"Me llamaron y me dijeron que iban a bajar a mi madre al sótano -1, que era donde dejaban a todos los enfermos que no tenían solución". Es uno de los testimonios sobrecogedores que recoge la película 7291, que se estrenará el 13 de noviembre en los cines Verdi de Madrid y tendrá una proyección para los suscriptores de Público el 4 de diciembre en dichos cines.

"A mi padre lo mataron. Le dieron paliativos antes de conocer el resultado de las pruebas de covid que le habían hecho", afirma otra de las familiares que aparece en este documental, dirigido y producido por un cineasta independiente madrileño, Juanjo Castro.

Su título no es solo un número, son 7.291 hombres y mujeres de carne y hueso a los que se negó atención hospitalaria y murieron, en muchos casos, solos y desatendidos, en las residencias de ancianos de la Comunidad de Madrid durante los dos primeros meses de la pandemia, entre marzo y abril de 2020.

Sintetizar la tragedia

Vida, salud y no discriminación fueron derechos humanos fundamentales que se le pisotearon entonces a esas personas, que murieron sin saber qué estaba pasando ni qué habían hecho para merecerlo.

"He intentado sintetizar algo muy complejo, que tiene muchas aristas y que es muy controvertido desde el punto de vista político", señalaba Castro este miércoles en el Ateneo de Madrid, en la presentación a la prensa de su película.

"Como ciudadanos en una sociedad democrática, tenemos que responsabilizar a los políticos de sus actos y sus decisiones. Unas nuevas elecciones no pueden borrar una mala decisión", añadía.

Protocolo de exclusión

Se refiere al fatídico protocolo de actuación en las residencias emitido por la Dirección de Coordinación Socio-Sanitaria de la Comunidad de Madrid el día 21 de marzo. El documento contenía unos criterios de exclusión, por los que los mayores con cierto grado de dependencia o discapacidad no debían ser derivados a un hospital en caso de contraer covid.

"Esto no tenía sentido, porque la mayoría de las personas de una residencia entrarían en esta categoría", comenta en la cinta Alberto Reyero, el que fuera Consejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid y denunciara en su día que dichos protocolos "no eran éticos y posiblemente no fueran legales", también autor del libro Morirán de forma indigna.

Pero ni siquiera los que no eran dependientes se libraron. En la práctica, la consigna de no derivación se aplicó en bloque a todos los residentes que había en los centros de la Comunidad de Madrid, de forma automática. A los ancianos que vivían en residencias se les negó su derecho a la asistencia sanitaria, algo que no pasó con los que vivían en sus domicilios.

Lidia Sánchez, directora de una residencia madrileña, recordaba ante la comisión de Investigación de la Asamblea de Madrid cómo desde el 13 al 31 de marzo no pudo enviar a nadie al hospital porque, cuando lo intentaba, en el servicio de geriatría del hospital lo rechazaban. ¿Hubo personas que si se hubieran podido derivar no habrían muerto en la residencia? "Sin lugar a dudas", responde.

La cinta retrata cómo el máximo responsable de este protocolo, Carlos Mur, no se cansó de alegar que no era de obligado cumplimiento, sino "solo recomendaciones técnicas". Sin embargo, fue acatado como una orden por las residencias.

Quizá, por eso, en la Comunidad de Madrid falleció un porcentaje de ancianos el doble de alto que en la siguiente comunidad más poblada de España, Catalunya. Uno de cada cinco mayores en las residencias de Madrid no sobrevivieron al confinamiento.

El terror en sus caras

Pero las residencias no eran ese refugio protector que algunos querían hacer creer. No había personal –más del 50% llegó a estar de baja–, no había recursos y había una gran descoordinación entre el área de atención primaria, servicios sociales y los centros de mayores, explica el periodista Manuel Rico en el documental.

"Se podía ver el terror en su cara", confiesa otra de las trabajadoras de residencias, refiriéndose a los ancianos. "Tosían por lo bajini, tenían terror porque sabían que si tosían se los llevaban no sabían dónde ni para qué".

El documental cuenta la tragedia en varios actos, con testimonios de los políticos implicados en aquellos momentos, de trabajadoras y directoras de residencias y, sobre todo, de los familiares que siguen luchando porque se reconozca la injusticia que segó la vida de sus padres.

Suyas son las historias más desgarradoras de esta cinta, que nos recuerdan el drama humano que hay detrás de los errores políticos. A partir del 9 de marzo de 2020, muchos familiares comienzan a entrar en pánico cuando se les prohíbe la entrada a la residencia para ver a sus mayores.

"No nos cogen el teléfono"

"Tenemos cero información por parte de la residencia. No nos cogen las llamadas", recuerda la hija de uno de los fallecidos. Otra denuncia "la desinformación y las mentiras": "Nos dijeron que todo estaba muy bien, que no teníamos de qué preocuparnos. Hasta que la trabajadora que nos daba la información se desmoronó un día y reconoció que había muchos afectados y que ya había seis muertos". Estábamos a principios de marzo de 2020 nada más.

Cuando las familias empiezan a ser informadas de que sus mayores estaban graves y pedían que los llevaran al hospital, llegó el siguiente golpe. "Nos decían que no era posible, que no había ambulancias, que solo podía darles tratamiento paliativo".

Entonces, llegó la orden de aislar a los posibles contagiados en sus habitaciones. "Algunos no tenían ni mesa para comer. No se podía atender a todos. Es muy difícil contener a una persona con Alzheimer encerrada. Encima, [los trabajadores] íbamos disfrazados con bolsas de basura, parecíamos marcianas. Los ancianos no sabían qué pasaba, veían cómo se llevaban a sus compañeros de cuarto", recuerda una de las auxiliares de una residencia.

"Yo he llegado a dejar una comida un día y, al volver a mi turno al día siguiente, pasar por la misma habitación y encontrarme la misma comida donde estaba, sin tocar", reconoce.

Una injusticia que exige reparación

"He intentado dar voz a la gente", comentaba este miércoles Castro de su documental. "Quería dar la información sin sesgo, de la forma más objetiva posible", explica. Para ello, se sirve de las declaraciones de los actores implicados ante la Comisión de Investigación de la Asamblea de Madrid y la Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias de Madrid.

"Hay que ver qué es lo que pasó e intentar solucionarlo en el futuro. Lamentablemente, esto no es así, seguimos igual. No se están tomando medidas para solucionar esta problemática en las residencias". Hoy por hoy, el gasto de España en dotar de recursos a las residencias públicas sigue estando muy por debajo de la media europea.