Si la propuesta de reforma de las pensiones gustó a pocos, el proyecto de reforma laboral que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, presentó ayer a patronal y sindicatos tuvo la virtud de contentar a todos. La presión que los sindicatos realizaron en los días previos a la propuesta logró frenar la inclusión de medidas concretas en la iniciativa, como un nuevo tipo de contrato de trabajo con menor indemnización por despido.

El propio secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, reconocía al fin de la rueda de prensa que la influencia que ejercieron tanto él como su homólogo en UGT, Cándido Méndez, para atajar estas medidas había 'dejado huella' en el texto final elaborado en la Moncloa.

Sin embargo, y aunque es cierto que el texto no recoge ninguna nueva fórmula contractual que suponga una rebaja del coste por despido, la posibilidad de abaratar la indemnización de los contratos aparece en varios capítulos del proyecto. Estas menciones son suficientes para que la patronal entienda que la propuesta del Gobierno deja abierta la posibilidad de abordar el abaratamiento de las extinciones de contrato.

Por lo pronto, el Gobierno quiere que se extienda el uso del contrato denominado de 'fomento del empleo' que existe desde la reforma laboral de 1997 y que compensa al empleado con 33 días por año trabajado en caso de despido improcedente. Según la regulación actual, sólo un colectivo escapa a la posibilidad de que le hagan este contrato: los hombres de entre 30 y 45 años. Y, sin embargo, apenas un 17% de los contratos indefinidos que se realizan tienen esta fórmula. La propuesta del Gobierno quiere 'introducir cambios para ampliar la utilización' de este modelo, pero el presidente no quiso concretar cómo lo hará.

Otra de las referencias al coste del despido se incluye en el capítulo de fomento de la contratación indefinida. Dentro de este contexto, se plantea una reflexión sobre la posibilidad de 'reforzar y racionalizar (...) el principio de causalidad del despido mediante una más clara distinción entre despidos disciplinarios y despidos económicos con la diferenciación entre el carácter procedente e improcedente'.

El Ejecutivo cree que 'el creciente recurso' al despido improcedente, que se indemniza con 45 días, ha llevado a la opinión pública a tener como 'lugar común' el alto coste del fin del contrato laboral. En cierta forma, el Gobierno anima a que los empresarios utilicen un tipo de despido más barato, el justificado, que se compensa con 20 días por año trabajado. Para no soliviantar a los sindicatos, el Ejecutivo asegura que elabora esta iniciativa 'sin menoscabo del derecho a la tutela judicial efectiva'. En este sentido, en el texto se cuestiona si 'el funcionamiento de diversas instituciones laborales relacionadas con la extinción del contrato es la más eficiente para el presente y futuro del mercado de trabajo'.

Para explicar la relativa vaguedad del documento presentado, Zapatero dijo que sí tiene 'una propuesta concreta', que no quiere trasladar a los agentes sociales para dejar abierto el diálogo. En cuanto al uso de los contratos temporales, el Ejecutivo se marca como objetivo 'corregir la temporalidad injustificada'. Así, quiere revisar las causas que motivan un contrato temporal y quiere reforzar los mecanismos que detecten el uso abusivo del encadenamiento de contratos de corta duración, así como la rotación laboral de trabajadores dentro de la misma empresa. El Gobierno no repara sólo en la poca compensación que recibe el trabajador cuando finaliza su trabajo temporal, que se remunera con 8 días por año trabajado, sino también en el coste implícito que supone para la Seguridad Social cubrir el desempleo de estos trabajadores. Por eso, insta a adoptar medidas que lleven a que los empresarios que más usan la contratación temporal tengan que asumir los altos costes que generan para el desempleo.

Entre las otras medidas formuladas está la de presentar una batería de ayudas para los jóvenes de entre 16 y 24 años. En colaboración con las comunidades autónomas, se creará un programa de repesca para los jóvenes que están en el paro sin cualificación, de forma que se puedan reciclar para encontrar trabajo. También aumentarán las bonificaciones a estos contratos y los jóvenes en formación cotizarán al desempleo.

Además, se quiere extender el uso del contrato a tiempo parcial, con dos tipos de modalidades: una orientada a la conciliación de la vida laboral y familiar con un horario fijo determinado, y otro destinado a servir de bisagra en las empresas para reorganizar sus procesos productivos.

El presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, y el secretario general del sindicato CCOO, Ignacio Fernández Toxo, protagonizaron ayer un encontronazo verbal a la salida de la reunión mantenida en el Palacio de la Moncloa en la que el Gobierno presentó a los agentes sociales su propuesta de reforma laboral. Díaz Ferrán reprochó a Toxo sus declaraciones del pasado jueves, en las que calificó al Gobierno de “cuadrilla de aficionados” por sus idas y venidas en materia de pensiones.

Según el líder de la patronal, ese tipo de declaraciones son nocivas para la economía española y dañan la credibilidad del país en el exterior. Toxo no dudó en replicar al líder de CEOE. En tono agrio le reprochó sus palabras (le dijo que no era nadie para pedirle explicaciones por lo que había dicho) y le recomendó que se preocupe por los problemas de sus empresas.