Las telefónicas tienen miedo. Un número creciente de ciudadanos tiene en su mano un teléfono móvil que permite conectarse a internet, descargarse un programa para hablar a través de la red como Skype y saltarse el coste de las llamadas de voz tradicionales, su principal ingreso aún. La diferenciación de tarifas mensuales de internet móvil, de forma que sólo se permita la conexión a programas de voz sobre IP a los usuarios que paguen las tarifas mensuales más elevadas, es el camino que las operadoras creen que se debe seguir. De hecho, aunque sólo sea sobre el papel, ya lo han emprendido (únicamente lo permite el contrato de las tarifas más altas aunque técnicamente lo permiten con cualquiera). Pero ¿qué pasa si el usuario tampoco abona el acceso a internet? ¿Qué ocurre si, como permiten los smartphones, se conecta a través de un punto wifi público y accede gratis o a un precio muy inferior?

Esta negra nube sobre los ingresos del sector movilizó a Redtel (el lobby que agrupa a Telefónica, Vodafone, Orange y Ono), que se dirigió a los partidos políticos antes de las últimas elecciones para disuadirles de incluir entre sus promesas el acceso gratis a internet a través de antenas wifi en lugares públicos. Les aseguraban que la prestación pública del servicio no es rentable y está fallando por falta de demanda, que los proyectos se están abandonando y ponían como ejemplo la paralización del iniciado por el Ayuntamiento de Chantada, en Lugo. ¿Es esto cierto? ¿No es rentable el wifi público o promovido por un ayuntamiento? ¿Quién paga la instalación inicial de antenas? ¿Quién ingresa el coste de las conexiones que llegan hasta esas antenas? ¿Cuánto cuestan esas conexiones en comparación con lo que se cobra a un usuario final por contratar el acceso en su domicilio?

Un buen número de ayuntamientos usó el Fondo Estatal de 5.000 millones

Como definió hace tiempo la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), la prestación del acceso a internet público va encorsetada en un buen número de obligaciones destinadas a impedir que las administraciones públicas compitan de forma desleal con las operadoras privadas. Salvo excepciones (como la prestación del servicio para dependencias municipales, en bibliotecas o centros educativos, que se consideran autoprestación), el ayuntamiento tiene que separar la contabilidad del servicio de internet de las cuentas municipales. Debe tender a la rentabilidad, es decir, lograr ingresos por el servicio (ya sea cobrándolo, ya prestándolo ligado a publicidad o patrocinios) y no dar por tanto el acceso a un precio por debajo de costes.

El despliegue inicial de la infraestructura sí puede, sin embargo, ir a cuenta de las arcas públicas. No sólo de las municipales, también de las estatales. De hecho, un buen número de municipios destinaron a este fin capital procedente del Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, la segunda gran inyección de dinero en la economía que decidió el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en los albores de la crisis para intentar revitalizarla, y que estuvo dotada con 5.000 millones de euros.

Las telefónicas cobran al prestador cien euros por un punto de acceso para 40 usuarios a la vez

Explorando los proyectos aprobados con cargo a ese plan, de los 133 ayuntamientos de más de 5.000 habitantes que han pedido a la CMT licencia para prestar servicio de wifi público (el total con licencia, si se incluyen poblaciones de menor tamaño, es de 347), 53 pidieron dinero del citado Fondo. Las cantidades superiores no son en cualquier caso muy abultadas y van desde los 1,8 millones de euros concedidos al Ayuntamiento de Zaragoza (674.317 habitantes) para su Red Wifi Fase II o los 1,3 millones que recibió el Ayuntamiento de Murcia (436.870 habitantes), a los 260.000 euros de Pamplona (198.491 habitantes). Luego hay un gran número de cantidades mucho menores concedidas a municipios también de menor población.

