Lleva casi dos años en el paro. En todo este tiempo, sólo le han ofrecido un curso de formación que, además, se solapaba con la cualificación que ya tenía y le metía en una bolsa de empleo para un oficio que no era el suyo: técnico en electrónica. Es el caso de Antonio, 45 años, de Torrejón de Ardoz (Madrid), que ha pasado a engrosar la lista del llamado paro de larga duración; es decir, de aquellos que llevan más de un año buscando un trabajo y para el que los servicios públicos de empleo han sido meros gestores de papeles y prestaciones.

El caso de Antonio demuestra que algo no funciona en las políticas activas de empleo: Gobierno, sindicatos, patronal y expertos coinciden en el diagnóstico general. Las recetas ya son otra cosa. Su reforma es una de las prioridades de la nueva agenda social de Gobierno, que busca el consenso con sindicatos y patronal, con los que ya ha mantenido reuniones. También lo ha hecho con las comunidades autónomas, a las que quiere involucrar activamente. Además, una comisión interministerial presidida por el vicepresidente primero, Alfredo Pérez Rubalcaba, supervisará la reforma. El objetivo es tenerla lista para finales de enero.

La filosofía de la reforma es la atención personal a los desempleados

En España gastaremos cerca de 7.500 millones de euros en políticas activas de empleo el año que viene, un 5,5% menos que este año. Un presupuesto que se divide en tres tercios prácticamente idénticos para bonificaciones a la contratación (2.450 millones), formación profesional (2.678 millones) y programas de empleo (2.230 millones).

Pero ¿qué falla? El problema central parece ser precisamente el presupuesto. 'Los recursos son escasos, hemos vuelto a niveles de 2007', dice Florentino Felgueroso, economista de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). Incluso en un escenario de reducción del gasto, Felgueroso opina que hay partidas que no deberían tocarse, como la de políticas activas. 'En lo que más gastamos es en bonificaciones, lo hacemos de forma exagerada y los resultados son muy pobres', dice.

El economista y experto en política de empleo Fernando Moreno Bernal asegura que el dinero para bonificaciones es excesivo: 'Muchas empresas van a contratar de todas formas, así que es casi un regalo'.

Los expertos criticanel excesivo gasto en bonificaciones a la contratación

Para los sindicatos, la inversión es insuficiente. Critican, además, que se permita a las agencias privadas colaborar con los servicios públicos, tal y como establece la reforma laboral. 'El problema real es la baja inversión en políticas activas, en recursos humanos y materiales', subraya el secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, que señala, además, el especial problema que supone el paro de larga duración (ver información adjunta) y el final de muchas prestaciones.

La secretaria de empleo de CCOO, Paloma López, incide en que no existe una evaluación del impacto de las políticas activas. 'Son una suma de programas, no hay una visión integrada', añade. López menciona como elemento central la necesidad de disponer de una orientación profesional con personal especializado, algo complicado con la actual inversión del Servicio Público de Empleo, que ronda los 63 euros por desempleado.

Los parados que se forman son sólo el 10%, frente al 50% de Suecia

La formación parece ser la pieza clave de la futura reforma. 'Es decisiva', sentencia Antonio Baylos, catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Castilla-La Mancha. Ahora, sólo el 10% de los parados recibe formación, mientras que en países como Suecia son el 50%.

El reparto del presupuesto para formación procede de los años de bonanza, lo que supone que el 60% se dedique a los ocupados y el 40%, a los desempleados. El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, anunció el viernes que la reforma equilibrará al 50% estas cifras. 'Hay que ver, además, cómo relacionar el sistema educativo con el empleo', señala Baylos. En ese sentido, defiende el uso correcto de los contratos de formación y prácticas.

Aunque el Gobierno tiene por delante la negociación con agentes sociales y comunidades autónomas, ya tiene trazadas las líneas gruesas de su propuesta. Quiere conjugar mejor las competencias del Estado con las de las comunidades. Para ello, propone configurar una carta de servicios básicos que establezca los derechos que tienen las personas en desempleo y que les asegure un trato igual vivan donde vivan. Con esa carta como base, la idea es dar más margen a las comunidades para que puedan adaptar los programas de empleo a su realidad. Además, el reparto de fondos se hará atendiendo al número de parados y de ocupados.

La formación se reorientará hacia los sectores emergentes

La filosofía de la reforma es la atención personalizada al parado. 'Hay que sentarse con las personas que acaban de quedarse sin trabajo y ver en qué situación están y por dónde puede ir su reincorporación al mercado laboral', aseguran fuentes de Trabajo. Para ello, será imprescindible cambiar la estructura de los servicios públicos de empleo, donde ahora tan sólo un 50% del personal se dedica a la orientación laboral, mientras que la otra mitad gestiona subvenciones.

Reorientar la formación para el empleo es otro de los grandes objetivos: 'Hay que ver qué sectores están llamados a sustituir a la construcción como generadora de empleo y reorientar la formación hacia esos nichos'. Las energías renovables, las nuevas tecnologías o los empleos relacionados con la Ley de Dependencia y el cuidado de personas son algunos de esos sectores emergentes. Cualificar a los parados se ha convertido en un reto: los expertos señalan que en un futuro cercano el 85% de los empleos requerirá, al menos, de una formación media.

El ministro de Trabajo y la secretaria de Estado de Empleo, Mari Luz Rodríguez, han sido claros: 'La crisis hizo que nos centráramos en cubrir las necesidades básicas de los trabajadores que quedaban en el paro. Estamos en una fase nueva en la que hay que preparar a los parados para que, en cuanto haya reactivación económica, encuentren un empleo'.