Puñetazo sobre la mesa del Diálogo Social. El jueves por la tarde, la patronal española radicalizó su posiciones en un tensa reunión, inicialmente prevista para ultimar un inminente acuerdo laboral, y planteó nuevas reclamaciones fuera de la agenda acordada en el proceso. Tras más de cinco horas de discusión, los representantes sindicales se levantaron de la mesa como protesta por el cambio de rumbo en la estrategia empresarial.

Este fue el desenlace de un ajetreado día para la patronal, cuya Junta Directiva se había reunido para almorzar poco antes del encuentro negociador con el líder de la oposición, Mariano Rajoy. Precisamente, la reunión con Rajoy obligó a los agentes sociales a modificar el horario inicial previsto para la reunión (la mañana del jueves), ya que la patronal expresó su deseo de trasladar la cita a la tarde. Fuentes de las negociaciones del pacto social sugieren que la comida del líder del PP con la cúpula de la patronal fue un punto de inflexión en la posición negociadora de los empresarios, que hasta ese momento estaban dispuestos a cerrar un acuerdo para julio, y que el viernes por la tarde veían la negociación 'muy difícil'.

Así, los representantes de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), José de la Cabada y Enrique de La Lama, salieron antes de que terminara el almuerzo para llegar a la reunión, sobre las 16:30, con una hoja manuscrita con nuevas demandas de la patronal. En ellas, los empresarios recuperaban el contrato único rebautizándolo como 'contrato del siglo XXI'. El tipo de contrato es muy similar al enviado hace meses a los partidos políticos con representación en el Congreso: despido libre los dos primeros años con una indemnización de 8 días y luego compensación creciente.

Además, la patronal elevó de dos a cinco puntos su petición de rebaja en las cotizaciones sociales. El Gobierno y los sindicatos creen que un recorte así desequilibraría completamente las cuentas de la Seguridad Social.

El giro radical de CEOE pilló por sorpresa a todos los asistentes a la reunión, incluso a su organización hermana, Cepyme (la patronal de los pequeños empresarios), según los asistentes. De la estupefacción se pasó rápidamente al enfrentamiento ya que las reinvindicaciones planteadas por la patronal están dentro de las que se consideran 'no asumibles' en el Diálogo Social (ver información adjunta).

Los representantes del Gobierno (el jefe de la Oficina Económica, Javier Vallés, y dos técnicos, uno por el ministerio de Trabajo y otro por Economía) tuvieron difícil el papel de intermediar en la pelea. Desde CCOO se acusa incluso al Gobierno de cierta permisividad ante lo que consideran revindicaciones desproporcionadas de la patronal, y han pedido que sea el propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, el que intervenga directamente en la negociación, so pena de que el proceso vuelva a suspenderse.

Por el momento, las conversaciones no se han roto y hay una reunión prevista para este mismo lunes, que inicialmente se plantea a un nivel similar a la del jueves pasado, a la que asistieron los secretarios de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, y CCOO, Ramón Górriz. Sin embargo, y dado el cariz de la negociación, no se descarta que en el próximo encuentro participen los primeros espadas de las partes implicadas.

Los sindicatos no se explican el cambio radical de la actitud de la CEOE. En un momento de la reunión, la patronal dijo que con el regreso a estas propuestas eran 'coherentes' con el planteamiento que meses atrás llevaron al Congreso y que contó con una buena acogida por parte del PP. De hecho, el Partido Popular presentó el martes un amplio número de enmiendas al proyecto de Ley de Fomento del Empleo en el que incorporan muchas peticiones de la patronal, como la liberalización de los servicios de las ETT o la mejora en las bonificaciones en los procesos de suspensión temporal del empleo.

Fuentes cercanas a la negociación apuntan a que la maniobra de este viernes puede estar dirigida a retrasar el proceso de forma que no se firme un acuerdo hasta después del verano. Así, se entraría en el otoño, cuando previsiblemente volverá a registrarse un repunte del paro, sin un acuerdo social y con el Gobierno en una situación de presión por la necesidad de alcanzar pactos con la oposición para sacar adelante los Presupuestos Generales. Un escenario de desgaste de esa naturaleza sería útil para la estrategia política de los populares.

En cualquier caso, la patronal quiere retrasar un posible acuerdo para la última semana de julio, por lo que las respectivas cúpulas sindicales no tendrían tiempo suficiente para votar la posible resolución antes de agosto.

El sorprendente giro de la patronal desvió la atención sobre el borrador del acuerdo que el Gobierno había remitido a los agentes sociales. En él se plantea dar 420 euros para los parados que pierdan la prestación y una serie de reformas en el Sistema Público de Empleo y las ETT. Los sindicatos creen que las medidas son 'insuficientes' y reclaman una mejora. El Gobierno presentó el jueves algunos cambios en el borrador, pero ninguno de calado.

1- Parados sin prestación. 420 euros al mes durante un semestre si asisten a cursos de formación. Coste: 453 millones.

2- Servicios públicos de empleo. 52 millones para mejorar la formación de los orientadores.

3- Intermediación. Más atribuciones para las ETT.

4- Rebaja en las cotizaciones. De 0,5 puntos. Supondría un ahorro de 1.600 millones al año para las empresas.

5- Formación profesional. Más centros de enseñanza, más sistemas de evaluación, más enseñanza a distancia y mejora de la conexión con el mundo laboral.

6- Lucha contra el absentismo. Refuerzo de los controles.

7- Seguridad social. Las pensiones se financiarían con las cotizaciones sociales y otras partidas, vía Presupuestos.

8- Negociación colectiva. Búsqueda de flexibilidad.

9-Evaluación de resultados. Análisis de las medidas lanzadas desde 2006 para mejorar el mercado laboral.

10- Reforma del ICO. Para que particulares, autónomos y pymes accedan al crédito.

11- Impuesto de sociedades. Rebaja de 5 puntos durante 3 años para empresas que no despidan y tengan menos de 25 trabajadores y ventas inferiores a 5 millones al año. Coste: 1.000 millones al año.

12- Nueva línea ICO. 20.000 millones para financiar proyectos de economía sostenible.

13- Fondo de Inversión Local. Otros 5.000 millones para proyectos de valor añadido.

14- Fiscalidad y vivienda. Menos deducciones a la compra y más para el alquiler.

15- Ley concursal. Supervisión, junto a los interlocutores sociales, de la reciente reforma de esta ley.