'El diablo está en los detalles'. Lo dijo Francisco González, presidente de BBVA, hace unos días cuando le preguntaron por el efecto que puede tener el decreto de cajas que el Gobierno aprobará previsiblemente este viernes. Y en esos detalles que el Ejecutivo pretende incluir, aunque todavía están sujetos a la negociación que mantiene con bancos, cajas y partidos políticos, hay una sorpresa para las comunidades autónomas. Se quedarán prácticamente sin ningún poder de decisión en los nuevos bancos que van a tener que constituir todas las cajas, aseguraron a Público fuentes cercanas a las conversaciones con el Gobierno. Hasta ahora, tienen potestad sobre las cajas, están presentes en sus órganos de gobierno y, además, tienen poder de autorización del traspaso de los activos de las cajas a esos bancos, con lo que pueden vetar las operaciones que no les satisfagan.

Con la conversión en bancos, pierden su poder de supervisión en beneficio del Ministerio de Economía, y con el nuevo decreto les van a arrebatar, incluso, su derecho de veto sobre el paso de los activos de la caja al banco. De esta forma, se quedan prácticamente sin poder de decisión en las operaciones corporativas de las cajas, algo muy importante si se mira sólo siete meses atrás, cuando algunas autonomías se negaron rotundamente a autorizar algunas fusiones, aunque el Banco de España consideró que eran las más beneficiosas para las entidades. Y para los próximos meses va a ser muy importante la medida, dado que varios de los nuevos bancos tendrán que involucrarse en nuevas fusiones si quieren evitar ser nacionalizados, aseguran los expertos conocedores de los interiores de estas entidades.

Los gobiernos regionales pierden casi todo el control en los nuevos bancos

Lo único que les quedará a las CCAA, si finalmente este punto del decreto sale adelante, es su presencia en el consejo de administración de los bancos de las cajas, que ya quedó limitada en la reforma de la ley de cajas del verano pasado y que se diluirá aún más cuando entren los nuevos accionistas tras las salidas a Bolsa.

El decreto también tiene intención de modificar la gobernanza de las cajas, ya que las autoridades especialmente el Banco de España no entienden por qué sigue existiendo un consejo de administración, una comisión de control, una comisión ejecutiva y una asamblea general por cada caja integrada en los nuevos bancos. Por ejemplo, en el caso de Banco Financiero de Ahorros (Caja Madrid) siguen existiendo órganos de gobierno por cada una de las siete cajas que lo conforman, con los millonarios costes que ello implica.

Entre los detalles que también se están cerrando estos días está cómo se ajusta la tributación de las nuevas entidades, un asunto muy complejo que puede resultar muy perjudicial según cómo se ejecute la operación.

El decreto de cajas servirá para ajustar problemas fiscales de las fusiones

Pero los detalles que más diabólicos pueden resultar y que más expectación generan entre bancos y cajas son las cifras que se van a implantar como mínimos de solvencia y qué activos se van a poder contabilizar como capital de la máxima calidad (core capital). El porcentaje más elevado que se exigirá a las cajas (podría rondar el 10%) se fijará en el último momento, aseguran fuentes cercanas a la negociación, y lo que ya está decidido es que las ayudas públicas que han recibido las cajas se podrán contabilizar como core capital. Esto supone una ayuda muy importante para las entidades, que pueden subir así entre uno y dos puntos su ratio.

Dependiendo de la cifra definitiva, serán necesarios esos 20.000 millones de capital público y privado que había calculado el Banco de España o una cifra superior.

La ministra de Economía, Elena Salgado, dijo ayer en el Senado que la reforma es necesaria para canalizar el crédito hacia familias y pymes. 'Nuestro sistema necesita solvencia, fortaleza y credibilidad', subrayó, e insistió en que las cajas que cumplan la solvencia podrán seguir con su actual estatus, informa Juanma Romero.

Por otra parte, cuatro grandes plataformas de organizaciones sociales aprobaron ayer un manifiesto en el que criticaron la definición del nuevo marco financiero porque entienden que puede hacer desaparecer la obra social de las cajas y, por tanto, suponer la desaparición de uno de los principales resortes financieros con los que cuentan las ONG. El sindicato CCOO también anunció que recurrirá esta legislación, que considera 'discriminatoria, asimétrica y que pone en riesgo la viabilidad de las entidades y, por tanto, los compromisos con el empleo generados en el sector'. A esta iniciativa sumará a todos los agentes sociales que comparten estas preocupaciones con el sindicato.