Los efectos de la crisis sobre las hipotecas están teniendo su máximo exponente en las familias inmigrantes que han firmado contratos de vivienda en los últimos años. Son el colectivo más vulnerable y el embargo de casas está proliferando ante el aumento de los impagos. Los afectados denuncian haber sufrido 'engaños' de las entidades bancarias y que sus acuerdos incluyen 'condiciones abusivas'.

Ante esta situación, el papel mediador de las ONG está siendo fundamental. Una de ellas, América-España Solidaridad y Cooperación (AESCO), presentó ayer 1.100 solicitudes de dación en forma de pago, reducción de intereses y aplazamiento de cuotas ante la sede social de Caja Madrid. 'El 80% de los 10.600 contratos que asesoramos se firmaron con esta entidad y, si no les busca una salida, la caja puede quebrar', afirmó el abogado de AESCO Gustavo Fajardo.

Pero este tinte alarmista no solo empapa a los propietarios, sino también a las entidades. El presidente de la Confederación de Cajas (CECA), Juan Ramón Quintás, reclamó el pasado martes en el Congreso más ayudas del Gobierno a las Cajas, ante una situación que calificó de 'dramática'.

'El 50% de las personas que nos piden ayuda tiene los mismos ingresos que cuando firmó el contrato, pero no pueden asumir las nuevas cuotas', explica Fajardo. El 60% son de origen inmigrante, pese a que los extranjeros solo representan el 11% de la población.

Además, las ONG denuncian la venta de pólizas de seguros que los contratantes no han podido cobrar por no tener contratos indefinidos. 'Las aseguradoras les cobraban una media de 2.500 o 3.000 euros y les decían que, cuando se quedasen en paro, la empresa se haría cargo de su hipoteca. Hacían la vista gorda ante la falta de contratos, pero el engaño se destapaba cuando quedaban desempleados', denuncia Juan Pedro Rodríguez, coordinador adjunto de la Plataforma Unión de Propietarios de Viviendas Impagables.