Agilidad y eficacia. Enarbolando esas premisas, las comunidades autónomas han tejido un potente entramado de sociedades mercantiles, agencias, consorcios, fundaciones y otros entes de naturaleza pública que esquivan los férreos controles habituales en la Administración general. Ni se sabe a cuánto personal dan trabajo y cómo se seleccionó su entrada; ni siempre aplican a sus adjudicaciones los filtros administrativos ni, sobre todo, están sujetos a fiscalización previa. Los férreos controles sobre endeudamiento y déficit no alcanzan a esos entes.

En 1998, el Tribunal de Cuentas contabilizó 1.046 entes dependientes de comunidades. En 2008, la cifra se había elevado a 1.811, cómputo que no incluye las 64 universidades públicas ni datos sobre el País Vasco, donde en 1998 se registraban 60 entes: el Gobierno de Patxi López justifica la ausencia asegurando que todavía no ha logrado averiguar la herencia del PNV sobre el número de entidades donde tiene mayoría o poder decisorio el Ejecutivo de Euskadi.

El PP preconiza un menor peso de lo público, pero no ha cesado de crear entes

El próximo día 23, las comunidades tienen una cita en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) con el Gobierno central para comenzar a trazar planes de reducción de gastos. Y, ahí, necesariamente entran en juego los entes autonómicos, de los que nadie posee una radiografía fiable que permita conocer qué peso global poseen en el conjunto de la Administración. La vicepresidenta económica, Elena Salgado, pretende que comunidades y ayuntamientos la otra gran fuente de conglomerados de gestión de escasa transparencia se doten de un plan para que el déficit de todas las administraciones baje de modo drástico: del 11,4% de 2009 al 3% en 2011.

El economista José Amengual, viceinterventor general de Balears, recopiló los datos antes citados sobre entidades autonómicas en su artículo El control de los entes instrumentales, publicado en noviembre de 2009 en la revista especializada Auditoría Pública. Amengual advierte de que 'el 30% del presupuesto público consolidado está siendo gestionado por entes instrumentales'. 'Se ha tratado de evitar la aplicación de las reglas de la contratación pública', acusa Amengual.

'En Balears apunta Manuel Villoria, catedrático de Ciencias Políticas y directivo de la ONG Transparencia Internacional, esos entes gestionaban más del 50% del presupuesto'. Y ese factor, sostiene el catedrático de la Rey Juan Carlos, guarda un estrecho nexo con el estallido en cadena de casos de corrupción en el archipiélago.

Estos organismos gestionan el 30% del presupuesto público consolidado

Como Amengual y el también politólogo Rafael Jiménez Asensio, un reconocido experto en administración pública, Villoria traza un diagnóstico desolador: 'Esos entes surgen para huir de los controles. No crecen los organismos autónomos, que pese a su nombre son los menos autónomos y se rigen por el derecho administrativo. Crecen las empresas, las fundaciones, los consorcios'. En otras palabras, aquellos entes que se guían por el derecho mercantil y que tienen libertad para adjudicar sin un informe previo de intervención. Y eso se traduce, como recuerda un economista andaluz vinculado al PSOE, 'en que no siempre se convoca el concurso que hay que convocar'.

Los datos contradicen las proclamas del PP en favor de restar peso a lo público para dejar paso a lo privado: en Valencia, por ejemplo, los entes dependientes de la Generalitat se han incrementado un 149% desde 1998. Ese año el Tribunal de Cuentas consignó 51 y, en 2008, el Inventario de Entes que aloja en su web el Ministerio de Economía y que se nutre con la información facilitada por las comunidades hablaba ya de 127. En Galicia, se pasó de 94 en 1998 a 132 en 2005, cuando el PP perdió las elecciones. Esperanza Aguirre, adalid del liberalismo, ha logrado que los 114 entes inventariados en 2003, cuando llegó a la presidencia de Madrid, se transformen en 131.

Pero el fenómeno en absoluto es exclusivo de los conservadores. Andalucía y Catalunya aparecen como las dos comunidades donde más éxito ha alcanzado la fórmula del ente autónomo. De los 77 entes andaluces que existían en 1998 se ha pasado a nada menos que 279. Catalunya tampoco ha congelado el modelo: en 2003 contaba con 283 entes instrumentales que, cinco años después, se habían multiplicado hasta alcanzar la cifra de 325.