El malestar y la irritación se apoderaron ayer de los sindicatos después de que el Congreso sacara adelante una reforma laboral que, en su opinión, endurece el real decreto ley aprobado por el Gobierno en junio. Fue además ese proyecto el que significó la chispa que encendió la convocatoria de la huelga general del próximo 29 de septiembre.

CCOO y UGT aseguraron que la reforma supone 'el mayor ataque a los derechos laborales de los últimos 30 años' y subrayaron además el hecho de que se haya aprobado por un Gobierno socialista, 'jaleado para la ocasión por las organizaciones empresariales'. En los últimos días, varios representantes sindicales ya habían manifestado su malestar porque consideraban que algunas enmiendas introducidas por los grupos parlamentarios eran claramente 'propatronal'.

Para los sindicatos, la huelga general es ahora 'más necesaria si cabe'. 'Si no paramos la reforma con la huelga general se habrá producido el mayor ataque a los derechos de los trabajadores desde la transición democrática', dijeron. La huelga tiene un objetivo claro: forzar al Gobierno a volver a la mesa de negociación para pactar un texto 'que priorice las políticas de empleo y formación destinadas a las personas desempleadas, incentive el empleo estable, combata la temporalidad y refuerce la función de intermediación de los Servicios Públicos de Empleo'.

Las centrales destacan que esta reforma facilita y abarata a las empresas la extinción del contrato por razones económicas, técnicas, organizativas y productivas y hace más vulnerable el empleo fijo.

Subrayan también que menoscaba la negociación colectiva, un punto sobre el que han advertido en las últimas semanas. Precisamente, el miércoles fue la primera reunión entre patronal y sindicatos para reformar la negociación colectiva. Los secretarios de Acción Sindical de CCOO y UGT, Ramón Górriz y Toni Ferrer, respectivamente, insistieron en que se trata de una 'materia bilateral' entre sindicatos y patronal donde no caben injerencias.