El pasado 1 de enero expiró el plazo para el regreso de una parte de los residuos atómicos de alta actividad (los más peligrosos) que se custodian desde hace décadas en Sellafield (Reino Unido) y que proceden del reprocesamiento del combustible que utilizó la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) en los años setenta. Según Enresa, la empresa pública que gestiona los residuos, son unos “pocos kilos” de uranio altamente radiactivo que debían haber vuelto ya a España, según el contrato firmado por Nuclenor, gestora de Garoña, y British Nuclear Fuels (BNFL), compañía que los custodia.

Sin embargo, la parte española ha logrado un aplazamiento de ese regreso y, según el Ministerio de Industria, se negocia que Inglaterra se quede el uranio de forma definitiva ya que en otros países ese material puede reutilizarse. En España, como recuerda el físico nuclear Manuel Ordóñez, esa opción es ilegal porque la utilización del combustible se rige por el llamado ciclo abierto (no se puede reciclar).

Sellafield también custodia el combustible gastado por la central de Zorita (Guadalajara) antes de 1983, “cuyo contrato no contempla retorno alguno de residuos”, según Enresa. BNL también almacena “pequeñas cantidades” de plutonio procedente del reprocesado de combustible de Garoña, que debe regresar en 2011. La cantidad total de material es secreta, aunque son menos de 100 kilos. Mantenerlo en Reino Unido cuesta de 200.000 a 300.000 euros al año, una cantidad que abonan los usuarios través de un porcentaje de la tarifa de la luz (la gestión de la basura generada a partir de 2005 la pagan las eléctricas).

El aplazamiento del regreso de esa basura tóxica supone un alivio porque la construcción de un almacén para guardarla en España sigue paralizada. A la espera de esa instalación, la mayoría de los residuos nucleares españoles están en las piscinas de las centrales, aunque una parte se custodia en el extranjero. El grueso no está en Inglaterra, sino en Francia, donde la entidad pública Cogema gestiona el combustible de la central Vandellós I, cerrada tras un incendio en 1989.

Son trece metros cúbicos de residuos de alta actividad y otros 666 metros cúbicos de desechos de media actividad que tienen que volver a España antes del 31 de diciembre de 2010. A partir de esa fecha, Cogema cobrará a España una multa que a diciembre de 2005 (último dato facilitado por Enresa), era de 58.847 euros diarios, es decir, 21,4 millones al año. La cifra final será aún mayor, ya que la multa se actualiza periódicamente.

El Gobierno tiene pendiente abrir la recepción de candidaturas de pueblos que deseen albergar el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares de alta actividad. El trámite, parado desde 2006, podría arrancar en junio, tras las elecciones europeas, sin citas con las urnas hasta 2011 y tras conocerse el informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) sobre Garoña, cuya licencia expira.

Cualquier pueblo puede postularse, pero los que ya tienen centrales aparecen como candidatos a albergar el ATC, que custodiaría los residuos por unos 60 años. Para entonces, debería haber una solución contra su peligrosidad.

El tiempo apremia. Construir el ATC (inicialmente previsto para 2010) lleva, al menos, cuatro años. Como pronto y si el proceso es democrático, como prometió el Gobierno, no funcionará hasta 2014.

La asociación AMAC, que aglutina a más de 70 pueblos próximos a instalaciones atómicas, se interesó por el proyecto en la fase preliminar. Gabriel Ruiz, alcalde de Almonacid de Zorita, la única localidad española que ha visto cómo se cierra una central en España, cree “lamentable” que aún no se haya tomado una decisión y se queja de la ausencia de campañas de información sobre el asunto.