No son 6.000 sino 8.500 los empleos que quiere recortar Telefónica en España. Así lo propuso ayer la compañía en su primera reunión con los sindicatos sobre el ajuste de la plantilla de su negocio de telefonía fija. Los sindicatos reclaman vincular el expediente de regulación de empleo (ERE) al convenio colectivo, que venció sin acuerdo para su renovación a finales de 2010. Telefónica no lo rechaza pero propone aumentar el número de afectados por el recorte y elevar de tres a cinco años el plazo del expediente.

En un país que acaba de aprobar una reforma de la normativa de pensiones para prolongar la edad legal de jubilación hasta los 67 años, Telefónica también ha recibido presiones del Ministerio de Trabajo, que ha pedido a la compañía que no incluya prejubilaciones para empleados de 48 o 50 años (como ocurrió con ajustes previos). Con la ampliación del plazo, las prejubilaciones de aquellos que estén afectados por el plan no se producirán antes de los 53 o 54 años. Con el planteamiento de un ERE de tres años como se pensó inicialmente, hubieran salido empleados de 51 años, mientras que ahora lo harán con dos años más.

La plantilla de Telefónica de España, según la memoria del ERE presentada ayer a los sindicatos, recoge una pirámide de edades en el área de telefonía fija que hace que, para alcanzar el recorte de 8.500 puestos de trabajo, haya que dirigirse también a empleados que actualmente tienen 50 años y a algunos de menos (ver cuadro adjunto).

Fuentes de Telefónica, que confirmaron la propuesta presentada a los sindicatos, insistieron ayer en que no hay una edad definida para acogerse al expediente, que será 'voluntario, no discriminatorio y universal', lo que significa que puede acogerse personal de cualquier edad. 'Otra cosa es que interese en edades muy tempranas', añadieron. Así fue también en los ERE anteriores, de forma que por debajo de 48 años se pagaba una indemnización de 45 días por año trabajado más un incentivo (9.500 euros en el último ERE); y por encima de 48 años se ofrecía una renta mensual hasta la edad de jubilación, es decir, era una prejubilación. Lo que empieza a negociarse desde ahora son esos tramos y condiciones, con la vista puesta en la próxima reunión, que será el 31 de mayo.

Desde ayer, ambas partes tienen un mes para negociar y presentar un acuerdo ante Trabajo. Telefónica quiere empezar a ejecutar el ERE cuanto antes y poner como fecha tope para acogerse el 31 de diciembre de 2015. En el ajuste que tuvo lugar entre 2003 y 2007, se preveía un recorte máximo de 15.000 empleos que quedó finalmente en torno a 13.500.

Telefónica cuenta con 27.935 empleados en el área de telefonía fija, cifra que dobla la plantilla del resto de sus competidores. En los sindicatos reconocen que la dimensión no es sostenible, máxime cuando la competencia en precios arrecia debido a la crisis y los nuevos hábitos de consumo de los usuarios. Pero eso no significa que no vayan a presentar batalla. Ya que la empresa está dispuesta a llegar a un acuerdo con un convenio vigente durante cinco años (los que dura el ERE), ayer los sindicatos ya informaron a Telefónica de cuáles van a ser los puntos por los que se van a batir el cobre en ese convenio. Entre ellos está uno de los caballos de batalla favoritos del presidente de Telefónica, César Alierta: desligar los salarios del IPC.

Los sindicatos reclamarán en la negociación del convenio que se garantice el poder adquisitivo de los trabajadores, que no se imponga la 'movilidad interprovincial forzosa' que creen podría derivarse de la nueva estructura por áreas geográficas en que se ha dividido Telefónica, ni que parte de la plantilla pase obligatoriamente a trabajar para 'una de las filiales en las que se está segregando la actividad'. También pedirán que no haga despidos colectivos objetivos durante el periodo de vigencia del ERE.

Además de las exigencias de los sindicatos, Telefónica tendrá que acatar un importante cambio normativo, que elevará sustancialmente el coste de este plan comparado con los acometidos en el pasado. El Grupo Socialista ha presentado en el Congreso una enmienda al Proyecto de Ley de Reforma de las Políticas Activas de Empleo que está siendo tramitado. En ella se dice que las empresas con ganancias, como es el caso de Telefónica, que obtuvo beneficios récord en 2010, tendrán que compensar al Tesoro Público con el equivalente al gasto por prestaciones de desempleo de la plantilla afectada por el expediente.

Prestación por desempleo
La prestación máxima por desempleo para un trabajador que queda en paro y que no tenga hijos es de 1.087 euros al mes. Si tiene un hijo. es de 1.242 euros y si tiene más, 1.397 euros. Esto significa que el máximo por 24 meses de paro de 8.500 trabajadores es de 285 millones de euros.

Seguridad social
El INEM paga por cada desempleado a la Seguridad Social un máximo de 724 euros al mes, lo que significa que por 8.500 pagaría 148 millones.

Quién lo asume
En los expedientes de regulación, aunque la empresa sea la que pague la renta de las prejubilaciones e incluso aunque se comprometa a pagar los costes del Convenio Especial con la Seguridad Social (cuantía que se paga desde que se deja de percibir la prestación por desempleo hasta que se alcanzan los 61 años o edad de acogerse a la jubilación anticipada), hay una parte que va con cargo a las arcas públicas: los dos años de desempleo. Este coste, que hasta ahora sólo había asumido la banca, tendrán que afrontarlo todas las empresas con beneficios que hagan un ERE.