Este artículo se publicó hace 8 años.
Temer emprenderá privatizaciones masivas y recortes sociales en Brasil en cuanto terminen los Juegos
El presidente interino espera al final de los Juegos para anunciar su plan de privatizaciones y recortes. Así se lo hizo saber a empresarios y senadores con los que se reunió la última semana. Las acusaciones de corrupción contra el mandatario y contra su ministro de Exteriores, José Serra, han pasado a un segundo plano por el evento olímpico.
Agnese Marra
-Actualizado a
RÍO DE JANEIRO (BRASIL).- Michel Temer no va a asistir a la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de este domingo. Los abucheos que recibió la noche de la inauguración en Maracaná han hecho que desechara la idea de volver al mismo lugar: “Sería un desgaste innecesario”, dicen sus aliados en Brasilia. Las manifestaciones en su contra tanto en las sedes olímpicas como en las calles de Río de Janeiro, provocaron que el presidente en funciones decidiera pasar las últimas semanas lo más desapercibido posible.
Mientras en Río de Janeiro los brasileños se jugaban las medallas, en Brasilia el mandatario interino acumulaba reuniones en el Palacio de Jauburu con senadores y empresarios. Con los primeros controlaba los últimos detalles del proceso de impeachment contra Dilma Rousseff. Unas semanas antes Temer le había pedido al presidente del Senado, Renan Calheiros, que adelantara el juicio político en cuanto terminaran los Juegos Olímpicos. Le hicieron caso y acortaron los tiempos una semana, de modo que tres días después del cierre de los Juegos se retomará la etapa final del juicio contra Rousseff.
El 25 de agosto también es la fecha que Temer dio a los empresarios para anunciar la lista de privatizaciones que prepara para el país. Su primera orden tras jurar el cargo como presidente interino fue clara: “Señores, a privatizar todo lo que se pueda. No tenemos prejuicios”, dijo a su nuevo equipo. En un discurso el pasado mes de julio le regaló los oídos a 1.200 empresarios del negocio agrario: “Tener lucro no es un pecado”, soltó en su primera frase.
El Plan Temer pretende recaudar 10 billones de euros entre las privatizaciones, concesiones y asociaciones público-privadas
El Plan Temer pretende recaudar 10 billones de euros entre las privatizaciones, concesiones y asociaciones público-privadas. El sector de transportes y el energético serán las prioridades. La privatización del aeropuerto de Congonhas en São Paulo, y el Santos Dumont en Río de Janeiro, está prácticamente cerrada. El propio Temer dijo que ambos negocios junto a las concesiones de otros cuatro aeropuertos podrían dar al Gobierno más de tres billones de euros en los próximos veinte años. Los puertos (especialmente los del Norte del país), los trenes y estaciones de autobuses también están entre los valores en venta.
Algunos de los sectores se venderán por partes y otros de forma completa, tanto a empresas nacionales como a extranjeras, la española Ferrovial es una de las interesadas. En el ámbito energético, las hidroeléctricas que dan beneficios millonarios a las arcas del estado, serán las primeras en privatizar. La estatal Eletrobrás ha anunciado que al menos 174 de sus pequeñas empresas asociadas pasarán a pertenecer al sector privado.
Las hidroeléctricas que dan beneficios millonarios a las arcas del estado serán las primeras en privatizar
Petrobrás, la joya de la corona de Brasil, donde también se gestó el mayor escándalo de corrupción del país, es la gran incógnita. Desde hace un año hay una propuesta de ley en el Congreso que pide el cambio del régimen de concesión de la petrolera para limitar el control del estado y abrirse a los inversores extranjeros. Temer asegura que no está en sus planes venderla completamente, pero sí de manera parcial. Las condiciones se siguen negociando.
Los estados más endeudados del país también han optado por poner a la venta sus activos. Río de Janeiro ya ha confirmado que privatizará la empresa CEDAE de alcantarillado, y otros candidatos tiene que ver con el sector del gas, la luz, e incluso bancos. Río Grande del Sur, Pará y São Paulo también analizan qué poner en venta. La revista Dinero decía hace una semana que era “lógico” que el mundo empresarial estuviera “encantado con el cambio”: “Él sí que tiene voluntad de negociar y privatizar”.
La otra fórmula del casi garantizado nuvo gobierno es la de los recortes sociales. La propuesta de ley PEC 241 que se aprobaría si Dilma fuera aparatda definitivamente, supone que los gastos en áreas primarias como Educación o Sanidad sólo puedan ser reajustados en relación a la inflación del año anterior. Según la economista y profesora de la Universidad de Campinas, Laura Carvalho, si esta ley hubiera estado en vigor en 2015, y otros gastos no sufrieran la reducción real, “los presupuestos en sanidad se habrían reducido este año un 32% y los de Educación, un 70%”.
Otro de las reformas que atacan directamente a las clases más populares es la del aumento de la edad de jubilación de 65 a 70 años: “Si la gente más pobre empieza a trabajar a los 14 años cómo les vas a hacer algo así, a los 70 están destruidos o muertos”, dice Edson Silveira, de la asociación de vecinos de la comunidad de Nueva Holanda, en Rio de Janeiro.
Todavía no se sabe qué sucederá en relación a la Bolsa Familia, la ley que sacó a más de treinta millones de brasileños de la pobreza y que se considera una bandera ya histórica del Partido de los Trabajadores
Los trabajadores también van a sentir los cambios en las leyes laborales, porque si siguen adelante los planes del ministro de Trabajo, Ronaldo Nogueira, en la negociación de los contratos primará lo acordado con la empresa y no lo estipulado por el convenio colectivo. Eso para los que todavía tengan relación con los sindicatos porque la aprobación de la ley de terciarización laboral que quiere implantar Nogueira les permite a las empresas terciarizar sus servicios incluso para su actividad principal: “Es un verdadero atentado a los derechos de los trabajadores porque al ser subcontrados no van a tener quién les defienda”, decía el secretario del Departamento Intersindical de Asesoría Parlamentaria, Antonio Augusto de Queiroz.
Todavía no se sabe qué sucederá en relación a la Bolsa Familia, la ley que sacó a más de treinta millones de brasileños de la pobreza y que se considera una bandera ya histórica del Partido de los Trabajadores (PT). A pesar de que en su primer mes de gobierno interino Temer aumentó un 12,5% la cuota de los beneficiarios, el ministro de Economía, Henrique Meirelles, ha declarado en varias ocasiones sobre la necesidad de “reformular” esta ayuda.
La atención mediática sobre los Juegos Olímpicos le ha valido a Temer para negociar en Brasilia tranquilo y para que las acusaciones de corrupción contra él y su minsitro de Exteriores, José Serra, pasaran desapercibidas. El pasado domingo el ex director de la constructora Oderbrecht, preso dentro de la operación Lava Jato por corrupción en el escándalo de Petrobrás, confesó que su empresa había había donado en negro un total de 3,5 millones de euros al partido de Temer (PMDB) por orden expresa del presidente interino.
En el caso de José Serra se habla de donaciones ilegales que alcanzarían los 8 millones de euros, para su campaña presidencial de 2010. Tanto el ministro como el mandatario negaron las acusaciones y aseguraron que era dinero “limpio” que correspondía a la financiación habitual de las campañas electorales.
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