Los presupuestos de la Junta de Andalucía para 2011, que se aprobarán el 26 de octubre, sufrirán lo que la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, definió ayer como 'contracciones significativas'. Contará con unos ingresos de 31.692,7 millones, 2.055,5 menos que este año, una caída del 6,1%.

Podría ser aún peor, pero la consejera de Hacienda ha puesto en marcha un sistema para obtener dinero sin superar el máximo del 1,3% de déficit sobre el PIB autorizado por el Estado. En 2011 espera ingresar nada menos que 951,7 millones vendiéndose a sí misma parte de su gigantesco patrimonio inmobiliario. 'Tenemos entre 80 y 90 edificios administrativos, con cerca de 400 millones de metros cuadrados, que podrían ser objeto del interés de los inversores', dice Aguayo. Pero los inversores no son otros que las propias empresas públicas del Gobierno andaluz, que comprarán los edificios a cambio del compromiso de que la Junta se mantendrá en ellos como inquilina durante un número de años determinado.

En definitiva, es como obtener un crédito hipotecario que se irá pagando en cómodas letras mensuales pero sin ir al banco. Es decir, sin que esa cantidad compute como deuda financiera, por lo que no implica superar los límites al endeudamiento. Será pues la Junta la que se preste el dinero a sí misma a través de sus propias empresas.

La consejera señaló a dos de estas compañías, la Empresa Pública de Suelo de Andalucía y la Empresa Pública de Gestión de Activos (Agesa), la gestora de los suelos y edificios propiedad del Estado en los que se celebró la Expo.

'Nuevos tiempos requieren nuevas formas de hacer presupuestos', señaló ayer Aguayo. Aunque reconoce que 'se trata de un negocio jurídico', en el que el mismo propietario transfiere fondos de un libro a otro, asegura que es algo más que simple 'ingeniería financiera, porque en la explotación existe una posibilidad de obtener ingresos por ese ente instrumental. Es una manera de rentabilizar nuestro patrimonio'. Y eso, según la consejera, son 'fórmulas novedosas' que se están desarrollando en Francia y Alemania.

El Ministerio de Economía no quiso ayer valorar la iniciativa andaluza hasta saber más detalles. Tampoco lo hizo el Banco de España, aunque fue el propio gobernador, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, quien la semana pasada sugirió imponer un techo de gasto a las CCAA.