'Son tiempos serios, tiempos difíciles', dijo la canciller alemana, Angela Merkel, para presentar el tan esperado plan de ajuste para el periodo 2011-2014, que supone un ahorro de 80.000 millones de euros (lo que equivale al 3,32% Producto Interior Bruto de 2010). Así, en un momento en que tanto analistas como inversores fijan sus miradas en la sostenibilidad de las cuentas públicas en los países del euro, el Ejecutivo alemán volvió a tomar la batuta en la Unión Europea, al esbozar el que será el programa de ajuste más severo de la historia del país desde el final de la Segunda Guerra Mundial.

Tras varios días de reuniones extraordinarias del Consejo de Ministros, la coalición ha conseguido superar el mayor reto económico desde que llegara al poder hace siete meses, con este catálogo de medidas que, sólo en el primer año, prevé recortar hasta 11.000 millones de euros en las cuentas públicas. La intención es, según la canciller, cerrar agujeros financieros y poner freno a la deuda para conseguir la estabilidad económica y contribuir, por tanto, al crecimiento de la eurozona.

Los severos recortes que se imponen en algunas partidas de gasto social (como el desem-pleo y la contribución pública a las pensiones de los parados) son sin duda alguna el punto más conflictivo del programa. Sin embargo, la líder cristianodemócrata subrayó que el sector financiero también está afectado por el ajuste, encaminado a sanear las arcas públicas y diseñar un futuro económico 'que pueda sostenerse sobre cimientos sólidos'.

El primero de los puntos pasa por reducir drásticamente el número de efectivos del Ejército Federal. El ministro de Defensa, Karl-Theodor zu Gutten-berg, tiene ante sí la difícil tarea de reducir, como tarde a principios de septiembre, los efectivos del ejército en 40.000 soldados, de los 250.000 que lo forman ahora. Pero el plan también prevé un ajuste del empleo público en general, con la eliminación de hasta 15.000 puestos de funcionarios del Estado en el horizonte de 2014 y reducir en un 2,5% el sueldo del resto.

Sindicatos y oposición rechazan el recorte del gasto social

También se recortan de forma importante diversos capítulos del gasto social, como las prestaciones por desempleo, que incluso en algunos casos extremos pueden llegar a suprimirse. En el caso de las ayudas por hijos, se tomará como base de cotización sólo el 65% del salario neto (frente al actual 67%), lo que reducirá ligeramente su cuantía.

El plan de Merkel también contempla elevar las cargas fiscales sobre determinados sectores, como el financiero. Así, anuncia una nueva tasa para la banca a partir de 2012, si antes no se ha producido un acuerdo sobre este asunto en el seno de la Unión Europea, que reportaría 2.000 millones anuales.

En el transporte aéreo, se crea una tasa sobre los carburantes, que grava los viajes desde los aeropuertos alemanes (con unos ingresos previsibles de 1.000 millones), mientras que los consorcios de energía atómica Eon, RWE, Vattenfall y EnBW deberán pagar a partir de ahora un impuesto ecológico por combustión de elementos, que generará al Estado unos 2.300 millones de euros al año. Estas son las principales medidas fiscales, pues no se tocan los grandes impuestos, como el de la Renta o el IVA.

El ajuste alcanzará también a algunos proyectos de inversión, como la controvertida rehabilitación del Palacio Imperial de Berlín, que ha sido pospuesta para 2014.

El ajuste comienza en 2011 con una rebaja del gasto de 11.000 millones

Otras áreas del presupuesto se salvan del recorte. La canciller subrayó que la educación e investigación contarán con el dinero previsto. En concreto, el gasto en estas partidas aumentará en 12.000 millones en la legislatura, pues, según argumentó Merkel, es una forma de fortalecer la capacidad futura del país y garantizar el liderazgo de Alemania en la sociedad del conocimiento.

El aliado de los democristianos en el Gobierno, el líder liberal, Guido Westerwelle, dijo que Alemania se encuentra ante una prueba de fuerza 'enorme y agotadora', y calificó el paquete de justo, sólido y global.

El plan contempla reducir en 40.000 los efectivos del ejército

Pero a la canciller no le ha resultado sencillo contar con el apoyo de su socio en la coalición, que se oponía totalmente a la cancelación de la rebaja de impuestos prometidas en las elecciones y a la creación de nuevas tasas a la banca, medidas que han sido finalmente recogidas en el plan.

Los sindicatos y partidos de la oposición no han tardado en criticar el ajuste y en mostrar su resistencia a los recortes en gasto social, que califican de inaceptables. La secretaria general del SPD, Andrea Nahles, anunció: 'Hemos hablado con los sindicatos, las asociaciones ecologistas y todos los aliados, y no vamos a aceptar esta injusticia social que se está perfilando'. 'Ahora serán los trabajadores, los jubilados y las familias los que paguen por el jugueteo de los bancos y cajas', afirmó el líder de la Izquierda, Klaus Ernst.

En la misma línea, los Verdes criticaron que la coalición se ha dedicado a quitarles a los más débiles y ha dejado al margen las cargas a los más ricos. El sindicato Verdi advirtió de que una política de ahorro debe fortalecer los aspectos sociales del país. 'El Gobierno federal ha cargado sólo contra los débiles de la sociedad, en lugar de imponer fuertes cargas a las finanzas', justificó su jefe, Frank Bsirske.

Pero las críticas a la iniciativa del Gobierno no sólo llegan de las filas de la oposición, sino que el plan es visto con escepticismo también por algunos miembros de los cristianodemócratas. De hecho, el presidente del Consejo económico de la CDU, Kurt Lauk, criticó la falta de 'cambios estructurales en el programa' y apostó por aplicar el tipo impositivo más alto, pese al bloqueo de los liberales.

Con todo, Merkel prefiere mostrarse confiada: 'Soy optimista y creo que podemos conseguirlo si lo hacemos ahora y de esta manera', señaló para responder a las críticas.

Entre tanto, Westerwelle anunció que la llegada de un tiempo para ahorrar supone 'el comienzo de un nuevo decenio'. Ambos confían en poder aprobar la ley que permita definitivamente la entrada en vigor de los recortes presupuestarios para el 7 de julio, en mitad de la pausa estival del Parlamento.