'Mereció la pena'. Esta fue la valoración compartida por Gobierno y empresarios incluidos algunos de los que acudieron con más reticencias tras la reunión, de tres horas y media, celebrada ayer en la Moncloa. La convocatoria se había hecho para buscar la complicidad de las principales empresas en el objetivo de acelerar la recuperación económica, pero al coincidir en el tiempo con el último ataque de los especuladores, sirvió también para enviar a los mercados un mensaje de 'confianza', el mantra con el que se intenta aplacar su voracidad.

'Hemos reforzado el compromiso del Gobierno y de los empresarios por la estabilidad y la recuperación económica de España', resumió José Luis Rodríguez Zapatero, que dio un paso más en su plan reformista. El compromiso del Gobierno consiste en 'acelerar las reformas al máximo' y 'con total determinación', según expresiones utilizadas con reiteración por Zapatero, quien renovó públicamente su voluntad de llevarlas adelante: 'cueste lo que me cueste'.

El consenso pierde trascendencia ante la necesidad de 'actuar con rapidez'

De la reunión con los representantes de 37 de las principales empresas del país salió el compromiso compartido de culminar 'antes del 24 de diciembre' el proceso de reestructuración de las cajas de ahorros para así 'garantizar la estabilidad y credibilidad' del sistema financiero español, que se vuelve a cuestionar tras saberse que algunos bancos irlandeses que estaban al borde de la quiebra pasaron las pruebas de resistencia de la Unión Europea. 'En el caso de España, han sido de la máxima exigencia, para todas las entidades y con las hipótesis de riesgo más elevado', enfatizó el presidente para alejar cualquier paralelismo.

La transparencia es, junto a las reformas, el otro instrumento con el que se pretende asentar la confianza. Por eso se ha decidido extender a las comunidades autónomas, cuyos gobiernos tendrán que aportar información trimestral sobre el cumplimiento de las políticas para reducir el déficit.

Zapatero se comprometió también a acelerar la reforma de las pensiones, que cada vez aparece más claramente vinculada a la presión de los especuladores, por más que se haya intentado desvincular del proceso de ajuste. El Gobierno apremiará esta semana a la Comisión del Pacto de Toledo para que le remita ya el informe preceptivo, con la intención de presentar su proyecto cuanto antes. El calendario sigue siendo el primer trimestre del año próximo, pero el presidente apuntó que si es 'en la primera parte [antes de mediados de febrero], mejor'.

El presidente reclama más inversiones a los empresarios

Con el aliento de los mercados en el cogote, el diálogo social sigue siendo una vocación, pero ya no es una prioridad. 'Tengo la misma voluntad de dialogar que de actuar. El Gobierno buscará el diálogo, pero actuará con la rapidez necesaria. No nos vamos a desviar del rumbo establecido', resaltó Zapatero. Y en cuanto al consenso político, en lo que se refiere al PP no pudo ser más claro el presidente: 'Las reuniones son útiles si hay una voluntad previa de contribuir'. Aún así, reclamó a Mariano Rajoy esa contribución ante reformas como la de las pensiones o la del sector energético.

A los directivos empresariales les pidió que acentúen su contribución al binomio por el que, a su juicio, pasa la recuperación: 'exportación e inversión'. Y, de nuevo, el compromiso concreto surgió del Gobierno. Reformará el Instituto de Comercio Exterior (ICEX) y creará 'un marco cada vez más favorable para la inversión'. También constituirá, como anunció la semana pasada, una Comisión Nacional de Competitividad, de carácter independiente.

Los empresarios, según Zapatero, se comprometieron a trasladar las reformas referidas al ámbito empresarial y a 'utilizar la flexibilidad interna' que les ha proporcionado la reforma laboral para crear empleo, así como a defender en el exterior la fortaleza de la economía española.

A pesar de la satisfacción de ayer, el presidente reconoció implícitamente que nadie sabe cuándo volverán a la carga los especuladores y que será así mientras que los países de la UE, y especialmente los de la zona euro, no actúen conjuntamente de forma 'previsible y creíble'.