Alberto Ruiz-Gallardón y Esperanza Aguirre aparecían ayer unidos en Copenhague para defender la candidatura olímpica, pero su guerra para hacerse con el control de Caja Madrid se mantenía viva en España. Los jueces dieron ayer momentáneamente la razón al alcalde y decidieron paralizar cautelarmente el proceso electoral de la entidad, para analizar con tiempo a quién corresponden los votos cedidos por la Casa Real.

La Corona comunicó en noviembre pasado que sus votos debían repartirse, como siempre, proporcionalmente entre todas las fuerzas presentes en los órganos de gobierno de la caja. Posteriormente, la nueva ley de cajas determinó que se distribuyeran sólo entre la Asamblea de Madrid, las entidades representativas y los empleados. Eso resta poder al Ayuntamiento de Madrid, que ahora ha recurrido ante los tribunales por entender que el reparto debe hacerse como se determinó hace un año, en lugar de hacerlo siguiendo la actual ley, como decidió la Comisión Electoral de la caja, dominada ahora por Esperanza Aguirre y sus aliados.

El proceso electoral estaba a punto de terminar -el próximo día 9 debían presentarse las listas de los candidatos de la Asamblea de Madrid, los ayuntamientos y las entidades representativas de los intereses sociales-, por lo que los tribunales no tenían tiempo de pararse a escuchar a las partes. Lo harán en los próximos 40 días, en los que Caja Madrid dará una respuesta a la decisión y se celebrará una vistilla para que aporten su visión todos los afectados.

Y es precisamente en la respuesta de Caja Madrid donde se avecina una nueva batalla. Si los argumentos proceden del servicio jurídico, controlado por Miguel Blesa, la caja defenderá previsiblemente la versión de Ruiz-Gallardón. Sin embargo, si provienen de la Comisión Electoral, coincidirán con los de Aguirre, que mantiene que 'el proceso electoral en curso debe regirse íntegramente por la nueva ley y que el Ayuntamiento de Madrid sólo pretende retrasar el proceso electoral retorciendo argumentaciones que adolecen de todo rigor', según fuentes de la Comunidad, que, por si acaso, se ha personado en el proceso judicial.

Con este nuevo retraso, la reelección o sustitución de Miguel Blesa en la presidencia de la caja se aplaza 40 días más, con lo que no se producirá, como muy pronto, hasta finales de noviembre. Se amplían así los plazos para que se pongan de acuerdo los partidos políticos sobre sus candidatos en las diferentes negociaciones que están llevando a cabo.

Los grupos representados en la caja respondieron ayer de manera dispar a la resolución judicial. La Comunidad de Madrid e IU coincidieron en que es una paralización momentánea, ya que es improbable que la Audiencia Provincial de Madrid dé finalmente la razón al Ayuntamiento de Madrid. Mientras, el Partido Socialista de Madrid (PSM) aseguró respetar la decisión, pero criticó que 'el enfrentamiento' entre Gallardón y Aguirre haya llegado a los tribunales.

UGT, por su parte, pidió que el tribunal resuelva cuanto antes 'porque es absolutamente necesario acabar con este lío', mientras que CCOO de Madrid se mostró de acuerdo con la resolución porque, a su juicio, existen bases sólidas para la reclamación.