Sufrieron la represión del régimen dictatorial de Francisco Franco. Lorca fue fusilado, Alberti tuvo que exiliarse, primero en Francia y, después en Argentina, mientras que Miguel Hernández murió enfermo en una cárcel de Alicante. Sus escritos fueron silenciados durante largos años y su categoría intelectual fue ninguneada. Debieron pasar cuarenta largos años para que su generación, la del 27, fuera reconocida como una de las más importantes de la historia de la literatura española. Ahora, la sombra del silencio vuelve a amenazar su memoria. La crisis económica, la mala gestión y diversos litigios entre partidos políticos y herederos amenazan la conservación y difusión de sus legados culturales.

La voz de alarma la dio Miguel Hernández. El Ayuntamiento de Elche rescindió de manera unilateral el convenio que unía su memoria a la ciudad ilicitana. El consistorio alegó que no podía aportar 150.000 euros anuales durante 20 años , suscritos en el convenio para el estudio y difusión de su obra y para satisfacer los derechos de autor a los herederos del poeta. La familia niega que el motivo sea económico y denuncia un acoso ideológico a la figura del poeta, pero lo cierto es que en tiempos de crisis son pocas las voces que se alzan en defensa de la cultura.

La austeridad no tiene piedad de una parte fundamental de la identidad de la lengua

La austeridad azota y los ajustes no tienen piedad. Las largas cuentas de números y balances no se paran a valorar la viabilidad de una parte fundamental de la memoria y de la identidad de la lengua. “La pérdida de cualquier legado o su no uso es un atentado a la cultura. Si no somos capaces de valorar la importancia de los legados culturales de la generación del 27 u otras generaciones y crear espacios de especial atención para ellos es que, como país, somos un desastre”, valora a Público José Carlos Rovira, catedrático de Literatura Hispanoamericana en la Universidad de Alicante.

El centro de Federico García Lorca ejemplifica en un solo caso todos los ejemplos de mala gestión administrativa. En el año 2004 se cerró el acuerdo para trasladar a Granada los valiosos fondos de la Fundación García Lorca, con sede en Madrid, pero todo han sido problemas. 'Nunca pensamos que fuera un sueño tan difícil de alcanzar' , afirmó a Público Laura García Lorca, sobrina del poeta. En 2007 se constituyó un Consorcio formado por el Gobierno central, la Junta de Andalucía, la Diputación provincial de Granada y el ayuntamiento, encargado de su gestión, y se comenzó la construcción de un vanguardista edificio situado en la Plaza de la Romanilla (Granada) que debía albergar su legado, formado, entre otros documentos, por más 5.000 manuscritos del poeta y 50 dibujos de pintores como Salvador Dalí o Ismael de la Serna.

El museo debió ser inaugurado en 2009 pero no ha sido finalizado y, lo peor de todo, aún no tiene fecha de apertura. El edificio está al 96% de ejecución y tan sólo hacen falta unos meses para su finalización. Sin embargo, las obras llevan más de un año paradas. El centro sí dispone de 4,5 millones de euros procedentes del Espacio Económico Europeo para el mobiliario y la programación, pero, curiosamente, no tiene fondos para finalizar las obras.

Por el camino han quedado ejemplos de una gestión pésima que sirven como ideal de mala planificación durante los tiempos de bonanza. Primero se perdió parte de la subvención de 14 millones de euros europeos porque no se consumieron en el periodo establecido y, después, se disparó el presupuesto de 18 millones a 22,5. La última acción se produjo el julio pasado. El Consorcio acordó solicitar un crédito hipotecario a cargo de las administraciones implicadas para hacer frente a los 4,5 millones de sobrecoste. Según ese acuerdo, Gobierno, Junta y Ayuntamiento asumirían el 30% del préstamo y la Diputación el 10%. No se ha vuelto a saber nada desde entonces y la memoria de Lorca sigue esperando a que Granada repare su larga cadena de injusticias .

El centro de Lorca debió ser inaugurado en 2009 pero aún no tiene fecha de apertura

El legado del poeta Rafael Alberti no corre mejor suerte. La fundación que lleva su nombre anunció su disolución en octubre de 2010 tras la renuncia a la presidencia de María Asunción Mateos, viuda de Alberti, quien alegó el derecho al descanso. En ese momento se anunció la futura creación de un Patronato que cuente con la Junta de Andalucía, los ayuntamientos de Cádiz y El Puerto de Santa María, la Diputación, el Ministerio de Cultura e instituciones privadas.

Casi dos años después aún no se ha culminado esta disolución. El Ayuntamiento encargó a un interventor que elaborara un informe económico y otro jurídico que validara la legalidad de esta disolución y aclare las cuentas de la Fundación. El jurídico llegó pero el económico aún no ha sido realizado por el interventor. “Una vez se disuelva la Fundación comenzaremos a trabajar para la creación del Patronato. Hemos mantenido conversaciones informales con todas las partes y hay buena disposición”, aclara a Público Millán Alegre, concejal de Cultura de El Puerto de Santa María y vicepresidente primero de la Fundación.

Mientras se prolonga esta situación de espera, el Ayuntamiento de El Puerto se encarga de mantener abierto el museo Rafael Alberti con un presupuesto de guerra. El resto de instituciones se “retiraron tras el anuncio de disolución”, señala el edil. “El gasto en el museo es el mínimo durante este tiempo. Los gastos de personal, los impuestos y el coste de las actividades que realizamos aunque intentamos que estas sean de coste cero”, reconoce Alegre.

La actual situación, sin embargo, no puede prolongarse más en el tiempo. El museo Rafael Alberti dispone de fondos para lo que queda de año y el futuro se plantea como un gran interrogante. “Aún no está claro qué sucederá el año que viene, pero si se mantiene como está tendremos problemas para mantener nuestras actividades”, reconoce Enrique Pérez, secretario de la Fundación. El concejal de cultura señala como fecha clave la llegada del otoño. “Esperamos que el interventor tenga su informe realizado tras el verano y esta situación se resuelva lo más rápido posible”, concluye Alegre.

Los problemas económicos para difundir la obra de los principales poetas de la Generación del 27 y los ejemplos de mala gestión institucional son extrapolables a la situación de muchos otros poetas y artistas del pasado reciente. Así, recientemente se ha imputado a la viuda de Camilo José Cela por presuntas irregularidades en la gestión de fondos públicos en la fundación que lleva el nombre del escritor o el caso del legado de Vicente Aleixandre, que continúa en una tormenta judicial e institucional para ver quién posee los derechos de la memoria del premio Nobel y donde se instalan.

“La solución para salir de la crisis económica no pasa por recortar en cultura o patrimonio. Precisamente, si seguimos por este camino no sólo seguiremos en una quiebra económica sino que nos hundiremos en una crisis moral y de valores”, sentencia el catedrático José Carlos Rovira.