no contestaron emails ni llamadas durante dos meses.

El pasado viernes, un día después de que Público contactara con Escribano, Los Verdes Ecopacifistas enviaron un email a la coordinación de la campaña de los movimientos sociales invitándoles a sumar esfuerzos. 'Nosotros no sabíamos que había una campaña en marcha y nuestro único objetivo es recoger las firmas', explica Escribano. El abogado añade que 'varios problemas técnicos' les han impedido empezar la campaña, pero que tienen previsto iniciarla pronto. Según su versión, estos problemas han aplazado también el periodo legal de recogida de firmas, con lo que aún cuentan con nueve meses para intentar lograrlas. Es decir, tienen justo hasta marzo, cuando vence la legislatura.

Si los comicios se adelantaran o Los Verdes Ecopacifistas lograran la prórroga de tres meses que prevé la ley si se alegan 'circunstancias excepcionales' como la convocatoria de elecciones, el bloqueo se prolongaría incluso durante toda la próxima legislatura porque este tipo de iniciativas no decaen. En tal caso, la plataforma debería esperar al menos hasta 2017.

Los Verdes Ecopacifistas es un partido que siempre ha sido considerado 'oscuro' por la mayoría de organizaciones ecologistas (ver artículo en la página 3). Pero, según su portavoz, el hecho de que varios de sus dirigentes sean promotores inmobiliarios no debería causar suspicacias sobre sus intenciones con la ILP de la dación en pago.

'Una cosa es la empresa y la otra la militancia ecologista; son ámbitos que no tienen nada que ver', subraya Escribano, que fue cabeza de lista en Valencia en las últimas elecciones municipales.

Escribano es hijo de Alejandro Escribano Vidal, un promotor inmobiliario importante en el desarrollismo del tardofranquismo en Valencia, según varios urbanistas consultados. El propio Escribano Vidal fue candidato del partido el 22-Men el pequeño municipio de Almohaja (Teruel), aunque no reunió ni un solo voto.

El consejo en pleno de las varias empresas familiares que se dedican a la promoción inmobiliaria fueron candidatos de Los Verdes Ecopacifistas el 22-M: Marcelo Escribano Sanmartín administrador de ocho sociedades relacionadas con la promoción inmobiliaria fue el número dos en Alcalá de la Selva (Teruel), donde la familia tiene negocios inmobiliarios y un enfrentamiento con el Ayuntamiento, del PSOE.

Y Josefa Sanmartín, que ha participado en consejos de tres de estas empresas, fue candidata en otro pequeño pueblo de Teruel: La Zoma.

La familia Escribano-Sanmartín, alma máter de Los Verdes Ecopacifistas, que dice contar con 300 militantes en toda España, tiene, además, una vinculación importante con el urbanismo en Valencia: el redactor del Plan General de Ordenación de Urbanismo (PGOU) de la ciudad, llamado también Alejandro Escribano, es primo del portavoz del partido y de varios de sus candidatos y, por tanto, sobrino del patriarca de las empresas y también candidato.

El PGOU se redactó en 1988 con alcalde socialista, pero, tras la victoria del PP, su autor se convirtió en uno de los arquitectos de referencia de este partido, cuya Administración ha encargado a su despacho privado dictámenes avalando algunos de los proyectos más polémicos, como el de la reforma del Cabanyal, entreotros. El arquitecto es, desde hace años, una de las bichas del movimiento ecologista en el País Valencià.

'Mi primo no tiene nada que ver con la ILP sobre la dación en pago, pero estoy seguro de que también querrá firmar', remacha el portavoz de Los Verdes Ecopacifistas.

El partido tiene otros dirigentes relacionados con el negocio inmobiliario. Su fundador y presidente, Abelardo Lloret, constituyó en 1996 la empresa Banco Datos Inmuebles SL, cuyo objeto social son las actividades inmobiliarias y que se mantuvo en su órbita familiar hasta 2008. Otro de los miembros de su reducida cúpula, Juan Costa, fue hasta 2009 apoderado de InmoBrusselen SL, del mismo sector.

Fuentes de la Mesa del Congreso explican que la ley que regula las ILP no deja rendijas interpretativas que permitan aceptar a trámite la iniciativa promovida por las organizaciones sociales porque se registró primero la de Los Verdes Ecopacifistas. Y en la misma legislatura no es posible tratar dos veces un mismo tema.

Los movimientos sociales que la impulsan han presentado otra propuesta, menos directa, pero el 21 de junio recibieron la respuesta por escrito. La firmaba el propio presidente de la Cámara, José Bono: 'No'.

El 15-M deberá esperar. Según el Congreso, es la hora de Los Verdes Ecopacifistas.