Poco después de que la Guardia Civil entrase, hace hoy una semana, en el Palacio de Longoria, sede de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), el Gobierno alzaba un escudo contra posibles acusaciones de no haber cumplido con su deber de vigilancia. Un escudo forjado en 1997 por el Tribunal Constitucional, que reconoció en una sentencia entonces (en respuesta a demandas del País Vasco y la Generalitat de Catalunya) competencias autonómicas en materia de propiedad intelectual que, según el Ejecutivo, le eximían de la responsabilidad de vigilar.

Pero el escudo, exhibido primero por el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, y ayer por la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, tiene un agujero que se ve desde el Boletín Oficial del Estado (BOE). Un día antes de la intervención de la Guardia Civil, que incluyó la detención de directivos de SGAE por el presunto desvío de fondos de la gestora, el BOE recogía el traspaso al País Vasco de toda una serie de competencias. Habían sido acordadas por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero con el PNV para sacar adelante en el Congreso la normativa sobre negociación colectiva, que figura en ese mismo BOE.

La cesión figuraen el BOE del 30 de junio y sólo al País Vasco

Entre ellas, se encuentra 'la ampliación de servicios de la Administración General del Estado traspasados al País Vasco (...) en materia de ejecución de la legislación sobre propiedad intelectual'. ¿En qué consisten esos nuevos traspasos? Entre otras funciones, el 'control de todas las entidades de gestión que operen en la comunidad. Ello incluye la fiscalización de documentación contable, de declaraciones-liquidaciones anuales y de la relación de pagos efectuados'.

También se traspasa 'la vigilancia sobre el cumplimiento de las obligaciones y requisitos establecidos en la normativa estatal de todas las entidades' y 'la obligación de administrar los derechos, las características de los contratos, el reparto y la función social'.

El País Vasco es ahora la autonomía con mayores competencias en este campo, ya que, como figura en la web de Cultura, otras diez CCAA tienen transferida una única competencia: llevar el registro de obras de su región.

El Estado transfiere 1,41 millones que dice se gastaba en el control

'Recordemos la sentencia por la que el Tribunal Constitucional arrebató las competencias sobre el control e inspección de las entidades de gestión al Estado para transferirlas a las CCAA', indicó sin embargo ayer Sinde.

Pero es ahora cuando 'la comisión mixta' necesaria ha estudiado el acuerdo (el 22 de junio), ahora cuando se ha aprobado el real decreto que hace efectivo el traspaso (RD 896/2011) y ahora cuando se han aprobado fondos que serán transferidos al País Vasco para que cumpla con sus nuevas funciones: 1,41 millones de euros que la AdministraciónGeneral del Estado asegura que se gastaba anualmente para estos fines.