Primero fue Extremadura, en 2002. Le siguió Andalucía, a finales del año pasado. Ahora es Castilla-La Mancha la que ha decidido imponer un gravamen a los depósitos bancarios como parte de un plan de reducción de mil millones de euros en el déficit público autonómico de 2011 que anunció ayer el presidente de la Junta, José María Barreda.

El polémico impuesto a los depósitos ya provocó las protestas de las entidades bancarias tras la decisión de la Junta de Andalucía. El sector financiero advirtió de que cargar con un 0,5% los depósitos domiciliados en la comunidad autónoma andaluza provocaría, entre otras consecuencias, para una banca castigada por la crisis, una fuga de capitales hacia otras comunidades. Por eso, y por evitar el efecto contagio a otras autonomías ávidas de ingresos, pidieron que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero recurriese la decisión del Gobierno andaluz ante el Tribunal Constitucional, tal y como hizo en su día el Gobierno del PP con el gravamen extremeño, aún pendiente de resolución. El Ejecutivo ha anunciado que, efectivamente, recurriráesta decisión, pese a que son precisamente las comunidades socialistas las que han impuesto esta tasa.

Parece que se le acumula el trabajo. Con las autonomías en el ojo del huracán, amenazadas con no poder emitir deuda si traspasan su límite de déficit y buscando más ingresos, estas nuevas vías comienzan a extenderse. El impacto, sin embargo, es limitado. Los planes de Andalucía prevén un ingreso anual de 132 millones de euros procedentes del impuesto a los depósitos, frente a un total de ingresos de 27.930 millones, es decir, el 0,47%.

Extremadura ingresó 18,4 millones en 2010 del impuesto a los depósitos, y para este ejercicio prevé recaudar 27,8 millones, un 0,6% de los 4.641 millones que tiene presupuestados como total de ingresos no financieros.

En el caso de Castilla-La Mancha, el nuevo ingreso también representará una parte limitada del plan de recorte del déficit presentado ayer, ya que este se basa fundamentalmente en un tijeretazo al gasto de 800 millones. Barreda quiso tranquilizar a los castellanomanchegos asegurando que el ajuste no tocará al ciudadano de a pie, es decir, no se moverá un euro del presupuesto destinado a sanidad, educación y gastos sociales, ni se pedirán nuevos esfuerzos al colectivo de los funcionarios.

Será el gasto corriente, la reestructuración de las ayudas públicas y las menores transferencias (como un recorte del 20% a las que recibe la televisión autonómica), así como la reestructuración del sector público regional, las que contribuyan al citado recorte.

Los mayores ingresos aportarán pero en menor medida: sólo 200 millones, según el plan.