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Quinientos expertos critican los intentos de reforma laboral

UGT y CCOO promueven una declaración contra las modificaciones en el despido

F. SAIZ / B. CARREÑO

Es 'políticamente indecente pretender desplazar a los trabajadores una parte sustancial de los costes de la crisis económica'. Esta frase resume el espíritu de una declaración promovida por los sindicatos UGT y CCOO, en la que se rechazan de forma terminante las propuestas lanzadas en las últimas semanas para reformar el mercado laboral, en especial las elaboradas por la patronal CEOE y por un grupo de catedráticos convocados por la Fundación Fedea.

El texto, al que ha tenido acceso Público, ha sido remitido a numerosos expertos en materia laboral, especialmente en el ámbito universitario, y fuentes sindicales aseguran que ya ha sido suscrito por más de quinientas personas. Entre los firmantes aparecen profesores y catedráticos de Derecho del Trabajo, Economía Social y Sociología del Trabajo, además de economistas y abogados. La declaración se presentará el próximo día 19 y, aunque su contenido puede ser retocado en los próximos días, en función de las aportaciones que se realicen, no se espera que sufra grandes cambios respecto al borrador actual.

Aunque la declaración no alude explícitamente a las propuestas de CEOE y Fedea, su contenido rebate de forma indirecta los argumentos empleados para defender un nuevo contrato con indemnización por despido creciente en función de la antigüedad. 'La pretendida simplificación en el régimen de la contratación terminaría haciendo aflorar su verdadero propósito: la simplificación del régimen de despido', dice el documento.

La declaración parte de la idea de que no hay conexión entre la actual crisis y la regulación del mercado de trabajo, por lo que 'no es congruente querer aprovechar la situación para reducir o eliminar derechos sociales'.

Según los firmantes, la salida de la crisis debe apoyarse en tres pilares que debe construir el Estado: una inyección de liquidez 'urgente' al sistema financiero, alargar y mejorar la protección de los desempleados e incentivar el consumo privado y la generación de empleo mediante políticas de gasto público.

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