'El diablo está en los detalles'. Con esta vieja máxima, uno de los negociadores más relevantes del pacto social resumía el estado de las conversaciones a última hora de la noche de ayer. Aunque Gobierno y sindicatos lograron cerrar un principio de acuerdo en la madrugada del jueves, el pacto definitivo se quedaba supeditado a la letra pequeña, que a cierre de esta edición seguía por determinar.

El principal punto de fricción en la reforma de las pensiones, el número de años cotizados necesarios para retirarse a los 65, se ha fijado en 38,5 años. Para el resto, será necesario haber cotizado 37 años para jubilarse a los 67 con el 100% de la pensión. Además, se crea una nueva edad de jubilación voluntaria a los 63 años, que permitirá a los trabajadores retirarse sin otros condicionantes que una penalización. La reforma en conjunto prioriza la vida laboral sobre la edad biológica.

El Ejecutivo sale fortalecido de cara a los comicios autonómicos

Sin embargo, los detalles de cómo aplicar la reforma, esto es, los plazos de aplicación, la retroactividad de alguna de las medidas, o las excepciones, seguían ayer en discusión. Y, es que, a rebufo de la buena sintonía que lograron finalmente el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y los secretarios generales de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y de UGT, Cándido Méndez, los agentes sociales se remangaron para lograr un acuerdo en varios frentes más allá de las pensiones.

El primer pacto social de esta legislatura contendrá puntos de alto voltaje que darán mayor dimensión al acuerdo. La reforma de las pensiones vendrá acompañada de un paquete de políticas activas de empleo, con especial incidencia en los jóvenes y los mayores. Pero, además, se complementará con un principio de acuerdo en la negociación colectiva, cuyos ejes principales han sido acordados por empresarios y sindicatos de forma bilateral. Los convenios mantendrán la ultraactividad, esto es, que sigan en vigor hasta que se renegocie uno nuevo.

El pacto social tocará la política industrial y la innovación

También habrá acuerdos en política industrial, energética, de innovación e, incluso, en la función pública, de suerte que el pacto englobe diversos aspectos de la economía para lanzar la recuperación. Tal es la dimensión del pacto que anoche unos y otros ponían en peligro su propia consecución al plantear nuevas líneas de trabajo. En cualquier caso, con este nuevo horizonte, el Ejecutivo sale fortalecido para encarar el último año de legislatura y la prueba de fuego de los comicios autonómicos que tendrán lugar el próximo mayo.

En este pulso que han librado Gobierno y sindicatos, no hay grandes vencidos sino relativos ganadores. El Ejecutivo ha logrado disipar la amenaza de una huelga en periodo preelectoral, a la vez que plantea una reforma que puede tranquilizar a los ansiosos mercados. Por supuesto, los sindicatos salen reforzados ya que han logrado imponer varias de sus tesis en el resultado de la negociación.

Fuentes sindicales reconocen que la reforma contiene detalles que pueden 'endurecer' el sistema. De media, apuntan fuentes del Ejecutivo, el ahorro será del 15%. Sin embargo, asumen como una victoria la capacidad de haber influido hasta 'salvaguardar' los principios del sistema. 'Se ha desactivado la lógica de la capitalización', apunta un líder sindical convencido de que la reforma que había propuesto originalmente el Ejecutivo (67 años con 41 cotizados), hubiera tendido a expulsar trabajadores del sistema, que buscarían refugio en los planes privados de pensiones.

En la misma línea, las centrales sindicales entienden que tenían que tener una participación activa en esta negociación para 'recuperar un papel contractual' en las reformas que proponga el Ejecutivo. 'De la crisis saldremos con menos derechos, pero tenemos que preservar la posición para poder recuperarlos en un plazo razonable', argumentan estas fuentes.

Además, los sindicatos consideran que la clave del éxito de la negociación radica en la huelga general del 29-S, y recuerdan que aún no han recuperado el entendimiento con el Ejecutivo, al exigir que retire la reforma laboral que lleva en vigor desde el pasado julio.

La reforma de las pensiones que hoy aprobará el Consejo de Ministros será la cuarta remodelación en profundidad del sistema desde 1985. Ese año, se amplió en cinco años (desde diez hasta 15) el periodo mínimo para tener derecho a cobrar una pensión de jubilación.

En 1997, y ya en el marco del Pacto de Toledo (firmado en 1995, con el objetivo de excluir el asunto de las pensiones de la confrontación política), se amplió el periodo de cómputo para calcular la pensión, que pasó de ocho a 15 años (la nueva reforma amplía ese plazo, de forma gradual, hasta 25).

En 2007, se introdujeron limitaciones para la jubilación parcial y se establecieron incentivos a la prolongación de la vida laboral.