Pero, además del tamaño, la inversión tiene que ver con el número de puntos wifi. No son lo mismo los 50 puntos de Ourense, que por otro lado no pidió dinero del Fondo Estatal, que los 160 puntos de acceso de Burgos, que tiene cobertura wifi en el 40% del casco histórico. Burgos recibió 130.000 euros del Fondo Estatal para tender una red wifi municipal. Tampoco es lo mismo pagar en torno a 3.000 euros por un punto wifi, como cuesta de media con la mayoría de las marcas, que pagar el triple pero usar tecnología de Cisco.

Una vez establecida la infraestructura, llega la hora de decidir qué tipo de servicio se quiere prestar. Si no se cumplen las normas para comportarse como otro operador privado, el servicio no puede superar los 256 kbps de velocidad ni tener una potencia y orientación que permitan acceder desde el interior de los domicilios particulares. Es decir: prohibido competir con dinero público con los accesos de las telefónicas privadas. Este es el caso del Ayuntamiento de Barcelona.

Para esquivar estas estrecheces, el Ayuntamiento tiene la opción de volver a la iniciativa privada, es decir, sacar a concurso (por un plazo medio que está siendo de entre cuatro y siete años) la explotación de la red wifi o utilizar la figura del patrocinador. Esta última fórmula es la que utilizan los autobuses de la EMT en Madrid y no parece estar siendo replicada por nadie más por las dificultades que entraña que dicho patrocinador no se encarga de gestionar ni promocionar el servicio.

El cliente final puede recibir el servicio gratis con publicidad o pagar ocho o diez euros al mes

Los explotadores que se adjudican el servicio por concurso pueden acogerse a tres fórmulas: de pago, gratuita o una mezcla de ambas. La primera parece ser la que va a elegir Eurona, la compañía que se ha adjudicado la prestación en la ciudad de Zaragoza.

Avilés lo presta de forma totalmente gratuita, financiándolo con una plataforma de múltiples anunciantes, aunque su modelo está siendo cuestionado. En esta ciudad tiene adjudicado el servicio el operador Gowex, que sin embargo opta en la mayoría de las ciudades en las que se ha hecho con la prestación del wifi público (más de 20) por la opción freemium, que combina el acceso gratuito con el de pago. El wifi gratuito, que utiliza el 90% de los usuarios de Gowex, se financia con publicidad colgada de la página de validación con contenidos geolocalizados (informa, por ejemplo, del menú del restaurante más cercano). La velocidad de acceso máxima es en este caso de 512 kbps. Si se quieren velocidades superiores, entre tres y seis megas, hay que pagar. Ahora bien, mucho menos que por una conexión particular con un operador privado (ocho y diez euros al mes).

¿Es rentable dar este servicio? Tania Roel, directora de marketing de Gowex, asegura que sí. 'El crecimiento del número de smartphones que incorporan acceso wifi está haciendo que los usuarios del servicio lleguen por sí solos, máxime cuando una de nuestras opciones es dar servicio gratis'. La mayoría de los usuarios de Gowex prefieren la gratuidad pero un 10% es de pago. En cualquiera de las modalidades, la compañía asegura que es técnica y legalmente posible hablar con programas de voz sobre IP, salvo que se haya cortado intencionadamente esa posibilidad. Es el caso de la EMT de Madrid, que ha anulado la opción de hablar por internet y de utilizar programas de intercambio de archivos (P2P).

En los ayuntamientos de menor tamaño son empresas locales las que están prestando el servicio, muchas veces firmas de informática.

Sea cual sea el prestador, la infraestructura la pone el ayuntamiento, pero no la conectividad. A las antenas tiene que llegar 'una buena red de banda ancha', comenta Roel. Los proveedores no podían ser otros que las empresas de telecomunicaciones: Telefónica, Jazztel, Ono... ¿Cuánto cuesta su servicio? Según fuentes del sector, por cada punto wifi con entre 30 y 40 usuarios concurrentes (es decir, que puedan conectarse a la vez), las operadoras cobran al prestador del servicio de 80 a 100 euros al mes, prácticamente lo que perciben de un par de sus clientes por darles acceso en su domicilio.