El titular del juzgado número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha decidido incoar diligencias previas para investigar si las grandes agencias calificadoras (Moody's, Standard & Poor's y Fitch) han cometido los delitos que les atribuye la querella presentada en la Audiencia Nacional por alterar el precio de las cosas en beneficio propio y en perjuicio del erario público y de los ahorradores.

En un auto fechado el 28 de febrero y que no ha sido aún notificado a las partes pero que sí se ha incorporado al procedimiento, el juez sostiene que los hechos objeto de la querella revisten caracteres de delito, por lo que procede la incoación de diligencias previas, según informan fuentes jurídicas.

Abogados de Cuatrecasas y Uría se entrevistan con la fiscal del caso

En el mismo auto, el magistrado solicita a la Fiscalía que informe sobre las diligencias a practicar y sobre quién debe asumir la investigación. La fiscal del caso, Carmen Monfort, ha solicitado la traducción al español de las querellas análogas presentadas en Estados Unidos, a instancias precisamente de los fiscales de Connecicut y Ohio, que los promotores de la iniciativa en España aportaron a su causa en la Audiencia Nacional.

Además, en una providencia del pasado viernes, el juez solicita a los querellantes que aporten dicha traducción como paso previo a decidir sobre si la Audiencia asume finalmente la investigación.

El debate sobre la competencia sólo es posible una vez que el magistrado ha decidido ya que los hechos expuestos merecen una investigación por ser, en el caso de confirmarse, constitutivos de delito. Una vez dado este paso, el siguiente punto es dirimir a quién corresponde la competencia de investigar: la propia Audiencia Nacional o un juzgado ordinario. Y es respecto a este punto quién debe investigar, una vez decidido que la querella merece una investigación y no el archivo que el magistrado ha solicitado al Ministerio Público que se pronuncie.

Moreno aún no ha decidido si asume él la investigación o la deriva

La acusación popular, que reúne a seis organizaciones (Unión por las Libertades Civiles, Observatorio de los Derechos Económicos y Sociales, Attac, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, IU e ICV) sostiene que la competencia recae en la Audiencia Nacional porque los afectados son los ahorradores de todo el país y el conjunto de las administraciones públicas, que tienen que pagar intereses más altos por culpa del supuesto 'conflicto de intereses' de las agencias de rating. Pero si el juez interpretara que los principales actores están en Madrid, podría derivar el caso a la jurisdicción ordinaria.

La querella, coordinada por los abogados Gonzalo Boye y Jaume Asens, sostiene que las grandes agencias han infringido los artículos 284 y 285 del Código Penal para alterar en beneficio propio 'los precios que hubiera de resultar de la libre concurrencia'. Ambos artículos prevén multa y penas de cárcel de entre seis meses y cuatro años.

Los denunciantes preparan una ampliación de la querella criminal ya presentada para incoporar la última rebaja que hizo Moody's de la deuda española, que a su juicio refuerza la querella. La agencia la anunció justo antes de una intervención clave del Banco de España, con lo que supuestamente se reforzaría que 'el objetivo no es reflejar la realidad sino influir en ella en beneficio propio', en opinión de Boye. Los plazos elegidos por Moody's provocaron la indignación del Gobierno y una caída de la Bolsa española.

Las agencias calificadoras han evitado pronunciarse públicamente sobre la querella presentada en España, pero se han visto forzadas a defenderse ya en los tribunales de EEUU y de Alemania, donde suman al menos cuatro casos abiertos, parecidos al de España. En todos ellos argumentan que sus informes son meras opiniones que deben quedar al amparo de la libertad de expresión.

Sin embargo, la reciente reforma del Código Penal incluye en España explícitamente, en el citado artículo 284, la difusión de 'noticias o rumores sobre personas o empresas en que a sabiendas se ofrecieren datos económicos total o parcialmente falsos'.

Pese al hermetismo de dichas agencias, fuentes jurídicas explican que dos de los más reputados bufetes de abogados de España han sido ya contratados para defender sus intereses ante la Audiencia Nacional con el objetivo de conseguir el archivo lo más rápidamente posible: Cuatrecasas Gonçalves Pereira y Uría Menéndez.

Ambos bufetes han realizado ya discretas gestiones en esta dirección. Fuentes jurídicas explican que la semana pasada ambos despachos mantuvieron sendas reuniones con la fiscal Carmen Monfort, encargada del caso.

Que las agencias de rating se han tomado muy en serio la querella que ha recibido una amplia cobertura en la prensa internacional con artículos en Der Spiegel, La Stampa y otras publicaciones lo muestra que ambos despachos encargaron dichas gestiones a algunos de sus miembros seniors mejor conectados. Las mismas fuentes explican que por parte de Uría Menéndez se encargó Carlos Bueren, magistrado en excedencia de la Audiencia Nacional. Por parte de Cuatrecasas, Luis Jordana de Pozas, exfiscal de la Audiencia de Madrid, y Joaquín Burkhalter.

Sendos portavoces de Uría Menéndez y de Cuatrecasas han declinado informar sobre si han asumido la representación de los intereses de las agencias alegando confidencialidad. Las agencias, por su parte, han trasladado a sus respectivas sedes centrales en EEUU el dossier del caso en España. La fiscal está a la espera de la traducción de las querellas en EEUU antes de pronunciarse sobre la competencia.

Para el Partido Popular, las agencias de calificación de riesgos no son la mejor vía posible para medir la situación de la economía y las empresas, pero cree que echarles a ellas la culpa de la crisis es tener 'una visión muy estrecha'. El secretario de Economía y Empleo del PP, Álvaro Nadal, aseguró ayer en un encuentro organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) que estas instituciones no hicieron un buen trabajo antes de la crisis, pero tampoco cree que lo hicieran los bancos centrales. 'No tiene lógica que determinados elementos tan importantes dependan de unos pocos señores [los directivos de las agencias de rating], pero no creo que ellas sean el gran problema de esta crisis', apostilló, tras recordar que, cuando la economía iba bien, nadie se preocupaba de qué nota le adjudicaban a la deuda de un país.